domingo, 21 de septiembre de 2008

Las agencias de calificación de riesgo no avisaron del caos que se avecinaba

MADRID.- Fallaron al no detectar a tiempo los problemas que acabaron con Enron, en 2001. Volvieron a fallar el año pasado, cuando no hicieron sonar las alarmas ante la gravedad de la crisis subprime, afirma "El País".

En esta ocasión, las agencias de calificación de riesgo tampoco avisaron de que los mayores bancos de negocios de Wall Street estaban a punto de irse a pique. La confianza en el trabajo de estas agencias, uno de los pilares del sistema financiero, está una vez más en entredicho. Descontentas por su papel en la crisis, las autoridades europeas y de Estados Unidos han decidido cambiar las reglas del juego.

El terremoto que ha sacudido esta semana Wall Street ha vuelto a poner en el punto de mira a Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch, las tres principales empresas del sector. Hasta el 10 de septiembre, Moody's no advirtió a Lehman de que rebajaría su calificación si no conseguía rápidamente un comprador. Cinco días después, Lehman se declaraba en bancarrota. S&P rebajó ese mismo día su calificación a Lehman de A, considerada buena, a insolvente.

El 17 de marzo pasado, al reafirmar su calificación A1 a la deuda a largo plazo de Lehman, Moody's afirmaba que el banco "ha navegado muy bien hasta ahora por unos mercados financieros persistentemente volátiles".

Las críticas y las llamadas a un mayor control de las agencias de calificación han sido contundentes a uno y otro lado del Atlántico. El propio candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, las ha señalado con el dedo por haber dado, en ocasiones, sus mejores notas a bonos vinculados a hipotecas basura y a los bancos que los emitieron o los compraron.

"Debemos investigar a las agencias de calificación y los posibles conflictos de intereses con la gente a la que están calificando", afirmó Obama en un acto de campaña.

Uno de los más duros ha sido el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, quien manifestó el jueves que la actuación de las agencias en 2007 suscitó dudas sobre hasta qué punto han llegado a ser parte de los fallos detonantes de la crisis.

"Los bruscos, con frecuencia tardíos, y no siempre justificados cambios de las calificaciones de ciertos productos, han sido, sin lugar a dudas, un catalizador de la crisis, y cabe pensar que, en algunos casos, pudieran reflejar la existencia de problemas de conflictos de intereses", dijo Segura.

En efecto, el año pasado las agencias no comenzaron a rebajar la calificación de determinados activos vinculados a hipotecas basura -en muchos casos AAA, la misma que los bonos del Tesoro de Estados Unidos-, hasta que éstos no habían perdido gran parte de su valor en el mercado.

Tras investigar durante 10 meses el trabajo de Moody's, S&P y Fitch, la Securities and Exchange Comission (SEC), organismo regulador de los mercados estadounidenses, llegó en julio pasado a la conclusión de que las agencias incurrieron en un conflicto de intereses al calificar determinados activos.

Las agencias, según la SEC, incumplieron las normas destinadas a impedir que otorgaran calificaciones altas en beneficio propio.

El conflicto de intereses está en el núcleo de todas las críticas. Durante años, las agencias ayudaron a los bancos de inversión -a cambio de cuantiosas tarifas- a colocar en el mercado créditos hipotecarios en forma de complejos activos financieros. Al preparar una emisión de esos bonos, las agencias garantizaban a los colocadores una buena calificación para el producto, que así se vendía más fácilmente.

Pero las agencias no quieren ser el chivo expiatorio de la crisis y apuntan hacia otros culpables: la Reserva Federal, la SEC, los propios bancos y la prensa financiera tampoco supieron detectar a tiempo el peligro que se avecinaba, ni ahora ni cuando estalló la burbuja inmobiliaria, sostienen sus responsables.

La crisis subprime y la tormenta desatada por la caída de Lehman Brothers cambiará para siempre el marco regulatorio en que se mueven las agencias de calificación. La Unión Europea y Estados Unidos se disponen a cambiar las reglas actuales.

Tras afirmar que las agencias fueron incapaces de "oler la putrefacción" en los mercados, el comisario europeo de Mercado Interno, Charlie McCreevy, anunció su intención de obligar a las agencias a inscribirse en un registro de la Unión Europea. La Comisión presentará propuestas sobre regulación a finales de octubre.

El comisario de Economía, Joaquín Almunia, declaró esta semana que es necesario mejorar la transparencia y los mecanismos de gestión de riesgos y aclarar los criterios para una adecuada valoración de los activos.

Recompensados por hundir Wall Street

NUEVA YORK.- La crisis de Wall Street ha avivado la polémica sobre las retribuciones de los ejecutivos del sector financiero. Las críticas se centran en tres flancos. En primer lugar, se cuestiona si los sueldos de los últimos años se justifican por la creación de valor aportada (teniendo en cuenta el actual desplome bursátil), según "El País".

En segundo lugar, se denuncia que quizá la forma elegida para establecer las retribuciones, con gran peso del bonus, habría podido incentivar a los directivos a tomar más riesgos de los convenientes para lograr objetivos a corto plazo, aumentando así el agujero de las subprime.

