Valcárcel guarda silencio tras aparecer citado su nombre en un sumario judicial escandaloso

MURCIA.- El presidente de la Comunidad de Murcia y del PP de la Región, Ramón Luis Valcárcel, permanece en completo silencio tras conocerse el pasado domingo parte del sumario de la operación policial desarrollada en Torre Pacheco y Fuente Álamo poco antes del pasado verano. Ya dijo hace unos días que no pone la mano en el fuego por nadie, "como haciéndose de nuevas en estos temas, que salpican a militantes de su máxima confianza", dicen los socialistas.

La aparición de una cita textual con su nombre, hoy, en la trascripción de unas escuchas telefónicas judicialmente autorizadas a la Guardia Civil, ha provocado que los socialistas lo reclamen en la Asamblea Regional para que se explique.

Según esa trascripción, el presidente estaba al corriente de la investigación policial y de una hipotética estrategia para afrontarla por parte de los cargos públicos de su partido, a los que involucraba, y lo estaba puntualmente de la mano del entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, quien, para los socialistas, "se puso de parte del delito en vez de la Justicia".

A tenor de la versión de diversos altos fucionarios con destino en San Esteban, Valcárcel permanece en situación discreta desde ayer para ahorrarse tener que dar explicaciones a los medios de comunicación cuando, cada día, depara una nueva sorpresa para su partido conforme trasciende el contenido de las citadas grabaciones ordenadas por el Juzgado nº 4 de San Javier.

Sin embargo, fuentes del PP aseguran que el presidente comparecerá ante la prensa en las próximas horas y, como muy tarde, antes de que acabe esta semana, pero una vez que conozca todo lo que revela la parte del sumario sobre el que se ha levantado el secreto. Un nutrido grupo de abogados, catedráticos y especialistas le asesora en la conducta a seguir, ante el curso de los acontecimientos, a un mes de las elecciones generales.

Por eso, los socialistas lo quieren cuanto antes en la Asamblea Regional para que explique a los diputados "todo lo que sabe" porque piensan que, cada día, "aparece más claro que él estaba al corriente de lo que estaba pasando". Y esperan que Valcárcel no se salga por la tangente, "y se esconda detrás de vanas palabras", más bien, que "acceda a comparecer y nos explique todo lo que sabe", en clara referencia a la trama de presunta corrupción generalizada, que está aflorando, de políticos y técnicos, en la política municipal de la Región de Murcia.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, de viaje en la Región, ha dicho hoy que "vaya conversaciones", en clara referencia a todo lo que trasciende del sumario ahora conocido parcialmente y sobre lo que dijo sentirse avergonzado. También pidió respeto para la independencia profesional de jueces y fiscales, "que defienden el interés público", tras ponerla en cuestión el PPRM a través de su portavoz, Juan Carlos Ruiz. "Que la pague todo el que se haya lucrado, sea del partido que sea".

«Parece ser que la juez en la que ha caído es bastante 'pepera'» (Fernando de la Cierva)

MURCIA.- En menos de quince horas, el día 25 de mayo del año pasado -24 días antes del registro judicial en el Ayuntamiento de Torre Pecheco- la Guardia Civil intervino una docena de llamadas telefónicas entre el ex consejero Fernando de la Cierva, el alcalde Daniel García, el diputado nacional del PP Alberto Garre y una señora identificada como la mujer de Isidro, que fue quien miró en el Libro de Registro del Decanato de los juzgados de San Javier para comprobar quién había presentado la denuncia, contra quiénes iba dirigida y qué se les imputaba, según publica hoy "La Verdad".

El desencadenante de la situación fue una llamada, pasada la medianoche, del ex consejero de Presidencia, De la Cierva, al alcalde de Torre Pacheco para informarle de que corrían rumores de que el juzgado habría abierto unas diligencias contra éste, el empresario Facundo Armero y el concejal de Urbanismo, y que el fiscal habría mandado esos documentos al juzgado número cuatro de San Javier, según se recoge en las grabaciones del sumario.

Seguidamente, ambos se ponen de acuerdo para comprobar con exactitud estos extremos, a lo que el alcalde dice que tiene «gente conocida en los juzgados que se pueden enterar». De la Cierva le responde: «Vale y yo también tengo a gente movilizada y si cualquiera nos enteramos de algo nos llamamos».

Más adelante se produce otra llamada de De la Cierva, que le ofrece nuevos datos y le comenta: «Parece ser que la jueza en la que ha caído es bastante pepera». Le recomienda al alcalde que acuda al procurador para que se entere en el juzgado, y que el asunto estaría declarado secreto.

«Nos quedan diez horas»

Por la mañana, a las 9:25 horas, hay una conversación entre el alcalde y el diputado nacional del PP Alberto Garre, donde hablan del asunto y tratan de tranquilizarse. Aluden a la mujer de Isidro, que es la persona con quien el alcalde habla minutos después y que trata de averiguar en el juzgado el fondo del asunto.

