jueves, 12 de octubre de 2023

La tasa de delincuencia en la Región de Murcia está 3,2 puntos por debajo de la media nacional


MURCIA.- El año pasado la Policía Nacional puso en la Región de Murcia a disposición judicial a 10.000 personas imputadas tras cometer diversos delitos.

La región, calificada de muy segura, con unos estándares de calidad y de seguridad mejores, está por encima de la media europea en estos momentos. 

En el caso de la Región, los estándares de seguridad son "aceptables", ya que se encuentra 3,2 puntos por debajo en la media en la tasa de delincuencia por 1.000 habitantes.

Durante este año se ha puesto a disposición de la Justicia a 1.500 personas más que en 2022, pasando de 8.500 a 10.000 imputados, unos datos que se califican de "buenos".

 

Los alojamientos hoteleros de Caravaca de la Cruz se constituyen como asociación de cara al Año Jubilar 2024


CARAVACA DE LA CRUZ.- Los alojamientos hoteleros de Caravaca de la Cruz se han constituido como asociación y ya trabajan conjuntamente con el Ayuntamiento en la promoción del sector y el destino.

El concejal de Turismo, José Santiago Villa, ha mantenido una reunión con los integrantes de la directiva de la nueva Asociación de Hoteleros de Caravaca HODECA y ha explicado que uno de los objetivos inmediatos es "mejorar la comunicación y coordinación de cara al Año Jubilar 2024 para que los hoteles, apartamentos y hospederías estén informados con la suficiente antelación de los grandes eventos que se van a ir programando, así como de las peregrinación grupales que ya van confirmado su desplazamiento a la ciudad".

El edil ha destacado que otro de los compromisos adquiridos es emprender acciones de promoción conjuntas, lanzando paquetes turísticos y ofertas que permitan incrementar las pernoctaciones en el municipio.

Por su parte, el presidente de HODECA, Antonio de Gea, ha indicado que "hemos tenido claro que trabajar unidos mediante el asociacionismo es positivo para todos y esperamos que a los siete alojamientos fundadores de la asociación se vayan uniendo nuevas iniciativas que hagan crecer nuestro sector".

Actualmente, HODECA está integrada por siete los alojamientos hoteleros: Neo Hotel, Hospedería Nuestra Señora del Carmen, Hotel Malena, Hospedería Vera Cruz, Hotel Boutique Almunia, Hotel Boutique Círculo Artístico 1911 y Apartamentos Aixa.

MC trabaja con otros cinco partidos y la Plataforma por la Biprovincialidad en la comarcalización regional


CARTAGENA.- Representantes de partidos locales independientes de la Región de Murcia se han reunido esta semana con la presencia de Unidad por Alguazas UxA, MC Cartagena, CIFA Fuente Álamo, UID Mazarrón, Pleamar San Javier, AISP San Pedro del Pinatar y Partido Independiente de Torre Pacheco, junto a la Plataforma 2es+.

Por MC asistieron la coordinadora regional, Esther Guzmán, y el portavoz municipal, Jesús Giménez, quienes participaron de este encuentro en que se trabajó en el análisis y debate de la comarcalización de la Comunidad Autónoma y la conveniencia de prestar de manera conjunta algunos servicios públicos bajo la figura de la mancomunidad de servicios municipales.

El objetivo principal de todos los asistentes es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, buscando para ello la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Esta jornada permitió avanzar en la colaboración y cooperación entre los partidos asistentes y finalizó con la convocatoria de la próxima reunión que en esta ocasión tendrá lugar en Torre Pacheco.

El PP demanda al Gobierno de España incrementar los agentes y medios de la Guardia Civil en la Región de Murcia


CARTAGENA.- El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha solicitado al Gobierno de España que incremente de manera urgente los agentes y medios de la Guardia Civil en la Región de Murcia "para prestar servicio con garantías, en las mejores condiciones de seguridad y dar respuesta adecuada y diligente a los ciudadanos".

María Casajús, defensora de la iniciativa, ha denunciado que "la Guardia Civil ha sido progresivamente 'desmantelada', por lo que cuenta cada año con menos agentes y medios, e incluso ha perdido capacidad y funciones en diversos territorios".