La última de las críticas se plantea tras desvelarse los blindajes millonarios que gozan estos gestores en caso de despido, con independencia de la herencia que dejen a sus accionistas.

En 2007, los máximos ejecutivos de las 16 entidades más afectadas por la crisis de crédito ganaron en total 334 millones de dólares (236 millones de euros), un 30% más que en 2005. La bola de nieve de las hipotecas basura ha costado a esas compañías pérdidas de 320.543 millones, se ha cobrado el empleo de 80.236 personas y ha jibarizado su valor bursátil desde septiembre de 2007.

"La obsesión de las empresas cotizadas por lograr beneficios a corto plazo, combinada con unos sistemas de retribución que no están ajustados por el riesgo que asumen los gestores, supone una mezcla letal", explica John M. Berry, columnista de la agencia Bloomberg.

A finales de 2007, recuerda este experto, cuando casi todos los grandes bancos de inversión empezaban a encarar enormes pérdidas, pagaron bonus comparables a aquellos repartidos en 2006, "un año en el que los beneficios eran mucho mayores y el horizonte parecía despejado".

Tras el estallido de la burbuja tecnológica también se cuestionó el salario de algunos directivos, principalmente el abuso de opciones sobre acciones. Entonces se reforzaron los controles de buen gobierno corporativo. Sin embargo, el revuelo no pasó de ahí al considerarse los salarios un asunto privado a resolver entre los consejeros y los accionistas.

La diferencia con la crisis actual es que se está utilizando mucho dinero público para intentar mantener con vida entidades donde sus directivos, que han aplicado prácticas de gestión cuando menos cuestionables, cuentan con cláusulas de despido muy ventajosas. Éste es el caso del rescate de Fannie Mae y Freddie Mac, que poseen o aseguran la mitad de las hipotecas estadounidenses y que han sido intervenidas por el Gobierno.

Los contratos de sus principales ejecutivos, Daniel Mudd (Fannie) y Richard Syron (Freddie), les aseguraban indemnizaciones por valor de 8 y 15 millones, respectivamente. Gracias al carácter semipúblico de las entidades, el Gobierno ha logrado que estos ejecutivos no ejecuten sus paracaídas de oro, aunque sí se embolsarán pensiones cercanas a los cuatro millones.

"Nos gustaría que Mudd y Syron se fuesen sólo con un apretón de manos, pero la intervención estatal no debe justificar el incumplimiento de los contratos", editorializaba Los Angeles Times. "Esta controversia sí debería servir para que los consejos se replanteen su política de pagar por los fracasos. Si los órganos de dirección no lo hacen corren el riesgo de que el Gobierno sea más intervencionista o conceda más poder a los accionistas".

La polémica acerca de los despidos millonarios no se queda en Fannie Mac y Freddie. Esta semana se ha conocido que el consejero delegado de Merrill Lynch, John Thain, y dos de los ejecutivos que fichó cuando entró en el banco hace menos de un año, podría llevarse un total de 200 millones de dólares por menos de un año de trabajo si el nuevo dueño de la entidad, Bank of America, les despide o les relega a unas funciones de menor rango.

Un caso similar ocurre en AIG, intervenida por la Reserva Federal para evitar su quiebra. Robert Willumstad se convirtió en el primer ejecutivo de la aseguradora hace tan sólo tres meses y en caso de despido tiene asegurada una indemnización de siete millones.

La polémica de los salarios de los directivos ha llegado incluso a la campaña electoral. Tanto John McCain y Barack Obama han criticado el sistema actual y prometen reformas si llegan a la Casa Blanca. Mientras Obama siempre se ha mostrado partidario de un mayor control, McCain se opuso en 2007 a una propuesta que pedía conceder a los accionistas votos no vinculantes acerca de los salarios de los ejecutivos.

Carly Fiorina, consejera económica del candidato republicano, ha manifestado en más de una ocasión su oposición a cualquier tipo de regulación. Cuando Fiorina tuvo que abandonar la presidencia de Hewlett-Packard en 2005 la empresa le pagó más de 21 millones de dólares.

Incentivar la auto repatriación / Carlos Carnicero

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, había cifrado el umbral del millón de inmigrantes que aceptarían la oferta de cobrar todo su desempleo en dos plazos con la condición de retornar a sus países de origen en esta situación de crisis. Ahora ha rebajado la cifra a poco más de ochenta mil. Ni siquiera el diez por ciento.

La razón tiene su lógica: se trata de familias integradas en España, con su documentación en regla y con aspiración, en muchos casos de hacerse españoles por la vía de la nacionalización por residencia. Volver sería reconocer un fracaso y, sobre todo, tener que empezar una vida de nuevo por tercera vez.

La nueva política socialista de inmigración está sustentada en considerarla una amenaza para la economía. Las sucesivas declaraciones de Celestino Corbacho se sustentan en la ecuación que relaciona la inmigración como una amenaza añadida para la crisis.