Esta señora le comenta a Daniel García que puede acceder al Libro de Registro: «Sabes, que no hace falta que... que es que eso es simplemente entrar a Decanato, coger el libro y nadie sabe que lo estoy mirando o no mirando».

El alcalde le contesta: «Vale, pues eso, en los últimos quince o veinte días». La mujer añade: «¿Puede haber algún imputado más...? A lo que Daniel García contesta: «Na, si con el mío será, está el mío seguro (...) Tú cógelo y ya está».

Le sigue otra conversación con Fernando de la Cierva y seguidamente la mujer de Isidro le comenta lo que ha visto en el Libro de Registro. Se produce una confusión entre denunciantes y denunciados.

Se sucede otra comunicación con De la Cierva y una tercera con la mujer, que le informa además del número de las diligencias previas. «He tenido que cerrar ya porque venía la gente a preguntarme qué estaba buscando...», le comenta al alcalde.

Aparece otra conversación con Garre, donde quedan en hablar por un teléfono fijo. Después, a las 12:57 horas, De la Cierva le hace saber al alcalde que lo ha puesto «lógicamente en conocimiento de Ramón Luis». El alcalde le pregunta «¿Y qué te ha dicho?» «No, no, na, Ramón Luis. Entonces para que lo sepas lo sabe Ramón Luis, lo sé yo Alberto y tú. ¿vale?».

Finalmente a las 14:35 horas, el ex consejo le dice al alcalde que se «centre» en lo suyo y punto, «y a olvidarte de esto». «Nos quedan diez horas». García le responde: «¿Nos quedan diez horas? Me voy a follar a más de uno el domingo, fíjate lo que te digo».

De la Cierva le replica: «Nos quedan diez horas, ¿sabes lo que quiero decir?». El alcalde contesta: «Ja, ja». Esto último en alusión probablemente el cierre de campaña electoral y las elecciones del domingo día 27.

Valenzuela: «La aprobación inicial la haces por decreto»

Tanta confianza existía entre el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y el abogado y alto directivo de Polaris World, Daniel Valenzuela, que se llamaban uno al otro por apelativos cariñosos como rey, cansino, dani, tío...

Entre ambos aparecen registradas en el sumario numerosas conversaciones telefónicas, en las que destacan extractos como éste:

-Daniel (Polaris): Díme, Dani...- Daniel (Alcalde): Mañana lo tienes.-Daniel (Polaris): Vale.-Daniel (Alcalde): Me ha dicho que... la arquitecta... ¿menos mal que hemos cambiado de arquitecto! La arquitecta lo va a informar favorablemente mañana.O como el siguiente:-Daniel (Polaris): Hola, rey.-Daniel (Alcalde): Cansino, acabo de firmar, acabo de firmarlo.-Daniel (Polaris): Muchas gracias, rey. (...)-Daniel (Alcalde): Pero ya sabes... Escúchame.-Daniel (Polaris): Díme.-Daniel (Alcalde): La ese con dos barritas. O ésta otra, nada trivial:-Daniel (Polaris): Necesito, Dani, lo antes posible, la aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial de Saurines (...).-Daniel (Alcalde): Sí.-Daniel (Polaris): Y la necesitaría cuando antes.-Daniel (Alcalde): Venga, pues voy a decírselo a Elsa, que me parece que lo lleva ella, ¿no? ¿Eso lo hago yo por..., lo hago yo por decreto, ¿no?-Daniel (Polaris): Sí, tú por decreto.- (Vocento)

Acusación grave

Todo esto es una cuestión política; hay una especie de comité electoral político, al que no es ajeno la propia Fiscalía del TSJ de Murcia y que ha calculado milimétricamente todas sus acciones de cara a las próximas elecciones". De esta manera se refería el abogado José Pardo Geijo, defensor del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, a la imputación de su cliente y a las últimas informaciones aparecidas en torno al caso, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número cuatro de San Javier, y hoy recoge "La Opinión".

Pardo Geijo arremetió asimismo contra la filtración de las conversaciones telefónicas de su cliente que constan en el sumario. "El hecho de que se levantara parcialmente el secreto de sumario y salieran publicadas el mismo día en que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, visitaba Murcia es un chiste de mal gusto", añade.

"Ningún abogado defensor las filtró; ¿quién queda entonces?", se pregunta, aludiendo veladamente a los miembros de la Fiscalía. Pero es más, según el letrado, las intervenciones telefónicas fueron del todo improcedentes y ya ha anunciado que recurrirá el auto por el que se ordenaron, también a petición del fiscal.

"Son totalmente injustificadas, porque no aportan nada y estoy convencido al 99% de que se declarará su nulidad".

Seguro de que su cliente saldrá inocente del caso, Pardo Geijo se refirió al fiscal presente en la causa, José Luis Díaz Manzanera, y dijo que en su denuncia "da por hechos delictivos actuaciones que no lo son", que pertenecen al ámbito administrativo y no al penal, como ya ha establecido en varios casos similares el TSJ en otras sentencias.