"Desde el Partido Popular hemos venido denunciando cada uno de los atropellos e intentos de instrumentalización de la Benemérita", ha incidido Casajús, "una institución que ha cumplido 179 años al servicio de los españoles, desempeñando una impagable función de seguridad ciudadana y orden público, lo que le ha convertido en la institución mejor valorada por los españoles", ha subrayado.

La diputada regional ha apuntado que "la Región de Murcia cuenta con una de las plantillas más escasas de la Benemérita en toda España: en 2022 en torno a 2.100 agentes, de los que una gran parte se dedican a tareas burocráticas".

"Además, en la Región de Murcia existen 142 plazas vacantes sin cubrir según el catálogo oficial que necesita ser actualizado debido a su antigüedad, si bien para atender los servicios que demanda la sociedad de la Región consideramos que serían necesarios otros 400 agentes", ha añadido Casajús.

La parlamentaria autonómica ha denunciado que "de los 40 cuarteles de la Guardia Civil en la Región, 27 se encuentran casi vacíos", ya que, ha explicado, "la mayoría de estas instalaciones son 'cuarteles fantasma' con una dotación de solo dos agentes, uno que se ocupa de la recepción y atención a los ciudadanos en el cuartel, y otro compañero que tendrá que desplazarse con un vehículo para recoger a otro guardia civil perteneciente a un cuartel parecido para formar al menos una patrulla, con lo que conlleva largos tiempos de desplazamientos y gasto en combustible".

"Son muchas las ocasiones en las que los ciudadanos llaman a los cuarteles y nadie contesta, y cuando lo consiguen para dar traslado de una urgencia, los agentes llegan tarde debido a esa falta de efectivos", ha lamentado Casajús.

"Desde el Partido Popular ya hemos denunciado el intento de supresión de las patrullas del SEPRONA en la Región de Murcia, la falta de agentes para la vigilancia del Mar Menor o los medios para abordar la llegada masiva de inmigrantes, sin olvidar la lamentable situación del parque de vehículos y medios informáticos, o la escasa dotación de chalecos antibalas", ha recordado la diputada del PP.

"La lamentable situación de la Benemérita pone en evidencia la grave dejación de funciones del Gobierno, que con su nula actuación está generando una situación insostenible para la Guardia Civil en la Región de Murcia, que dificulta el cumplimiento de su heroica labor en defensa de la ley, el orden y los derechos y libertades de todos y su vocación de servicio público", ha criticado Casajús.

Llegan cuatro pateras a las costas de la Región de Murcia con 45 inmigrantes argelinos a bordo


CARTAGENA.- Cuatro pateras con unos 45 inmigrantes a bordo han llegado a las costas de la Región de Murcia en las últimas 48 horas. Se trata de personas de nacionalidad argelina, todos varones adultos salvo tres mujeres y un menor,interceptados cuando intentaban entrar en España irregularmente, informan fuentes de la Delegación del Gobierno.

Guardia Civil y Salvamento marítimo las han interceptado frente a Calblanque, Monte Cenizas y Portman, entre la tarde noche de este miércoles y la madrugada de este jueves, para conducirlas luego a Cartagena.


Todos los inmigrantes fueron trasladados al Muelle de Santa Lucía, en la ciudad portuaria y, tras ser reconocidos por Cruz Roja y constatar que todos están en perfecto estado de salud, han sido entregados a la Policía Nacional en Cartagena para tramitar su expulsión del país

Los templarios demandan judicialmente al Papa Francisco y le piden la rehabilitación de la Orden disuelta en 1312


CARAVACA DE LA CRUZ.- La Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, que afirman ser los templarios actuales, ha interpuesto una demanda de conciliación contra el Papa Francisco en la que le exige la rehabilitación de la Orden, suspendida en el año 1312. 


Los demandantes exponen en el escrito que la orden fue suspendida «de manera ilegítima» en 1312 en el Concilio de Vienne (Bula Vox Calamantis) «no en virtud de una sentencia judicial sino en virtud de una Ordenanza Apostólica por el Papa Clemente V» y aseguran que «esto fue un tremendo error presionado por el Rey Felipe el Bello».

Según precisan, la Orden fue disuelta a través de un «infame proceso sin aportación de pruebas» y «el número de caballeros a la fecha del arresto eran 15.300 de los cuales 650 fueron asesinados y 14.650 escaparon y su Gran Maestre Jacques de Molay quemado en la hoguera el día 18 de Marzo de 1314».

Por ello, demandan la «rehabilitación» de la Orden del Temple, denominada actualmente Orden Soberana del Temple de Cristo, aunque conocida popularmente como Orden de los Pobres Soldados de Cristo y del Templo de Salomón, u Orden Soberana del Templo.

Al mismo tiempo, los demandantes piden una compensación económica por la incautación de sus bienes que, según indican, «fueron entregados en su mayor parte a la Orden de San Juan del Hospital llamada de Malta». 

Asimismo, entre otras reclamaciones, exigen que se reconozca el sacerdocio templario según el rito de Melquisedek; que se les autorice a levantar oratorios y capillas; que la colecta del día de San Bernardo en todas las parroquias sea para la Orden; que les entreguen los archivos del Vaticano sobre la Orden, y que se les devuelva la Iglesia de la Vera Cruz, de Segovia.

Igualmente, reclaman que todos los templarios medievales torturados y asesinados sean considerados mártires y que se autorice a la Orden a formar «un ejército o cuerpo armado», y a «intervenir en conflictos religiosos y como mediador entre partes». 

Los demandantes piden al Papa que proclame un Decreto que recoja todos estos acuerdos y que sea comunicado en todas las parroquias y conventos. También quieren que la Orden, una vez rehabilitada, solo dependa del Papa y no de la Curia ni del clero, como una prelatura personal, y reclaman una audiencia privada con el Pontífice.

No es la primera vez que la Orden Soberana del Temple de Cristo solicita su rehabilitación, ante el Vaticano o a través de diferentes demandas de conciliación y demanda de juicio ordinario. 

La última, según recuerdan, fue una demanda de conciliación con fecha 11 de enero de 2023 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 73. 

Previamente, también presentaron sendas demandas de conciliación en 2005, 2006 y 2007, una demanda de juicio ordinario ese mismo año y un recurso de apelación en 2008.

El mundo rural español se moviliza de nuevo para proteger la agricultura y su economía


MADRID.- El mundo rural español se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció en Madrid esta semana la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con una campaña masiva de recogida de firmas, cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.

Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante una jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. 

Y tiene además otra incidencia económica de calado: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”.

Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El también portavoz de SOS Rural Salvador Marqués explicó las líneas maestras que se incluirán en la ILP. Así, detalló que, además de impulsar una campaña masiva de recogida de firmas, el texto pedirá “la protección de la agricultura y la economía rural con un marco regulador integral que persiga el objetivo de la seguridad alimentaria y que gire en torno a varios ejes: uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y protección de las tierras de regadío, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos”.

Además, incluirá la petición de proteger “el sector primario en conjunto con un marco regulador integral para dotar al sector productivo y al resto de la industria agro alimentaria de herramientas para impulsar su actividad económica, basada en la producción de alimentos seguros, saludables, suficientes y asequibles”. 

También, la “protección del acceso a insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a un precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes”, así como la “protección de la actividad pesquera para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector”.

Defendió Marqués que la ILP incluirá la petición de “acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructuras y transporte, financiación especializada, digitalización, emprendimiento y educación, áreas que forman los pilares para la sostenibilidad de la vida fuera de la ciudad”. 

También, la ancestral reivindicación del mundo rural de una “actualización de la política hídrica en España que favorezca el desarrollo socioeconómico y agro alimentario, que respete el riego y garantice los caudales. Y también la vigilancia sobre la contaminación de las aguas sobre la base de criterios técnicos e independientes, no ideológicos”.

Ballesta, puro Teatre / Antonio Hernández *


Siempre es la misma secuencia. Sucede la tragedia, acuden las autoridades, se visten de negro, prestan declaración, se les saltan las lágrimas -a poder ser en directo y en horario de informativo-, mientras se dan golpes en el pecho y dicen que se buscarán a los responsables, “caiga quien caiga”. Las cámaras se marchan y viene la cruda realidad, el Ayuntamiento no es responsable, a pesar de que la discoteca lleva abierta desde 2008 –échale guindas al pavo–, pidió renovar licencia en 2019… y tela. 

El caso es que la responsabilidad jurídica se decidirá en los tribunales, la política habrá de decirse fuera de esta Región porque dimitir sigue siendo un nombre ruso para los políticos murcianos y, ya no digamos lo de investigar algo o sacar una ley de espectáculos, mayoría absoluta para no hacer nada y, lo que es peor, sabemos que es mejor así; de redactar una ley todos sabemos que no se redactaría en la Asamblea, sino que se la traerían hecha desde los bares.  

La teatralización de siempre, pero con final borroso y gol por toda la escuadra a los socialistas que siguen sin saber de comunicación. Hay errores que son difíciles de entender. Entre tanto, como sucedió cuando estaban en la oposición, el actor principal está desaparecido, el actor en busca de fotograma deja que los secundarios tomen el papel protagonista y, por no acudir, ni va a entierros, ni manifestaciones, ni duelos... 

Elude dimisiones, esas que prometía, pero como ahora salpican a los suyos, calla y dice que si rueda no es chamba, total él es un buen alcalde. Una lástima que no tengamos guiñoles, como esos del Canal Plus, preguntando: pero ¿por qué no puedo ir a Nueva York y hacer mis gestos cuando noto los aplausos?

Una cosa tenemos clara, la administración municipal es un desastre, y no viene de los dos últimos años que al menos decretaron el cierre, sino de todos estos años en los que se han abierto locales que deberían estar cerrados.

 Seamos serios: no se han inspeccionado los locales de ocio, ni las empresas ilegales en la Huerta, ni las aulas donde los niños van a estudiar, ni, si me apuran, nada y se ha hecho a conciencia. Durante años han mirado hacia otro lado instaurando unas sinergias que han durado en el tiempo, a pesar incluso de los cambios de gobierno, y ahora están haciendo Teatre, Teatre y eso es lo peor. 

Seamos serios, en esta ciudad, en esta Región todo vale, todo ha valido, nadie asume las consecuencias, ni siquiera cuando pasan cosas terribles, como lo ocurrido en las discotecas. Lo malo es que nos estamos acostumbrando a todo esto, nadie dimite por nada, no lo hicieron por el Mar Menor, tampoco lo harán por esto porque en el fondo creen, piensan y, seguramente tengan razón, que nada de esto les va a pasar factura en las urnas.

Seamos claros, en esta ciudad, concretamente con este alcalde de poses en cualquiera de sus variantes -Instagram, Facebook o X (antiguo Twitter), no caben soluciones: si hacen las obras de movilidad será porque Europa les obliga y les obligará; no habla ya ni de tranvía, ni de autobuses, ni de nada, y encima ha subido los impuestos un 6%, aunque los titulares digan que ha sido el Ayuntamiento y no Ballesta. 

Lo peor es que esta política de comunicación, que no de hechos, le da resultado. Lo peor es que es un actor con un buen guion de comunicación, no cabe negarlo, pero para gobernar hace falta más que un guion: se necesita un proyecto y es lo que él no tiene, ni visión de ciudad, más allá de convertirla en un queso Gruyere de aparcamientos tunelados, ponernos un árbol de navidad y mantener encantada a la gente. Puro Teatre, ni más ni menos. 


 (*) Activista en movimientos sociales y murciano preocupado. Empleado sin hipotecas.


https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/ballesta-puro-teatre_132_10589172.amp.html

Rusos y ucranianos se mudan a España


MADRID.- La compra de vivienda en España por parte de ciudadanos rusos se disparó más de un 50% en la primera mitad del año, mientras que las transacciones realizadas por los ucranianos registraron un incremento superior al 40% en un contexto marcado por una guerra que dura ya más de un año y medio, se recoge en La Razón.

Entre enero y junio de este año los rusos cerraron 2.137 compraventas de vivienda en nuestro país, la cifra más alta desde hace 9 años, cuando batieron su récord con 2.573 transacciones, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

De hecho, es la primera vez desde 2014 que los rusos superan las 2.000 operaciones. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con las 571 viviendas que adquirieron en la primera mitad de 2007.

Coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y las sanciones internacionales impuestas al país que dirige Vladímir Putin, la compra de vivienda en España por parte de rusos encadena cinco semestres de subidas interanuales.

Los rusos protagonizan su mayor subida y pagan por sus viviendas más que el extranjero medio.

En el primer semestre del año, la compra de vivienda por parte de los rusos creció un 50,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el mayor avance registrado en su historia y el mayor incremento que se observa entre todas las nacionalidades extranjeras que adquirieron una vivienda en nuestro país.

Además, los rusos pagaron por sus propiedades en España más que la media del conjunto de extranjeros. En concreto, los rusos desembolsaron de media 2.293 euros/m2, el mayor importe en 13 años y el 15,2 % más que el año anterior. Este precio supera así los 2.094 euros/m2 que pagaron de media el conjunto de extranjeros.

La mayor parte de las compras las hicieron los residentes rusos en España, un total de 1.447 operaciones, el 45,3 % más, y la mayor cifra de la serie histórica. Además, pagaron de media 2.139 euros/m2, el 27 % más.

Coronel yeclano Pérez de los Cobos, tras su reincorporación en la Guardia Civil: "Nuestra lealtad debe ser con las leyes"


TRES CANTOS.- El coronel jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, el murciano Diego Pérez de los Cobos, recientemente reincorporado al puesto tras ser destituido por desavenencias con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que la primera lealtad del Cuerpo debe ser con las leyes.

"Nuestra primera lealtad debe ser para con nuestra Nación y nuestras leyes. Fuera de la ley no hay libertad, progreso ni convivencia posible", ha manifestado este jueves durante su discurso en la celebración de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la localidad madrileña de Tres Cantos.

El Tribunal Supremo anuló el pasado 28 de marzo en una sentencia el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, donde fue restituido.

El coronel fue cesado después de que la Policía Judicial de la Comandancia entregase un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M y su posible influencia en la expansión del coronavirus.

"El honor es más que una palabra, es un compromiso inquebrantable con la integridad y la verdad, el faro que ilumina nuestro camino en los momentos más oscuros. La tranquilidad de conciencia será siempre nuestra mejor recompensa", ha subrayado en su discurso.

También ha señalado que a pesar de los "riesgos personales y familiares" que conlleva el trabajo en el Instituto Armado, éste es necesario "para lograr una sociedad más justa".

"Estoy orgulloso de esta institución y de ostentar el cargo de esta Comandancia", ha zanjado.

En el evento también ha participado la subdelegada del Gobierno en Madrid, Elena Bernardo, y el alcalde de la localidad madrileña de Tres Cantos, Jesús Moreno (PP), quienes han dado la bienvenida de nuevo a la Comandancia al yeclano, oriundo de Mula, Pérez de los Cobos.

Durante el acto, numerosos agentes han sido condecorados con medallas al mérito de la Guardia Civil y se ha realizado un desfile en el que han participado las distintas especialidades del Cuerpo.

“Tú tira palante, pero si pasa algo yo no sé ná” / Pedro Costa Morata *

La tragedia de las discotecas de la capital murciana ha puesto de relieve a escala regional lo que la mayoría de los murcianos sabemos, sufrimos e incluso denunciamos: que nuestra tierra está a la cabeza de la corrupción, principalmente municipal, con sus 45 ayuntamientos, casi sin excepción, pasados por esta vergüenza pública, lo que no quiere decir que toda la basura que en ellos se dirime llegue a ser de general conocimiento, ni mucho menos. 
 
El país entero hace cuentas y encuentra – como en tantas pifias, abusos y escándalos- que Murcia brilla de indecencia en numerosos ámbitos, con especial éxito delictivo en cuando se refiere al ámbito municipal: los alcaldes y alcaldesas encarcelados, condenados o encausados son legión, y los escándalos urbanísticos, sin ir más lejos, sustentados por técnicos y funcionarios dibujan una profusa constelación de indeseables.

“Tú hazlo y tira palante hasta donde puedas, ahora bien, si pasa algo y la cosa se pone fea, ya sabes que yo no sé ná”. Así nos imaginamos, muy certeramente, que se rematan -en diálogo breve entre buenos entendedores- variopintas negociaciones de no menos floridos contenidos que suelen aludir, bien a codicia, bien a arrogancia, pero siempre a desvergüenza: se traman sobre un fondo, naturalmente, de alegre compincheo, de algún trueque y dando por supuesta la impunidad. 
 