Es una política de compensación demoscópica por la pérdida de votos que pudiera reportar las posiciones clásicas de la izquierda de considerar la inmigración ordenada como un beneficio social, económico y demográfico. Miedo a perder votos. Coyuntura frente a ideología, la constante de José Luis Rodríguez Zapatero.

En época de bonanza el Gobierno consideraba que gracias a la cotización de trabajadores extranjeros se habían saneado las cuentas de la seguridad social. En época de crisis, para ese mismo Gobierno la inmigración es un problema y una amenaza hasta el punto de incentivar que los inmigrantes más arraigados vuelvan a sus países de origen.

La contradicción radica, incluso en el terreno práctico, que los flujos migratorios y la formación laboral de empleos cualificados no se puede manejar a golpe de temporalidad. Los países grandes (Reino Unido y Estados Unidos, sobre todo) lo son, entre otras cosas, por la facilidad con que se produce la integración de los extranjeros que se quieren nacionalizar.

En España el Gobierno socialista quiere que los inmigrantes en paro se vayan mientras que Mariano Rajoy llega a cuestionar que cobren el desempleo, aunque luego haya querido matizar sus declaraciones.

La planificación a medio y largo plazo es una asignatura pendiente en nuestro país en la que los políticos han aprendido tarde y mal la ciencia de la demoscopía. Satisfacer las demandas instantáneas de la población, incluso las xenofóbicas, puede dar votos coyunturales pero no permiten políticas estables que hagan grande a nuestro país.

IU + Los Verdes denuncia la construcción ilegal de chalés en el Malecón de Murcia

MURCIA.- Esther Herguerdas, concejala de IU+Los Verdes en el Ayuntamiento de Murcia dice “tener constancia” de que se están acometiendo obras para construir chalés en las huertas del Malecón, que es una zona sujeta a “las máximas restricciones” frente a transformaciones urbanísticas.

Herguedas explicó que elevará en el próximo Pleno una pregunta a este respecto para “saber si los responsables de la Concejalía de Urbanismo tienen conocimiento de la existencia de estas obras ilegales, si se ha procedido a abrir expedientes sancionadores y si se ha aplicado alguna medida para paralizar los trabajos iniciados”.

Según la edil, el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia incluye un artículo en el que se declara que las huertas del Malecón tienen un alto interés paisajístico y ambiental, así como una significación cultural que justifica su tratamiento como zona “altamente protegida mediambientalmente”.

Exige que en esa zona se elabore un plan especial de Protección Paisajística y Monumental en el plazo de un año desde la fecha de aprobación definitiva de la adaptación del plan general a la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Caja Murcia desafía la crisis financiera mundial al grito virtual de ¡somos los mejores!

MURCIA.- Caja Murcia aumentó en un punto porcentual su participación en los depósitos del sector privado de la Región durante el primer semestre del año, según versión de la propia entidad en plena crisis financiera mundial, con la quiebra de algunas de las principales entidades internacionales de crédito mucho más antiguas y solventes en teoría.

Así, con el 34,5% de la cuota de mercado, dice ella misma que se consolida como la primera entidad del sistema financiero de la Región de Murcia, según informa la propia caja en un comunicado emitido enmedio de rumores de todo tipo, tal vez interesados, desde comienzos de este año y alimentados por insinuaciones sobre la salud de las cajas de ahorro de ciertos catedráticos de Economía a través de medios de comunicación de ámbito nacional.

"De esta forma, más de un tercio de los depósitos de la población murciana se confían a una única entidad, Caja Murcia", dejando traslucir una confianza sin condiciones por parte de los murcianos, que induce a pensar en una excelencia en la gestión frente a la de tanto incompetente que ha conducido a esa banca, hoy en serias dificultades de supervivencia, al borde de su desaparición.

Ese aumento de cuota de mercado se apoya, siempre versión propia, en los últimos resultados obtenidos por la entidad que preside Carlos Egea (en la imagen) y que el pasado mes de junio "alcanzó un beneficio neto de 116,9 millones de euros, un 15% más que el año anterior y superior en más de un 42%, en términos de balance medio, al obtenido por el sector", en el momento más álgido de la crisis de liquidez de las entidades españolas pequeñas y medianas.

Por otra parte, la propia entidad murciana destaca el ratio de morosidad contenida, del 0,92% (con un 215% de cobertura), así como el mantenimiento de su calificación crediticia en A+ (ahora que están en cuestión todas las calificadoras de riesgo, y sus criterios aplicados, por parte de las autoridades económicas mundiales, después de la AAA de Lehman Brothers), "que sitúa a Caja Murcia como la primera caja española de su dimensión en conservar dicha calificación, en un entorno de revisión a la baja por parte de las empresas de rating", según añade la misma fuente interesada sin ningún complejo al grito virtual de ¡ somos los mejores !.

Por otra parte, en las Fiestas del Vino de Bullas, el presidente de Caja Murcia, Carlos Egea Krauel, será nombrado Maestro del Vino 2008 en una gala que se desarrollará en la plaza de España el próximo domingo 28 de septiembre.

Durante este acto, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, leerá el pregón de fiestas.