Por su parte, Daniel García Madrid evitó hacer declaraciones sobre el contenido del sumario, que contiene conversaciones entre el primer edil y otros empresarios como Facundo Armero, además de otro hombre indentificado como Valero en las que presuntamente se pacta la aprobación de planes parciales y el cobro de comisiones, aunque matizó que "el hecho de que no vaya a decir nada no debe interpretarse como que el que calla otorga".- (EPI)

Nuevos casos de corrupción urbanística salpican al PP murciano a un mes de las elecciones

MADRID.- Lo que no debía pasar ha pasado. En vísperas electorales, al PP de Murcia le han estallado en las narices varios casos judiciales en sus ayuntamientos, anulando el ‘efecto Marbella’ que derivó en la detención de un alcalde socialista a finales de enero, según publica hoy "El Confidencial".

Ahora, son un consejero, un ex consejero, un diputado a Cortes y candidato el 9-M, además de dos alcaldes populares, los que están a punto de ser imputados por una juez de San Javier. Junto a ellos, la investigación alcanza a grandes constructores de golf y ladrillo.

La investigación se inició en abril pasado y, al levantarse parcialmente el secreto del sumario, se conoce ahora que la juez Aránzazu Moreno Santamaría investiga delitos del calibre de adjudicaciones irregulares bajo la cobertura de “convenios urbanísticos”, venta de inmuebles a bajo precio a cargos públicos, trato de favor a familiares de cargos públicos, presuntos cohechos, supuestos pagos ilegales, etcétera, etcétera.

Las escuchas telefónicas ahora conocidas relacionan con el sumario al actual consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader; a Fernando de la Cierva, ex consejero de Presidencia y actual empleado del dueño de Polaris World, Pedro García Meroño; al diputado del PP en el Congreso y candidato el 9-M, Alberto Garre; al ex socio en Polaris y actualmente constructor independiente Facundo Armero; y, en fin, a los dos alcaldes populares de Torre Pacheco y Fuente Álamo: Daniel García Madrid y María Antonia Conesa.

Todo un complejo entramado en el que aparecen implicados no solamente figuras punteras del PP regional –como De la Cierva o Garre–, sino también la empresa líder del modelo desarrollista murciano puesto en pie desde 1995 por el PP a base de macrourbanizaciones con campo de golf: Polaris World.

La compañía se ha convertido en un imperio con alrededor de 25 millones de metros cuadrados recalificados o en proceso de recalificación en varios ayuntamientos gobernados por el PP: Murcia, Torre Pacheco, Mazarrón, Alhama y Fuente Álamo.

En las conversaciones grabadas por orden la juez hay diálogos entre la alcaldesa de Fuente Álamo, por un lado, y el acalde de Torre Pacheco, por otro, con Facundo Armero de los que se infiere que se podrían haber producido casos rayanos en la financiación ilegal de partidos, en este caso, del PP.

El diputado y candidato al Congreso de los Diputados Alberto Garre es natural y vive en Torre Pacheco, donde goza de gran influencia política y social. El ex consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, que era jurídico de la Armada hasta 1995, abandonó la política al llegar las últimas elecciones municipales y autonómicas, después de haberse sido secretario general de la Consejería de Cultura, consejero de Cultura y consejero de Presidencia.

El mismo De la Cierva aseguró a El Confidencial en septiembre pasado, al conocerse las primeras investigaciones de la juez Moreno, que no trabajaba en la actualidad para Polaris World, sino “para una de las muchas empresas” de las que es propietario Pedro García Meroño.

Polaris World y también Facundo Armero, desde que es independiente, han sido muy apoyados políticamente por los gobiernos del presidente popular Ramón Luis Valcárcel, y financieramente por entidades como Bancaja, Caja Mediterráneo, y Caja Murcia en distinto grado y en diferentes momentos, junto a otros bancos.

Una docena de municipios del PP con investigaciones en ciernes

El ‘reventón’ de este caso coincide con la noticia de que el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, pide seis años de cárcel para otro alcalde del PP, Francisco Blaya, de la turística Mazarrón, por presunta corrupción relacionada con la aprobación del Pla General de Ordenación Urbana (PGOU).

Actualmente, hay once municipios gobernados por el PP, que controla dos tercios de los 45 consistorios de la Región, pendientes de investigaciones fiscales y judiciales, fundamentalmente por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, aunque también hay uno, el de Archena, imputado por presunta compra de votos, y otro, el de Alcantarilla, con petición de seis años por delito ambiental: contaminación de las aguas del Segura con riesgo para la salud de las personas.

Además, el alcalde popular de Totana, José Martínez Andreo, acaba de ser puesto en libertad bajo fianza de 70.000 euros, tras dos meses en la cárcel, también por presuntos delitos dentro de la Operación Tótem, sobre la que el jueves declara el diputado del grupo mixto del parlamento regional, Juan Morales, que fue alcalde del PP y miembro del grupo parlamentario de ese partido hasta su implicación en las investigaciones, en noviembre pasado.

En las filas socialistas, el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, que fue obligado a dimitir por su el PSOE hace dos años, está en libertad bajo fianza de 60.000 euros por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el capo marbellí oriundo de Cartagena de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca.