viernes, 16 de marzo de 2007

El gobierno de Valcárcel desoye los informes jurídicos y administrativos que respaldan la creación de la provincia de Cartagena


CARTAGENA.- Poco menos de un año después de que el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, anunciara la apertura de un «debate sereno» sobre la propuesta lanzada en el VIII Congreso de COEC por el presidente de los empresarios cartageneros, Diego Illán, sobre la conveniencia de crear más provincias en la Región, el consejero De la Cierva echó un jarro de agua fría en estas expectativas.

Para el presidente de la COEC, el debate debe de concretarse debido a que cada día hay más conciencia de los beneficios que reportaría la creación de una nueva provincia “el crecimiento demográfico de esta región va a subir hasta el periodo 2015, en más de un 70%, por lo tanto tenemos que empezar a plantearnos la propuesta”.

Por su parte la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que fue la encargada de inaugurar el Congreso, considera positiva la iniciativa de los empresarios de debatir sobre la creación de una segunda provincia y aseguró que la realidad económica de la ciudad ha cambiado mucho en los últimos ocho años “me parece perfecto que los empresarios se ocupen de debatir sobre esta cuestión con tranquilidad y prudencia, esto demuestra que otros problemas estructurales que venía siendo demandados ya han quedado resueltos” y agregó que “Cartagena avanza hacia un nuevo modelo económico basado en el comercio”.

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, aseguró que la creación de una segunda provincia, afecta a la totalidad de la Región, por lo que hay que escuchar a toda la Comunidad.

Por otro lado, Blanca Soro, vicedecana de Derecho de la Universidad de Murcia, considera que la creación de una segunda provincia no sólo es posible sino que además puede generar ventajas para los ciudadanos de la Región.

Soro, precisó que la creación de una nueva provincia dependerá en primer lugar de la voluntad política de la Comunidad Autónoma, y en segundo lugar del Estado, ya que debe ser aprobada mediante ley orgánica.

En ningún momento De la Cierva dijo un no tajante a la posibilidad de la creación de la provincia, aunque sí cuestionó desde la modalidad de unión entre municipios hasta la forma de creación de dicha provincia o las competencias que ésta podría tener. Comentó el consejero que está pendiente la segunda descentralización, es decir, de las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos, «no para las provincias».

De hecho, comentó que, en el actual grado de transferencias de competencias, quedan pocas funciones estatales que transferir a las provincias. Por tanto, sólo quedaría que éstas asuman algunas competencias de la Comunidad Autónoma, que habría que negociar con ésta. Y en esta línea de razonamiento, indicó que «hay que ver, así, cuál es el papel de las diputaciones provinciales. ¿Qué competencias tiene la provincia? ¿Las que deja el Estado o las que deja la Comunidad Autónoma? Yo no quiero esto para Cartagena».

El consejero de Presidencia dijo que, como cartagenero, no quiere una Diputación provincial sin competencias definidas

Quizá la provincia no sea la mejor forma de que Cartagena consiga mayores cotas de bienestar y desarrollo. Así lo puso de manifiesto durante el Congreso de COEC el consejero de Presidencia, De la Cierva, quien se mostró más favorable a acometer la segunda descentralización o, lo que es lo mismo, a reforzar las competencias municipales.

La intervención del consejero de Presidencia cayó como un jarro de agua fría sobre el auditorio. Aunque De la Cierva no arremetió directamente contra la opción provincialista, sí se mostró tibio en sus valoraciones. "La figura descentralizadora habrá de elegirse en función de los objetivos que persigamos", señaló el consejero, quien subrayó que si lo que se busca es colmar únicamente los sentimientos de los cartageneros, "entonces la opción sí sería la provincia".

"Si de lo que hablamos es de mejorar la prestación de servicios, entonces habremos de pensar si la provincia es el escenario adecuado", añadió.

Tras hacer referencia a otras formas de división territorial, como las comarcas o las mancomunidades, De la Cierva aseguró que las competencias de las diputaciones provinciales "son las que concedan el Estado y las Comunidades Autónomas. Con este modelo, a mí me falta algo. Como cartagenero, no quiero una provincia así", manifestó el consejero de Presidencia, quien expresó también sus dudas de que los ayuntamientos que formaran parte de la hipotética comarca "cedieran competencias como las de Urbanismo, que suponen su principal fuente de ingresos".

