PARÍS.- Los diputados franceses aprobaron anoche el controvertido proyecto de ley sobre inmigración que incluye la posibilidad de quitar la nacionalidad a los naturalizados que hayan atentado contra las fuerzas del orden, o la expulsión de los ciudadanos comunitarios sin recursos.
El texto, que provocó una gran polémica en el país, fue adoptado por 294 a favor y 239 en contra, un corto margen que refleja que el proyecto no contaba ni siquiera con el apoyo de todos los diputados conservadores que sostienen al Gobierno.
Doce de éstos votaron en contra y 16 se abstuvieron, mientras que la mitad de los socios centristas de la mayoría también se opuso a la ley, al igual que el conjunto de la oposición de izquierdas, que lo consideró "peligroso y mortífero", además de "un retroceso generalizado de los derechos".
La ley, que será debatida ahora en el Senado, recoge los principales puntos del discurso sobre la inmigración pronunciado el pasado 30 de julio por el presidente, Nicolas Sarkozy, en Grenoble, que abrió la campaña de intensificación de las expulsiones de gitanos del país.
El texto facilita la expulsión de los ciudadanos comunitarios que no tienen recursos propios y establece medidas que permiten el cierre de campos de gitanos.
Además, endurece las medidas contra aquellos que vuelvan a Francia después de haber sido expulsados.
Otra de las medidas que creó más polémica es la que abre la puerta a la privación de la nacionalidad a aquellos naturalizados hace menos de diez años que atenten contra agentes del orden público.
Fue otra de las iniciativas emanadas del discurso de Sarkozy, pronunciado pocos días después de que un altercado entre una patrulla policial y un gitano, que resultó muerto al tratar de escapar, provocara desórdenes en el entorno de la ciudad alpina de Grenoble, lo que sirvió al Gobierno de excusa para intensificar su expulsión.
También ataca la nueva ley los llamados matrimonios "grises", aquellos en los que un extranjero engaña a un francés para casarse con el único fin de obtener la nacionalidad, una práctica que será penada con hasta siete años de cárcel, frente a los cinco actuales, y 30.000 euros de multa, el doble del de la pasada ley.
El proyecto del Gobierno dificulta el acceso de los extranjeros sin papeles a los servicios médicos, una de las medidas más criticadas por las organizaciones humanitarias.
El Ejecutivo defendió su ley porque regulariza la política sobre la inmigración y la pone de acuerdo con las directivas europeas.
