Cuestión de tiempo / Carmen Tomás

Era cuestión de tiempo que la economía española comenzara a mostrar signos de enfriamiento. Hace meses que se viene advirtiendo desde muchos frentes. El Gobierno ha preferido y prefiere mirar para otro lado. El vicepresidente Solbes, por ejemplo, que hace unos meses nos intentaba convencer de que el endeudamiento brutal de las familias españolas y, por tanto, su falta de ahorro, se compensaba con el valor de sus viviendas, ahora dice que es bueno y "cómodo" que con el mismo endeudamiento o más, las viviendas bajen de precio.

En fin que hay unas ganas enormes de no decir la verdad sobre lo que está pasando y cómo puede evolucionar. Los tipos de interés van a seguir subiendo, la inflación se va a disparar a causa de los altos precios del petróleo y exportar cada vez se está poniendo más difícil con un euro altísimo. Como ya hemos sabido en estos últimos días la presión fiscal ha subido y la capacidad adquisitiva de los salarios ha bajado. Si a todo esto le sumamos que la construcción flojea -los precios de los pisos están bajando, sobre todo los de segunda mano- y se van a construir menos viviendas, las dos patas fundamentales que sostienen el alto crecimiento económico se desaceleran sin que haya una clara alternativa de cambio en el modelo.

Podemos seguir pensando todo el tiempo que queramos que los economistas, periodistas extranjeros y bancos de negocios que llevan meses alertando de lo que puede avecinarse en España en materia económica son catastrofistas. Pero la realidad va imponiéndose poco a poco en cifras y es cuestión de tiempo, si no se toman algunas medidas liberalizadoras y se bajan los impuestos, que este enfriamiento comience a afectar al empleo que ya es la tercera preocupación de los españoles según la última encuesta del CIS.

ANSE protesta por la degradación del espacio protegido de las Salinas de Marchamalo

CABO PALOS.- Miembros de la Asociación han realizado una acción de protesta en las Salinas de Marchamalo para llamar la atención por el abandono y degradación de este importante espacio natural protegido de la ribera del Mar Menor.

Una docena de activistas han acumulado una montaña de sal para reivindicar su extracción y así evitar la muerte de las salinas. Numerosas cruces simbolizaban la pérdida de diversas especies protegidas, y dos pancartas llamaban la atención sobre la necesidad de proteger el Mar Menor: “Las salinas se mueren, recuperación ya” y “Protejamos el Mar Menor”.

La Asociación pide al Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, una actuación inmediata para la extracción de la sal, que no se aprovecha desde mediados de los años 90, e inicie el trámite de expropiación con el objetivo de recuperar una actividad compatible con la conservación de importantes valores naturales y culturales.

A pesar de haber recibido diversas subvenciones por parte de la Comunidad Autónoma para evitar el abandono de las salinas, los propietarios de este espacio natural se han limitado a introducir agua sin extraer la sal, lo que ha provocado el colapso de buena parte de las charcas.

Para ANSE no hay lugar a dudas: “Las salinas de Marchamalo están al borde de desaparecer como humedal”. Estas Salinas son un enclave de elevadísimo valor ambiental y cultural, tal y como lo atestiguan las múltiples figuras de protección que les dan cobertura: Zona de Especial Protección e Interés para el Mediterráneo (ZEPIM), Humedal de Importancia Internacional Ramsar, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y Paisaje Protegido.

Las Salinas de Marchamalo son, junto con las Salinas de San Pedro del Pinatar, las únicas en la Región de Murcia que presentaban una lámina de agua permanente a comienzos del siglo XXI, acogiendo un importante contingente de aves acuáticas reproductoras e invernantes, así como una interesantísima población de fartet (Aphanius iberus), un pececillo endémico amenazado. El resto de salinas del litoral se encontraban abandonadas (por ejemplo, las Salinas de Lo Poyo o las de Rasall en Calblanque,) o bien están siendo urbanizadas (caso de Mazarrón, Los Narejos y Veneziola).