Fernando de la Cierva hizo estos comentarios tras las intervenciones de Blanca Soro Mateo, profesora de Derecho Administrativo y vicedecana de la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que consideró posible, «incluso conveniente, aunque con competencias reales», la creación de la provincia de Cartagena, como también Luis Gálvez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional de la misma Facultad.

Ambos destacaron las ventajas e inconvenientes de la creación de nuevas provincias aunque también fijaron la atención, de forma mayoritaria, en el aspecto político, es decir, la voluntad de los partidos políticos por sacar este tema adelante, dado que el resto de los inconvenientes se pueden resolver.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y la Cámara de Comercio, defendieron la creación de una segunda provincia en la Región. El vicepresidente de COEC, Javier Gómez Vizcaíno, como coordinador de la ponencia ‘La provincia en el contexto jurídico del siglo XXI’, aseguró que el 70% de los cartageneros “creen que la provincia es buena para Cartagena y para la Región”, mientras que Ginés Huertas, vicepresidente de la Cámara, subrayó que la biprovincialidad “le conviene a Murcia”.

Ambos dirigentes empresariales hicieron un llamamiento a la decisión y la “valentía política” para llevar a cabo un proyecto que, según apuntó el propio consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, “se ha planteado en el momento oportuno”, ya que la Asamblea se halla inmersa en pleno debate para la Reforma del Estatuto de Autonomía. Gómez Vizcaíno apuntó que las comunidades uniprovinciales “pierden mucho peso específico” y así citó “la cuestión del agua”, que en una comunidad con más provincias, según dijo, se hubiera podido defender con más fuerza.

Gómez Vizcaíno, tras citar “la deuda histórica con Cartagena que viene del siglo pasado”, se congratuló de que la federación vecinal FAVCAC formalizara su apoyo, representando a más de 50.000 ciudadanos, a la plataforma por la biprovincialidad. Como consecuencia, el vicepresidente de COEC apeló “al corazón de los políticos para que tiendan la mano” a la reivindicación de los colectivos que aspiran a la provincia.

Huertas, quien hizo referencias al “pragmatismo” empresarial, manifestó que la provincia “nunca debe plantearse en términos de ir en contra de algo”. Así, el empresario subrayó: “Sólo unidos todos podremos pelear en un marco presidido por la solidaridad”. No obstante, el vicepresidente de la Cámara recordó que en 25 años no se ha desarrollado la comarcalización, de ahí que pidiera a los políticos que “alcancen un mínimo de consenso”.

De la Cierva señaló que si lo que buscan los partidarios de la provincia es la prestación de mayores servicios, “deberían ponderar si quieren desarrollar la idea de comarca”. Asimismo, se preguntó “por dónde iría la linde” para expresar sus dudas al respecto de la homogeneidad de la hipotética provincia y dijo que el proceso debería ir “de abajo arriba, con el mayor consenso”. Esto es, partiendo de unos municipios, ninguno de cuyos ayuntamientos, admitirían, según apuntó, transferir sus competencias de urbanismo a la provincia.

La Guardia Civil se apresta a partir del martes a acabar con la delincuencia de "cuello blanco" y la gran corrupción política en la Región de Murcia


MURCIA.- La Comandancia de la Guardia Civil de Murcia cuenta ya con un equipo para la lucha contra la Delincuencia Urbanística, formado por tres agentes especializados, y que se dedicará a la investigación de las infracciones penales relacionadas con el desarrollo urbanístico y su impacto en el medio ambiente.

A partir del martes 20 de marzo la Benemérita se apresta a acabar con la delincuencia de "cuello blanco" y la gran corrupción político-administrativa desatada en torno al gobierno autónomo y algunos ayuntamientos del litoral, a tenor de las primeras actuaciones visibles de la Fiscalía del TSJ y las denuncias pendientes de resolver en su plazo legal tras las laboriosas investigaciones en marcha, como "Lo Poyo" o "Novo Carthago". Se especula también conque una presunta corrupción financiera podría estar siendo desarrollada en torno a determinadas actividades sospechosas de "Caja Murcia" relacionadas con la delincuencia urbanística desatada.

Este equipo se integra dentro del nuevo grupo, de casi 200 especialistas de la Benemérita a nivel nacional, que presentó el pasado lunes en Madrid el director General de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mezquida.

El principal objetivo que el Ministerio del Interior y la Guardia Civil persigue con la creación de estas unidades operativas es establecer un sistema de prevención de infracciones urbanísticas, mediante una política de inspecciones, que permitirá detectar y perseguir los delitos en este ámbito, así como la investigación de tramas societarias y de corrupción.

Estas unidades de investigación contarán con un total de 194 efectivos en todo el país, especialmente formados en materias relacionadas con la investigación financiera, el blanqueo de capitales y el urbanismo.

Un total de 162 guardias civiles, ya desplegados por las 54 comandancias existentes en todo el territorio nacional, constituirán los equipos --formados por tres agentes cada uno de ellos-- contra la Delincuencia Urbanística y estarán adscritos a las respectivas Unidades de Policía Judicial de dichas comandancias.

Otros 25 agentes forman parte del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con base en Madrid, que dará apoyo a las unidades provinciales cuando se les requiera y especialmente en investigaciones de mayor trascendencia.

Forman parte también de este despliegue los siete especialistas que se integraron en el Equipo de Inspección Central Medioambiental del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que se encargarán de las infracciones al medio ambiente en materias relacionadas con la ordenación del territorio.

Los tipos de investigaciones que llevarán a cabo los nuevos equipos se pueden clasificar en tres bloques. El primero de ellos el relativo a urbanismo y medio ambiente, en el que se abordarán los delitos contra la ordenación del territorio y los que se cometan contra el medio ambiente y, al mismo tiempo, estén relacionados con el desarrollo urbanístico.

Otro bloque es el relacionado con la corrupción en general, esto es, delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros; mientras que el tercer apartado incluye la delincuencia financiera, a través del blanqueo de capitales y delitos societarios.

Las Unidades contra los Delitos Urbanísticos trabajarán en colaboración con otras unidades y lo harán a iniciativa propia, a partir de una denuncia previa, o a requerimiento del Ministerio Fiscal o de las autoridades judiciales.

Asimismo, será necesario contar con la colaboración de otros departamentos y órganos de la Administración relacionados con la materia, como son la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de la Vivienda, con los que se están estableciendo contactos para la elaboración de los correspondientes protocolos de colaboración.-(Agencias)

El Gobierno de Zapatero aumenta un 210 % las inversiones del Estado en la Región de Murcia desde 2005 y el de Valcárcel las disminuye un 23%


MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Saura, ha confirmado hoy en rueda de prensa que “el Estado ha triplicado la inversión en Murcia con respecto a 2005, percibiendo un aumento del 210%”. Las más importantes han sido en agua, ferrocarril y carreteras. A la vez que ha criticado los resultados de la política del gobierno regional del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel.

Saura ha manifestado que “el dinamismo económico que tiene Murcia es gracias a las inversiones del Estado en nuestra región, tan positivas que Valcárcel debe paralizarlas para que no actúen en su contra y por una pura estrategia electoral”. La realidad es que la inversión de la comunidad murciana gobernada por el Partido Popular ha caído un 23% y objetivamente es el Estado el que ahora apuesta por Murcia.

Basándose en un informe estadístico elaborado por el PSOE, Saura presentó “datos oficiales de inversión en la Comunidad” que indican que la licitación oficial en construcción en la Región de Murcia “subió un 43 por ciento durante 2006, en relación al año anterior”. Así, la inversión pasó de 916 millones de euros a 1,3 millones de euros. El incremento se debió a las subidas de la Administración del Estado (que se multiplicó por tres) y en los ayuntamientos (75 por ciento), “que compensaron el descenso de las de la Comunidad Autónoma (-22,6 por ciento)”, comentó Saura.

Así, el secretario general de PSOE siguió diciendo que el Estado invirtió 556.000 euros en 2006 (210,5 por ciento más que en 2005), la Comunidad Autónoma alcanzó 425.665 euros (-22,6 por ciento) y 327.208 euros los ayuntamientos (74,9 por ciento más que en 2005).

Este incremento en las licitaciones de la Administración del Estado, justificó, hay que relacionarlo con las inversiones del programa AGUA, ya que de los 556.000 euros que alcanzó la inversión estatal, 403,4 millones de euros correspondieron a obras de abastecimiento de agua potable.

Otras inversiones estatales importantes del pasado año se destinaron a autopistas, calles y carreteras (58,3 millones de euros), saneamiento (31,5 millones de euros), obras de regadío (20,5 millones), presas y obras similares de los ríos (14,8 por ciento) y edificios (13,2 millones de euros), entre otros.

Para Saura, “al PP se le está acabando el argumento de que el Estado no invierte en la Región”, por lo que intenta “paralizar las inversiones del Estado” ya que, argumentó, “no les conviene electoralmente”, mientras otros trabajamos en Madrid por la Región de Murcia.