Los objetos negociados suelen tener que ver con licencias a otorgar y su permisividad adherida, tanto si se trata de una licencia indebida, de obra o actividad, como si afecta a licencia que no se cumple o se amplía y sobrepasa. El caso es que, ¿a quién no le suena esa frasecita, soltada en nuestra presencia, interceptada en nuestro entorno o sabida por confidencia?

Y esta práctica, costumbre o pillería, que muy raramente resulta puesta en evidencia y, menos aún castigada, no es solo cosa de los ayuntamientos, aunque sea ahí donde radica la tradición del trapicheo y la componenda. Se comprueba que esto es práctica usual en el entorno de Administraciones indecentes y gamberras de los tres estratos -municipal, autonómico y estatal-, que se alían para enriquecer al listo canalla y humillar o amenazar al pueblo soberano, a la tierra madre, al agua nutricia…

Porque si hemos de hablar del desmadre y la corrupción del agua en nuestra región, “Huerta de Europa”, con no otra cosa nos encontramos que la generosidad y la benevolencia con el poderoso y el desprecio o el castigo con el débil, superviviente éste de un campo arrasado por el negocio y amparado por la corrupción desde hace mucho (pero especialmente envilecido, física y moralmente, por las aguas del Trasvase). 
 
Precisamente en estos días, nada menos que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) daba a conocer un informe sobre la catastrófica situación de manantiales y niveles freáticos en la Cuenca del Segura, señalando que un centenar de estos manantiales se encuentran secos o a punto de secarse …”por las extracciones de agua de los pozos cercanos”, pero sin añadir: “Todo eso es culpa nuestra, de la CHS, que nos importa un pito lo que le pase a esos hermosos manantiales históricos, y por eso consentimos extracciones masivas, pozos piratas e incumplimientos sistemáticos de la Ley de Aguas en pro del regadío, y además nos pasamos las denuncias por el arco del triunfo: ¿qué pasa?”.

Por supuesto que nuestras desgracias -las puntuales y dramáticas como las ordinarias, más discretas- se producen por la ausencia de vigilancia, en la que las autoridades -municipales, autonómicas, estatales- ponen muy escaso celo. 
 
Nuestras guarderías fluvial, costera o forestal son una birria, en permanente estado de adelgazamiento y pobreza de medios humanos y técnicos (y no excluyo al Seprona); y en ello se complacen las distintas Administraciones, que prefieren que las cosas discurran con la mayor tranquilidad posible: sin denuncias de sus propios elementos ni disgustos para los amigos y las empresas actuantes, siempre merecedoras de respeto y consentimiento por parte oficial. 
 
Y cuando las denuncias llegan desde afuera, como las de los ecologistas, la bien probada práctica de neutralización se encarga de (1) ignorarlas, (2) de dejarlas sin efecto cuando no se pueden ocultar, y (3) de enviarlas a procedimientos negros o vacíos cuando los administradores se ven obligados a cumplir plazos y renunciar a la ocultación impune; total, que muy pocas, poquísimas, prosperan, y cuando así se comprueba, el resultado es tardío, mínimo, o incluso nulo.

El compadreo y el consentimiento de los pozos ilegales (¿cientos, miles?), genera robo de agua, a cargo de la complacencia -ya que saber y no vigilar ni castigar es esto, a más de delito de consentimiento sostenido-, pero a estos hechos, ese nido de prevaricadores que es la CHS les ha dado carta de naturaleza, asumiéndolos como carne de su carne; y hasta se permite informar, incluso subrayando la desgracia de la pérdida de caudales y derechos, en modo alarma, como si los responsables no fueran esos funcionarios indolentes, perversos y acorazados. 
 
Que, dada su fuerza corporativa y su enquistamiento en la Administración del Estado, esta CHS es inmune a cualquier corrección, limpieza o saneamiento funcionarial, y así se desenvuelve, tradicionalmente, en el seno de Ministerios donde siempre medra como “Estado dentro del Estado”, soberana e intocable.