ANSE advierte además que la escasa entrada de agua a las salinas provocará que el actual proceso de desecación, que ya ha ocasionado la pérdida de muchos de los estanques salineros, seguirá extendiéndose al resto. A su vez, la pérdida de parte del agua por evaporación ocasionará la progresiva salinización de los mismos, acabando con todas las formas de vida.

Este proceso continúa, y resulta visible, al comprobar la desaparición de aves acuáticas tanto de los estanques que se han secado, como de otros con altísimas concentraciones salinas o en algunos que están colmatados por la acumulación de sedimentos.

Resulta paradójico que esta degradación se esté produciendo, precisamente, cuando la Dirección General del Medio Natural ha obtenido cuantiosos fondos comunitarios dentro de un proyecto LIFE para la conservación del fartet (diversos carteles informan del proyecto sobre el terreno). A juicio de ANSE, la pasividad de la Consejería de Medio Ambiente, que aún no ha dado respuesta a sus denuncias de 2005 y 2006, está poniendo en riesgo dicha financiación.

No obstante, el abandono de la práctica salinera no es la única amenaza que se cierne sobre este humedal, la presión urbanística a la que está sometida o el vial planteado por la propuesta de nuevo planeamiento para Cartagena contribuirían notablemente a su degradación.

No debe olvidarse que la mayor parte de las salinas son propiedad de una de las empresas del conocido constructor Mariano Roca, que presentó alegaciones al Plan de Ordenación de Recursos Naturales de los “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo”, solicitando que se permitiera la construcción de viviendas unifamiliares en los cultivos de secano que rodean las salinas, y que forman parte del espacio protegido.

El Sindic de Comptes destapa la falta de control urbanístico en la Comunidad Valenciana

ALICANTE.- Los principales municipios de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana firman convenios urbanísticos y proyectos de reparcelación sin el control de sus interventores, según recoge el informe especial elaborado por la Sindicatura de Comptes que dirige Rafael Vicente Queralt sobre la gestión del suelo de los consistorios y remitido ayer mismo a las Cortes.

La memoria del auditor público, que recoge en general una situación de descontrol del patrimonio en las grandes poblaciones, denuncia que los consistorios están eludiendo de forma sistemática la obligatoriedad de inventariar el suelo municipal y, de esa manera, evitan la reserva obligatoria para la construcción de vivienda protegida.

El estudio de la Sindicatura, con datos correspondientes a 2005, incluye la revisión del patrimonio municipal del suelo en poder de los ayuntamientos de Alicante, Calp, Dénia, Santa Pola, Elche, Orihuela y Torrevieja además, obviamente, de Castellón y Valencia. Es decir, las capitales de provincia, las ciudades de más de 100.000 habitantes y las cinco localidades con, al menos, veinte mil censados de la Comunidad Valenciana que han tenido un mayor crecimiento de población en los últimos cuatro años de acuerdo a los datos del INE.

El escenario que pinta el documento es el de un descontrol casi total y absoluto en la gestión del suelo y en la actividad urbanística. La Sindicatura, de hecho, critica con dureza a los municipios por eludir la auditoría de sus propios interventores. «No se tiene constancia de que en ningún ayuntamiento la intervención fiscalice los convenios urbanísticos ni los proyectos de reparcelación. En general, la fiscalización de las adquisiciones - señala la Sindicatura - cuando se realiza es parcial».

El organismo dependiente de las Cortes Valencianas y dedicado a auditar las cuentas públicas considera que la actividad urbanística debía estar fiscalizada en tanto que genera, aunque no tiene porque ser en efectivo, un movimiento económico y de fondos.

El desbarajuste en el patrimonio del suelo es de tal magnitud que todos los ayuntamientos «debían haber constituido» un inventario específico que ordene sus terrenos y parcelas pero, sin embargo, «ninguno» lo ha hecho formalmente.

En consecuencia, en opinión de la Sindicatura de Comptes, «existe un incumplimiento relevante de la normativa aplicable de aquellos ayuntamientos - recoge la memoria del auditor público - que no llevan un inventario o registro específico de los bienes y derechos que integran el Patrimonio Municipal del Suelo, lo que impide su control y que se destinen los bienes que lo integran, a los fines previstos en la ley».

Eso supone que, al no haber un control exacto de la cantidad de suelo municipal, los ayuntamientos eluden la exigencia de una reserva de suelo mínima para la construcción de viviendas en régimen de protección oficial.

De hecho, únicamente dos ayuntamientos de los auditados por el organismo dependiente de las Cortes Valencianas han facilitado altas de los bienes incorporados a su patrimonio. Y tan sólo tres han contestado, asegura la Sindicatura en su informe especial, sobre el número de operaciones relacionadas con la promoción pública de viviendas lo que impide conocer el destino del suelo público.- (EPI)

El ladrillo pasa factura a Bancaja al aumentar su calificación de riesgo

VALENCIA.- La agencia internacional de medición de riesgo Fitch rebajó ayer una calificación («rating») de Bancaja debido al riesgo derivado de su concentración en el sector inmobiliario. Fitch Ratings ha recortado el rating individual a B desde A/B, y explica también este recorte por su participación en Iberdrola, donde controla el 6,03%.

Además, Fitch ha confirmado los ratings de la entidad en el largo plazo y corto plazo de la caja en A+ y F1, respectivamente. La agencia de calificación mantiene la perspectiva «estable», ya que confía en que la entidad continuará arrojando resultados positivos y en su capacidad de generar capital de forma orgánica.

Fitch matiza, en cualquier caso, que esta exposición al mercado inmobiliario «queda mitigada» por la «especialización» del grupo en la gestión de este tipo de activos, en las políticas y controles existentes y en la «adecuada diversificación geográfica y por productos» de la entidad.

Bancaja, por su parte, explicó que la evolución del rating «se ajusta» a la situación de «incertidumbre» del mercado inmobiliario, «en la medida en que Bancaja es una entidad especializada en la gestión del riesgo promotor y mantiene unos determinados niveles de exposición en su balance a estos riesgos».

Asimismo, la caja señaló que la evolución de su cuenta de resultados «continúa la tendencia favorable de los últimos años con crecimientos de todos los márgenes, especialmente de negocio, y una mejora constante del ratio de eficiencia».

La evolución esperada de los recursos propios de la entidad por la generación recurrente de resultados y por el impacto positivo de la operación societaria antes descrita, «van a permitir alcanzar unos niveles de core capital y de solvencia en el entorno del 6 y 12 por ciento, respectivamente, con un exceso de recursos propios sobre requerimiento normativo del 46 ciento».

Bancaja es la tercera caja de ahorros de España por activos con presencia en todas las provincias españolas con una red de más de 1.500 oficinas del grupo. En el primer semestre de 2007, el grupo obtuvo unos resultados netos de 347 millones de euros con un volumen de negocio de 164.729 millones de euros, lo que supuso una mejora del 31,04%.- (Agencias)

De Portus Magnus a un cementerio / Juan Redondo

Dicen que matar a un vivo no es fácil, pero que resucitar a un muerto es milagroso. Es la larga historia de la Bahía de Portmán. Los romanos le llamaron Portus Magnus cuando los minerales de la Sierra de Cartagena y los salazones del Mar Menor surtían a la gran urbe. Por condiciones naturales siempre fue una de las bahías mas bellas del Mediterráneo. Hasta que llegó la contaminación y contaminar es fácil y a veces hasta barato, pero descontaminar es caro y muy complicado.

En la primavera del 90, el entonces presidente de la Comunidad, Carlos Collado, con gabardina y los pelos al aire, no sé si por el levante o el lebeche, asistió al cierre de los vertidos. El enorme grifo alargado había estado vomitando toneladas de estériles día y noche durante más de 40 años. Portmán era una bahía cenagosa hasta los bordes del antiguo paseo y algunos norays recordaban tiempos de esplendor marino.

Una pista de bolos cartageneros, un merendero tradicional con belmonte fresco, caracoles y pelotas y poco más. Un auténtico cadáver con millones de toneladas contaminantes. Y dicen que todo por “intereses estratégicos” de una multinacional en cuyo consejo de administración se sentaba un ministro del anterior régimen.