El candidato socialista a la presidencia ha señalado que “con estas inversiones del gobierno nacional, Murcia tendrá 400 hectómetros cúbicos más de agua, el AVE de Cartagena-Murcia-Madrid, los cinturones viarios de Cartagena y Murcia cerrados y el soterramiento del tren en Murcia, Cartagena y Lorca”.

Saura ha recordado que desde el PP “se dijo que no podría conseguirse la variante de Camarillas y está conseguida. En Murcia tendremos AVE para el 2011 gracias a las inversiones del Estado, pero a Valcárcel no le conviene para su estrategia electoral”.

El candidato socialista ha añadido que el actual responsable del gobierno regional debe sentir vergüenza por las políticas que ideó y que ahora dan sus pésimos resultados: corrupción y especulación. Ha resaltado que “el PSRM-PSOE está trabajando duramente en Madrid para conseguir grandes inversiones para Murcia, y éstos, son los resultados”.

Lamentable que Valcárcel critique al Poder Judicial

Preguntado por las vinculaciones de la operación Malaya en la Región, Saura ha recordado que desde el PSRM-PSOE se ha pedido una comisión de investigación en la Asamblea Regional y que el PP la ha rechazado. También ha subrayado que “hace años que el partido socialista denunció que el modelo de Valcárcel traería corrupción y especulación, y es a lo que tristemente asistimos estos días”, haciendo referencia a los escándalos de La Zerrichera, Lo Poyo, Puerto Mayor, Novo Carthago, o las conversaciones de Roca con el concejal de Urbanismo de Cartagena, del PP.

El máximo dirigente socialista murciano ha lamentado que la actitud de Valcárcel sea la de criticar a los jueces y cuestionar a la Justicia, ya que para Saura la Justicia es un instrumento de Estado para acabar con la corrupción.

En el caso de Puerto Mayor, el PSRM-PSOE ha tenido que ir por la vía judicial para conseguir alguna respuesta por parte del gobierno de Valcárcel, aunque hubiese preferido una vía política.

En cuanto a lo anunciado por los abogados del Grupo Hispania, la empresa promotora de La Zerrichera del empresario Trinitario Casanova, Saura ha dicho que Valcárcel y Casanova son los únicos que pueden dar explicaciones sobre la reclasificación de La Zerrichera. Para el candidato socialista, está claro que hay un programa oculto en reclasificaciones urbanísticas, paralizado temporalmente por motivos electorales.

Por otra parte, Pedro Saura ha manifestado su convencimiento ante un acuerdo entre SEPES y ZINCSA la semana próxima. Asimismo, confía en la madurez e inteligencia de los murcianos ante las próximas elecciones y cree que apostarán por el programa del PSRM-PSOE que busca la regeneración de la vida pública, la transparencia, el fin de la corrupción y el crecimiento para todos.

Más de 32 millones para licitación del AVE hacia Levante y Murcia

Dentro de las inversiones del Estado para el desarrollo regional murciano, el Consejo de Ministros acaba de autorizar la licitación de las obras de construcción de la plataforma de vía en el tramo Ontígola-Ocaña, situado en la provincia de Toledo y perteneciente a la línea de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

El presupuesto de licitación de las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de veinticuatro meses, asciende a 32.191.270 euros. Con esta autorización, el Gobierno imprime un nuevo impulso a la conexión ferroviaria de alta velocidad que enlazará Madrid con Castilla La Mancha y las comunidades autónomas mediterráneas.


Terrenos para la prisión de Campos del Río

Por último, también el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se declara la utilidad pública y la urgente ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de dos parcelas para la construcción de un nuevo Centro Penitenciario en Campos del Río (Murcia). Estos dos terrenos cuentan con una superficie de 927,58 metros cuadrados.

El Gobierno de Zapatero ha declarado su urgente ocupación con el objetivo de realizar, en la mayor brevedad posible, los trabajos técnicos encaminados a la redacción de todos los proyectos, obras y planeamiento para poder llevar a cabo la construcción del nuevo centro penitenciario.

Este proyecto forma parte del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, aprobado por el Consejo de Ministros del 5 de julio de 1991, y revisado el 2 de diciembre de 2005. Dicho Plan prevé la construcción de once nuevos centros penitenciarios, cinco Unidades de Madres destinadas a internas con hijos de hasta tres años, y 31 Centros de Inserción Social y cuenta con una aportación de más de 1.600 millones de euros.- (Agencias)