El CEU podría abrir otra universidad

Otra universidad privada podría abrir en la Región de Murcia antes del año 2010 de la mano de la ACP (Asociación Católica de Propagandistas). Se trata de la Fundación San Pablo-CEU y con el exvicerrector de la UCAM, Higinio Marín, como rector aquí de la prestigiosa institución docente, que tiene funcionando en Molina de Segura un centro de Secundaria desde los años 70 y un centro universitario en Elche desde hace diez, y al que acuden desde el principio, como alternativa académica de marca muy acreditada, numerosos alumnos provenientes de las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca, con resultados bastante aceptables y un título más prestigioso que el de la UCAM. La Fundación San Pablo-CEU la preside el democristiano Alfonso Coronel de Palma, nuevo presidente, además, de la COPE. Un peso pesado en su ambiente.

Marín acaba de ser nombrado vicerrector de la "Cardenal Herrera" para el "campus" ilicitano tras su salida por encontronazo con el presidente de la gestora de la UCAM, José Luis Mendoza, después de los anteriores y sonados desencuentros del atrevido hostelero cartagenero con el primer y breve rector, el doctor y periodista Santiago Fernández Ardanaz (hoy catedrático en Salamanca), despedido al retirarle su apoyo el obispo Azagra presionado por Mendoza al no poderlo manejar ninguno de los dos, y hasta con el segundo, Antonio Montoro, miembro del Opus Dei orillado hoy en la práctica también por Mendoza, dice que ante su estrecho contacto con destacadas figuras regionales de la masonería.

La UCAM es propiedad de su titular, la Diócesis de Cartagena, y comenzó su definitiva andadura gracias a los 50 millones de pesetas aportadas por el movimiento seglar "kiko" y al aval conseguido por Azagra en base a la venta de parte del convento existente en la calle San Antonio, de Murcia, lo que aceleró en el Vaticano aceptar su petición de jubilarse. De ahí la devoción al santo poniéndole su nombre a la Fundación mendocina y el protagonismo de Azagra en la UCAM, que lo acaba de nombrar doctor "honoris causa" como agradecimiento a su constante respaldo a la labor ejercida por Mendoza. Le acompañó el médico cartagenero Joaquín Navarro-Valls, portavoz dimisionario vaticano, y otro gran protector de su paisano, parece que antes de que se desaten previsibles acontecimientos incontrolables.

El proyecto universitario del CEU está todavía muy en ciernes pero la Universidad "Cardenal Herrera" tiene decidido aparecer muy pronto entre nosotros ante el rápido y creciente deterioro de la UCAM a casi diez años de su apertura. La Fundación "San Antonio" (integrada, al parecer, por José Luis Mendoza y su hermano Vicente únicamente) tiene con el Obispado de Cartagena un contrato por cincuenta años para gestionar la UCAM pero los problemas de calado con el actual prelado, Reig Pla, y con el propio Camino Neocatecumenal, primer gran financiador en su momento, han sufrido una escalada, al igual que ya sucedió con monseñor Ureña, hoy arzobispo de Zaragoza, por poner Mendoza a su nombre bienes negociados para la propia Fundación "San Antonio".

Esa operación se ha vuelto a repetir con instalaciones de la UCAM en Cartagena, mientras el clima entre la gestión y el claustro se ha tornado tan irrespirable que la salvación de esta joven institución docente parece pasaría, según algunos padres de alumnos, por la urgente desaparición de Mendoza de la gestión diaria al atreverse ahora, pese a carecer de la titulación universitaria correspondiente, también a la académica. Su retirada podría ser ya, a final del curso próximo pese a haber regalado varios "Rolex" de 600.000 pesetas a todas aquellas jerarquías a las que ha invitado a lucirse en la UCAM porque él pensaba le podían ser útiles para su supervivencia.

Si bien el contrato de la Fundación "San Antonio" con el Obispado de Cartagena es por cincuenta años para gestionar la UCAM, el titular de esta universidad podría denunciarlo por algún tipo de incumplimiento o irregularidad, y buscar un nuevo gestor, que también podría ser la Fundación San Pablo-CEU, hasta desarrollar su proyecto en estas instalaciones, donde Higinio Marín ha sido la verdadera "alma" académica hasta hace bien poco.

En la gestación en su día de la UCAM por un grupo de padres católicos murcianos, estos ya propusieron al entonces arzobispo de Granada, monseñor Antonio Cañizares, administrador apostólico de la diócesis vacante por la jubilación del obispo Javier Azagra, llegar a un acuerdo con la "Cardenal Herrera" ante las dudas que le suscitaba la apropiación total del proyecto por Mendoza tras seducir al prelado navarro. Cañizares, a la sazón presidente de la subcomisión de universidades en la Conferencia Episcopal, se negó, intoxicado por Mendoza sobre los fines masónicos de esos padres que lo recusaban después de haber confiado en su persona y haber puesto la primera financiación, y porque los de la Fundación San Pablo-CEU no eran gente de su cuerda. Prefirió apostar por un inquietante e iluminado Mendoza, quien por otra parte, en un acto más de incoherencia, no hace a las familias numerosas el descuento que le ha venido pidiendo el obispo de turno desde Ureña.

El Obispado de Cartagena ha recibido hasta el momento muy poco dinero de la explotación de la UCAM mientras Mendoza invierte beneficios en la Construcción ante la perplejidad de una Conferencia Episcopal, que no entiende ir de la mano con un señor sin ninguna acreditación ni experiencia anterior en el tema y que, además, se comporta de que manera. Ninguna otra diócesis vecina o cercana ha aceptado que Mendoza ponga en ellas sucursales de la UCAM. Y hasta el Arzobispado de Valencia ha creado otra universidad católica sin pensar que entraba en competencia (por Alicante) con el centro de Guadalupe-La Ñora.

