De aquello que los profesionales del Derecho consideran las cuestiones previas del juicio del 1 de octubre,
la vista de las cuales ha tenido lugar este martes en el Tribunal
Supremo, cabe extraer cinco grandes conclusiones: primera, los abogados
de los presos políticos independentistas y del resto de acusados hasta
dieciocho han preparado a conciencia la defensa de sus clientes y desde
el punto de vista jurídico la coordinación entre ellos es impecable.
La fiscalía del Tribunal Supremo ha
demostrado algunas lagunas en su exposición e incluso ha cometido algún
error manifiesto a la hora, por ejemplo, de asegurar que se había
publicado la declaración de independencia en el DOGC, cosa que no se
hizo.
La abogada del Estado que debutaba en la causa y
que tiene por delante, si se cumplen las previsiones, desescalar el
conflicto, quiso demostrar en esta sesión previa una
contundencia incluso superior, aparentemente, a la fiscalía.
Cuarta: Vox, como acusación particular, conoce
perfectamente el valor del altavoz que le supone un juicio de esta
naturaleza y ello se hará más evidente cuando realmente empiece.
Finalmente, el tribunal conformado por siete magistrados y presidido por
Manuel Marchena tiene por delante lo menos parecido a un juicio justo. No parece que les cause un gran trastorno.
Con mucho más conocimiento de causa que yo, el profesor Joan Queralt
considera que el juicio es para todos aquellos que creen en el derecho,
la democracia y el Estado de derecho, el juicio más importante en Europa desde los de Núremberg,
que tuvieron lugar en dicha ciudad alemana en los años 1945 y 1946.
Ahora, se trata de juzgar a un gobierno como el catalán por unos hechos
que no cometió y con unas acusaciones de rebelión, sedición y
malversación que no existieron.
La causa habría tenido que decaer en
consecuencia y quedar, en todo caso, en desobediencia en línea con los
pronunciamientos de tribunales de otros estados europeos. Pero eso sería
tanto como asumir que lo que ha habido, básicamente, es una causa
general contra el independentismo y eso no pasará nunca. Habrá que
esperar años a que los tribunales europeos hagan su trabajo.
Las previas de este martes tenían que ver fundamentalmente con el
tribunal que debía juzgar a los presos políticos catalanes y el resto de
acusados. Si era competencia del Supremo o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Servirán de bien poco los sólidos argumentos de la defensa ya que juega
aparentemente una partida cuyo desenlace ya se conoce.
Nadie apuesta a
que el Supremo modifique su posición pero parece bastante evidente que
la instancia judicial debería ser el TSJC. Otra cosa es que prefiera el
alto tribunal asegurarse el desenlace de la causa pero los hechos
sucedieron en Catalunya y no hay motivo alguno para que deban ser
juzgados en Madrid.
El interés mediático que ya se está viendo por el juicio, en medios
de comunicación del mundo entero, no será otra cosa que un escaparate de
todas las irregularidades procesales que se han producido en España.
Después de lo visto este martes, los letrados defensores van a poner en
más de un aprieto al tribunal. Seguro.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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