El citado decreto de Plácido Conde-Pumpido Tourón, de fecha 18 de mayo pasado, efectivamente, atribuye competencias para intervenir a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en las diligencias indeterminadas 1/2010 del TSJRM, cuyo objeto son hechos presuntamente constitutivos de delitos de prevaricación y otros contra la Administración Pública, supuestamente cometidos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Murcia, al resultar coincidentes, objetiva y subjetivamente, con los que fueron ya objeto de las diligencias de investigación 2/2007 de esta Fiscalía y que fueron finalmente archivadas el 9 de julio de 2008 "al no quedar suficientemente acreditada la comisión de los delitos contra la administración pública denunciados".
Esas diligencias de investigación del año 2007 citadas en el decreto del fiscal general eran consecuencia de una denuncia por la que se incoan otras anteriores, las 181/2006 de la Fiscalía Superior del TSJRM, presentada por la Asociación de Agricultores Afectados por la Concentración Parcelaria de los sectores II y IV del Campo de Cartagena, aunque Conde-Pumpido también atribuyó competencia para investigar los hechos a la Fiscalía Especial con fecha 7 de febrero de 2007.
Justifica el fiscal general del Estado en su decreto este proceder suyo por la acreditación de posibles delitos y la apreciación de la concurrencia del requisito de especial trascendencia, integrada por la condición de altos cargos de las personas contra las que se dirige la denuncia.
El pasado 1 de junio el Fiscal Superior del TSJRM, López Bernal, reenvía este decreto a la Sala de Lo Civil y Penal, integrada por los magistrados Martínez Moya, Pérez-Templado y Quiñonero, Cervantes que, a su vez, lo notifica el pasado jueves 10 de junio a los denunciantes mediante una providencia dictada el pasado día 2.
Según esa providencia, se pasan los autos al magistrado ponente con las diligencias practicadas por dicha Sala desde el pasado 31 de marzo hasta la fecha así como un escrito de 31 de mayo último, suscrito por la procuradora Cruz Fernández.