Por resumir este traslado al agua de la permisividad administrativa que florece en lo urbanístico-municipal, solo citaré, como un indicador suficientemente significativo la situación de los acuíferos en el Noroeste murciano, con la multiplicación de granjas porcinas que no siempre funcionan con licencia municipal, con el agua concedida o cumpliendo los debidos requisitos de la Consejería de Agricultura, que ni planifica ni ordena (solo dice que sí) ; es decir, mostrando la confluencia desvergonzada de las tres Administraciones confluyentes (porque no hay más…).

Ahí tenemos al ayuntamiento de Caravaca, que incluso se permite conceder licencia de obras en casos en que la CHS le ha advertido que la granja porcina del caso no dispondrá del agua necesaria: la licencia municipal se emite, la Consejería de Agricultura da su placet encantada y el propietario pincha sus pozos y se burla de la CHS, que conoce, consiente y calla. O ese secuestro del río Turrilla, en la estepa lorquina, cuyas aguas se bloquean (con dos filas de bloques de cemento) y el pillo de turno planta sus bombas y se lleva el agua a sus granjas. Todo esto se denuncia, la CHS ve y sabe: ¿y qué?

Y en el vértice de la pirámide presumiblemente vigilante, sea la materia delictiva de expresión municipal, autonómica o estatal, nuestros fiscales aparecen semiocultos, agazapados y fugitivos, acomodándose al escaso prestigio que les concede esta tierra de impunidad. 
 
Así, y a renglón seguido del incendio de las discotecas ilegales, a nuestro fiscal jefe, el del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, todo lo más que se atreve a decir es que “puede haber responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Murcia”, apuntando a que el castigo -si lo hubiere- se dirigirá principalmente sobre el directo culpable, no sobre los responsables indirectos, es decir, los últimos alcaldes, concejales y técnicos de la cosa, tan culpables como el empresario canalla. 
 
Lo que refleja otra realidad desgraciada de una tierra en manos de un poder global conservador, dentro del cual el judicial no suele desentonar. 
 
Un fiscal jefe al que le deben salir granos del susto cuando se entera- todos los días, como quien dice- de robos o abusos del agua, siempre a manos de los poderosos, o por irresponsabilidad de políticos o funcionarios, haciendo como que no se entera o que se trata de pecadillos a dirimir de forma no judicial; o, si no tiene más remedio, enviándole el asunto al fiscal subordinado, el de medio ambiente, un antipático e incompetente funcionario de la justicia al que le debe salir sarpullido cuando, por ejemplo, se le recuerda que investigue los milagros del agua en la finca del Chopillo, término de Moratalla, y otras pifias de suculentas extracciones de agua para extender el regadío en tierra de secano, forestal o quemada.
 
 En nuestros esfuerzos por salvar el agua y el futuro, los ecologistas en lucha hemos llegado a estar hartos de ambos -hablo de estos dos fiscales- por ineptos, miedosos y políticamente incorrectos: el pueblo y sus intereses parecen traerlos al pairo. Poco diferente es el juicio que me merecen los jueces y juezas de esta tierra con sus sentencias, tan escasas en este ámbito como inútiles de cara a su obligada, y esperada, ejemplaridad.

Total, que en casos de licencias, sean de obras o de actividad, o de concesiones de agua, sean indebidas o consientan en el robo, y en otros numerosos casos más, nuestra región florece con generosos corrompidos de toda laya y nivel, demasiado benevolentes hacia una tropa corruptora, de todo pelaje y pretensiones, que consigue lo que quiere con la seguridad de una impunidad altamente probable, cuasi sistémica, confiando en que la suerte (la de los canallas, tan extendida) librará a ambos grupos de malhechores del castigo correspondiente.

Porque, en efecto, la corrupción, la desidia y la mala fe, matan, humillan y destruyen. Murcia es un ejemplo cerril -profuso, desvergonzado, impune- de estas desgracias de origen político, de lenidad de esos a quienes votamos, o de indecencia de aquellos funcionarios cuyos sueldos pagamos: “Tú tira palante, y si pasa algo, yo no sé ná”.  
 
 
 
(*) Activista ambiental, ingeniero y profesor universitario