El
auto emitido ayer viernes ordena que se sienten en el banquillo en esa misma
vista junto al también exsecretario general del PP en la región de
Murcia y por los mismos delitos el exjefe de Planeamiento Urbanístico
municipal Joaquín Peñalver y el exdirector de la Gerencia de Urbanismo local Pedro Morillas.
El fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano pidió en febrero para Cámara y Morillas diez años de inhabilitación
para empleo o cargo público y ocho años y siete meses para Peñalver por
su presunta actuación delictiva en la firma del convenio entre el
ayuntamiento de Murcia y el club de fútbol Real Murcia para la
construcción de su nuevo estadio en la zona de expansión norte de la
ciudad, en Churra.
Según el fiscal, la actividad supuestamente
prevaricadora se inició en 1999, con la firma de un protocolo de
intenciones entre Cámara y el entonces presidente del club, Jesús
Samper, fallecido el pasado 18 de diciembre, en el que se expresaba la
voluntad de ambas partes de que se construyera un nuevo campo, y alcanzó
su punto decisivo con la del convenio, en 2001, que ponía en marcha el
procedimiento para hacerlo a cargo de la sociedad deportiva.
Siempre
según el fiscal, Cámara se habría aprovechado de la colaboración de los
otros dos investigados para firmar un acuerdo que habría reportado
beneficios millonarios para Samper en perjuicio del interés general al
no serle reclamada la obligada cesión al municipio del 10 por ciento del
aprovechamiento urbanístico del plan parcial aprobado por el
ayuntamiento.
El abogado del exalcalde, José María Caballero, ha
recordado hoy que está pendiente de resolución en la Audiencia
Provincial de Murcia un recurso de reforma y subsidiario de apelación de
su cliente contra la incoación de procedimiento abreviado, una vez
finalizada la instrucción, en el que entiende que no hay delito y que,
de haberlo, habría prescrito por la dilación del procedimiento.
Según
Caballero, con los plazos en los que se mueve la justicia, podría darse
el caso de que se celebrara el juicio oral antes de la resolución del
recurso que hiciera innecesaria la vista, aunque este no paraliza este
procedimiento, que es una pieza separada de una mayor de presunta
corrupción urbanística, conocida como caso Umbra, en la que se sobreseyó
provisionalmente la imputación de Cámara.
El abogado se muestra
contrario a la consideración que en su opinión otorga el fiscal al
protocolo de 1999, puesto que se trata de un documento en el que se
expresa la voluntad de dotar al municipio de mejores infraestructuras
deportivas, pero no tiene ningún valor resolutivo ni plantea acciones
ejecutivas, indica.
También pone en duda la figura que le imputa a
su defendido de prevaricación continuada al entender el fiscal, según
la interpretación del letrado, que se produce cada vez que se pone en
marcha alguna de las acciones previstas en el convenio que en su día
aprobaron los concejales del PP y el PSOE en el ayuntamiento, con el
voto en contra de IU.
Por su parte, el portavoz del grupo
municipal socialista en el ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Gras, ha
indicado hoy en un comunicado que estas investigaciones, junto con
otras que afectan al presunto cohecho del exedil con Cámara José Ros en
la adjudicación por mil millones de euros de la contrata de limpieza de
la ciudad por 20 años a Cespa-Ferrovial, son "hechos muy graves que
ponen en tela de juicio la gestión del PP, podrida de raíz".
"La
falta de control, donde han primado los intereses particulares, es el
resultado del abuso de la mayoría absoluta", señala, tras lo que afirma
que "el sistema está corrompido y hay que airear todos los casos
denunciados e investigados, lo que no se puede hacer con sus herederos
al frente de las concejalías".