Eso sí, Mendoza no ha faltado ningún año a Roma para llevar al Papa el óbolo de San Pedro y garantizarse así cierto apoyo de determinados cardenales, como monseñor Trujillo y, ya en España, de Rouco y Cañizares, aparte del Nuncio Monteiro de Castro. Su objetivo estratégico es no estar al alcance del obispo de turno en la plaza de Belluga. Pero sus días parecen contados después de tantos errores e injusticias, y no estar nada bien visto entre la Curia vaticana. Benedicto XVI ya lo midió cuando era Ratzinger y pasó una semana en su compañía. Ahí puede estar la mejor clave del cantado relevo.

El PSOE no se opone a la provincia de Cartagena

El PSOE no se opondrá a la creación de la provincia de Cartagena, si así se desprende de una petición, en ese sentido, de la ralentizada por Valcárcel reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a tramitar y votar posteriormente como ley orgánica por las Cortes Generales, hoy con una mayoría progresista liderada por Zapatero. El único inconveniente todavía es que esta ciudad encuentre suficiente territorio en el entorno, dispuesto a constituir, junto al hoy municipio de Cartagena, una nueva provincia que integrase a los circundantes de la comarca del Mar Menor y Campo de Cartagena, más el de Mazarrón en el Bajo Guadalentín, e incluso Águilas llegado el caso. Es decir, toda la fachada litoral de esta tierra que, de paso, también podría cambiar de nombre, si hay nueva provincia, y pasar a denominarse Región Murciana para evitar más equívocos, y agravios a terceros con identidad e historia propias y singulares dentro de ella, caso de Cartagena, Caravaca, Cehegín, Jumilla, Yecla o Lorca.

El Gobierno central tiene noticia de las aspiraciones cartageneras y ya ha propuesto a las autoridades locales, a través de su Delegación ante la Comunidad Autónoma, y concretamente a la alcaldesa de Cartagena, del PP, Pilar Barreiro, ir abriendo en la ciudad los mismos servicios que la Administración Periférica del Estado tiene en Murcia, como reconocimiento "de facto" a su virtual rango de población, y que ya fue capital de una provincia marítima antes de la definitiva división de España en 50 provincias, en 1834, que es la reconocida en la vigente Constitución y que también actúa como circunscripción electoral. Se estudia a un tiempo la idea de crear en Murcia capital una subdelegación del Gobierno, como ya existe en las regiones uniprovinciales de Madrid y Asturias, independientemente de si Cartagena logra, o no, su provincialidad en esta ocasión.

La idea del Gobierno es acostumbrar a los vecinos de los municipios circundantes a que acudan a Cartagena a solucionar problemas por los que hoy acuden a Murcia y así crear cierta identidad previa para no forzar en exceso la creación de la provincia. Lo que se pretende, pues, haya o no provincia de Cartagena finalmente, es desdoblar la administración estatal dentro de la Región de Murcia, tal que, como precedente legal, en Cádiz se ha hecho con Algeciras como capital de la comarca del Campo de Gibraltar, sin llegar a ser capital de provincia, y también, salvadas las diferencias, tal como funciona el Estado en todos nuestros territorios insulares de Baleares y Canarias, y antes de ser comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla. Como ejemplos cercanos ahí están el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, de carácter provincial, que tienen tanto Cartagena como Murcia. O la delegación de la Agencia Tributaria, también de rango provincial normalmente, que tiene Cartagena como si ya fuese capital de un territorio diferenciado. O la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, que siempre ha estado allí. Estas excepciones operativas de la Administración Central confirman la regla y su flexibilidad.

El problema radica en la división de opiniones dentro del PP regional. Mientras la mayoría del PP de Cartagena, con la excepción de gente como la alcaldesa, y otra vez candidata a la alcaldía, Pilar Barreiro, se muestra a favor (caso del presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán) empujado por el mundo económico local, un sector minoritario, conectado con Valcárcel y su núcleo de apoyo económico en Torre Pacheco, se muestra radicalmente en contra y tratará de sustraer la resolución del debate todo lo que pueda. Cuentan, además, con la oposición inicial a la provincia de Cartagena de los alcaldes del PP en Fuente Álamo, San Pedro, San Javier, San Pedro del Pinatar y, por supuesto, Torre Pacheco. Los alcaldes socialistas de La Unión y Los Alcázares, ambos en la cuerda floja de la no continuidad, se mantienen a la expectativa pero escépticos sobre las ventajas de estar tan cerca de una nueva capital de provincia.

El proceso propuesto generosamente por el Estado para Cartagena no es incompatible funcionalmente con que la Comunidad Autónoma de Murcia desarrolle en paralelo otro proceso de comarcalización por descentralización, previo o en vez de, la creación de la provincia de Cartagena si obtiene, o no, en la Asamblea Regional los votos suficientes como para incluirla en la reforma del Estatuto de Autonomía y luego esa reforma es aprobada o no, por las Cortes Generales, incluyendo la consiguiente reforma de la Constitución para que acoja los virtuales cambios que una nueva provincia implicaría en la Carta Magna, aparte de la creación de dos nuevas diputaciones provinciales y una subdelegación del Gobierno en aquella ciudad.

En cualquier caso, a partir de ahora, pase lo que pase, Madrid va a empezar a tratar a Cartagena con la importancia que, por población y economía, tiene, y la justicia que históricamente merece. Podríamos ser en España la primera región con dos capitales en la práctica si la segunda provincia la impiden con su voto las fuerzas retardatarias de siempre. Y la clase económica dirigente local exige un mayor equilibrio político dentro del territorio de esta Comunidad Autónoma.