En la década de los cuarenta del siglo pasado las entrañas de la sierra minera horadadas durante miles de años tenían ya poca leche que dar. Y a la multinacional Peñarroya se le ocurrió buscar en la basura. Se pasó de la minería de galerías a la de cielo abierto. Grandes balsas lavando estériles para recuperar restos valiosos de blenda o galena. Y los sobrantes al mar a través de un enorme tubo. El último gran lavadero se llamaba Roberto y es incalculable la cantidad que vomitó al antiguo puerto orgullo de los romanos.

Cuando se cerró apenas quedaban unos centenares de mineros. Peñarroya había vendido la empresa a los empresarios cartageneros Alfonso García y Mariano Roca y se fue como la mosca dejando los residuos.

Y empezaron los proyectos de regeneración y limpieza de Portmán. Han pasado caso veinte años y se está empezando a intentar arreglar el desaguisado de cuarenta. Con los últimos gobiernos socialistas las instituciones municipales y regionales empezaron a hablar con la entonces secretaria de Estado Cristina Narbona.

En los ocho años de Aznar y los doce de Valcárcel los proyectos no han pasado de ser meras declaraciones de intenciones. Parece que que el próximo año podrían licitarse las obras, con una inversión entre 150 y 200 millones de euros. Hasta el 2009 no empezarían las obras, con un bello proyecto en maqueta, para intentar dar vida a una preciosa bahía que por “intereses estratégicos” de una multinacional se convirtió en un cementerio con algún noray de testigo.
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El alcalde de La Unión ofrece tres pactos a IU para dejar clara su «intención de diálogo»

LA UNIÓN.- El alcalde popular de La Unión no ha querido dejar pasar mucho tiempo para ofrecer al concejal de IU, José Haro, tres acuerdos puntuales con objetivo de «dejar claro desde ya el sincero diálogo que quiere mantener el gobierno local con IU», señaló Francisco Bernabé.

La primera oferta de pacto se refiere a «ampliar la protección patrimonial y ambiental de la Sierra Minera y rebajar en varios miles de viviendas» las 22.000 que estableció el anterior equipo de gobierno en el nuevo PGOU, que se encuentra a falta de aprobación definitiva por la comunidad autónoma.

La segunda consiste en «conseguir que la mercantil Peinsa compense al Ayuntamiento adecuadamente por el convenio de restauración de la Casa del Piñón», cuestión ésta que suscitó denuncias judiciales y fuertes enfrentamientos políticos la pasada legislatura entre la oposición y el gobierno del PSOE.

En tercer lugar, el PP propone la realización de una auditoria en diferentes departamentos y servicios municipales, como el Festival del Cante de las Minas, la Fundación del centro ocupacional de discapacitados Andrés Martínez Cánovas y el Patronato Municipal de Deportes.

Según el alcalde, «los servicios técnicos municipales no han tenido acceso a su gestión en los últimos 8 años».

Por su parte, De Haro se ha mostrado dispuesto a «concretar estos posibles acuerdos», aunque ha pedido expresamente a Bernabé «que también haga partícipe al PSOE de ellos».
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14 familias murcianas se declaran en quiebra por no poder pagar su deudas

MURCIA.- El Banco de España anunció hace unos días que el 85% de las familias murcianas están endeudadas. Esta situación, a veces extrema, ha llevado a que catorce familias de la Región, al igual que les sucede a algunas empresas, se hayan visto obligadas a declararse en quiebra o en suspensión de pago, porque no pueden hacer frente a sus facturas o compromisos bancarios contraídos.

Esta situación de endeudamiento familiar ha llevado, según alerta la Unión de Consumidores y Usuarios de Murcia (UCE) a la proliferación de la figura del prestamista privado carente de licencia y que cobra hasta un 25% de intereses, sin ofrecer ningún tipo de garantía para las familias endeudadas. Por ello, UCE aconseja acudir sólo a asesores financieros regulados y con establecimiento abierto al público para evitar «ser estafados por los concesionarios de créditos privados».

Por esta razón UCE firmó un convenio con la Asociación Profesional de Asesores de Inversión y Financiación de España (AIF), para así y «sin coste alguno» todo el que se acerque a la sede de los consumidores pueda pedir consejo y asesoramiento para mejorar las condiciones de sus hipotecas.
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