El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, disimula pero se sabe el objetivo político último del proceso desatado anoche en los juzgados de Lorca.
Es consciente de que por el hilo se llega al ovillo ya que sus hermanos Carlos y Marta, así como su cuñado Monge, presidente de la Federación Murciana de Fútbol, han sido y están siendo investigados en profundidad todavía por unidades altamente especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Resiste pero se sabe caza mayor y espera el momento final de ser abatido, él agarrado a su aforamiento y condición presidencial para llegar al 27 de mayo y jugársela a una sola carta.
Manteniendo el tipo, quizás asistido por algún tipo de ayuda orgánica para la ocasión, compareció Valcárcel esta tarde, después de la reunión del Consejo de Gobierno en San Esteban, para decir ante los informadores obviedades y banalizar la gravedad política de su propia situación relativa tras las querellas del fiscal-jefe del TSJ, López Bernal, contra varios altos cargos de su gabinete a raíz de sus actuaciones administrativas en el famoso "caso de La Zerrichera".
Sus frases de "no tenemos notificación", "sólo es una denuncia", "respeto la acción de la Justicia", "estoy plenamente convencido y confío en la honorabilidad de todas estas personas", "ahora solo cabe esperar", "hay primero que conocer los fundamentos jurídicos de la querella", "debemos saber todavía el sentido de esa denuncia", "hay que ver si la imputación de unos delitos pudieran ser tales" o "el tiempo dejará a cada cual en su sitio", sólo son cortinas de humo para no decir lo que la ciudadanía esperaba y ganar tiempo para elaborar una estrategia de desinformación y confusión, algo que ya practicó cuando su hermano Carlos fue pillado "in fraganti" al ser claramente relacionado con la empresa-incógnita "Polaris World".
Más sincero, tras una honda preocupación reflejada en su ya muy castigado rostro, ha sido el portavoz, consejero de Presidencia y exjurídico militar, el velezano Fernando Cierva, al no ocultar en su rápida comparecencia pública de todos los viernes, una "preocupación responsable solidaria", reconocer "la preocupación del gabinete por la querella del fiscal", y confirmar que el ejecutivo regional emitirá un comunicado oficial de valoración "cuando acceda a las imputaciones, saber en base a qué pruebas, indicios y nivel de acreditación, así como los fundamentos jurídicos en que se sustenta todo esto".
En el consejo de gobierno todos miran ahora de mala gana al consejero de Territorio y Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, por haber firmado en su día el "nihil obstat", la aprobación definitiva, de La Zerrichera. Desde hace tiempo esperaban por eso lo de hoy, por su culpa. A partir del lunes se abre necesarimente una nueva dinámica en San Esteban, descontando la imputación de Bascuñana en cualquier momento, a la vez que se tratará de ganar tiempo para que todos estos asuntos de supuesta corrupción urbanística no estallen en vísperas del 27 de mayo.
Pero todavía faltan dos tracas gordas más: Lo Poyo y Novo Carthago. ¿Qué juez se arriesgaría ahora a darle la razón a los imputados? Parece que no sería muy buen precedente.
La diputada Rosique sabe que ha "mordido" bien el fiscal-jefe esta vez, respeta su decisión y ahora aprieta al revelar y recodar que "Bascuñana firmó la aprobación definitiva" para urbanizar y construir en La Zerrichera. Espera que, por presunto cohecho, caigan en las garras de López Bernal los íntimos amigos Joaquín y Trinitario (Casanova). No se olvida de Marqués y del alcalde de Águilas como cooperadores necesarios para el más que evidente "pelotazo" de 75 millones de euros.
Por eso la cartagenera dirige su ataque directamente a Valcárcel: no le cabe en la cabeza que el Presidente (y su hermano) sean ajenos a esta operación especulativa. "A él le corresponde dar todas las explicaciones urgentemente porque están implicadas varias consejerías", en una responsable sesión parlamentaria monográfica,a juicio de esta diputada socialista y antes de IU.
Pero Valcárcel, noqueado como un boxeador acabado, ni cesa a los imputados ni pide voluntariamente comparecer en la Asamblea Regional. Tiene miedo al revolcón de que se descubra que los funcionarios, ahora en este trance, recibieron presiones de altos cargos políticos, tal como hacen parecer todos los indicios.Va a jugar a la desinformación y a tratar de hacer expiar sus culpas en cuerpo ideológico ajeno, hasta que el electorado no distinga entre políticos corruptos y políticos contra la insidia, la calumnia y el delito económico.
Rosique pone a Trinitario por testigo al recoger sus palabras de cuando públicamente llamó "débil y cobarde" a Valcárcel por no cumplir su palabra. ¿Qué palabra y para qué? También le interesa saber si el actual consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, mantiene o no en su cargo al "maldito" Alvarado. Parece que sí, y por mucho tiempo.
Con todo, la Oposición no quiere que Valcárcel políticamente se le escape en este primer envite de la Justicia, "por su responsabilidad máxima", y lo sitúa en el centro de tan enorme despropósito pidiéndole su comparecencia y que cese a quienes el fiscal jefe ha imputado ya. "A él le corresponde dar todas las explicaciones sobre algo que ya negó en sede parlamentaria y debe pedir él venir a la Asamblea antes de que lo tengamos que solicitar nosotros", soltó ayer la diputada Rosique
Estamos hablando, no de un solo presunto delito, sino de probables prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial. Sin duda, todo esto obliga a Valcárcel a dar explicaciones convincentes pero que chocan con esa estrategia de desinformación que él cree que lo va a salvar de salir en todos los telediarios.
Desde la Oposición se piensa que la responsabilidad política es de los que están por encima porque eran conscientes de lo que se estaba haciendo. "Hacían el trabajo sucio al gobierno de Valcárcel", ha dicho Teresa Rosique sin más rodeos.
