miércoles, 23 de junio de 2010

La UMU no pagó la seguridad social de 71 profesores y ha sido condenada a pagar una multa de 1/2 millón de euros

MURCIA.- La Inspección de Trabajo ha impuesto a la Universidad de Murcia (UMU) una sanción de más de medio millón de euros por deudas con la Seguridad Social al no dar de alta a 71 profesores entre los años 2005 y 2009. El expediente fue notificado el 14 de junio y considera probado, según 'La Opinión', que los docentes, todos ellos responsables de clases del Servicio de Idiomas (SIDI) trabajaron como profesores y, sin embargo, la Universidad les pagaba como becarios o conferenciantes.

La denuncia la interpuso el profesor Juan Guevara y, tras estudiar su caso, Trabajo considera que él y sus 70 compañeros deben ser dados de alta en la Seguridad Social por la UMU y que la institución, además, debe pagar una multa en concepto de atrasos al ministerio de Trabajo.

Tras la publicación del acta de la sanción, Trabajo ya les ha dado de alta en el Régimen General, y ha condenado a la Universidad de Murcia a pagar 469.403´92 euros en liquidación de atrasos, incluido el 20% de recargo, y otros 63.384 euros en concepto de sanción por la irregularidad.

A pesar de que la cuantía supera el medio millón de euros, la Universidad de Murcia podría haber salido peor parada, ya que la Inspección de Trabajo sólo ha tenido en cuenta los últimos cuatro años de cotización, pues cualquier irregularidad más allá de ese periodo ya ha prescrito; sin embargo, hay profesores que aseguran haber estado en esta situación durante más de diez años, incluso antes de que se constituyera el SIDI, ya que la Universidad los contrataba para dar clase de idiomas a grupos de alumnos.

«Al principio nos contrataban como conferenciantes, pero resultaba obvio que no era cierto porque lo hacíamos de lunes a viernes con un horario específico», explica Juan Guevara, quien, además, afirma que en octubre de 2009 la Universidad les obligó a todos a hacerse autónomos para intentar solucionar esta irregularidad.

«Algunos nos negamos y recibimos una presión brutal por parte de la dirección del SIDI; la mayoría acabaron aceptando porque tienen hijos e hipotecas, pero yo no estaba en esa situación así que fui primero amenazado, y luego despedido, así que decidí denunciar». El acta de Trabajo no hará que Guevara recupere su empleo.

Para el resto de profesores del SIDI se abre un nuevo horizonte, pues la UMU está trabajando para reconvertir su Servicio de Idiomas en una fundación que se encargue de la gestión del servicio.

Además, todos los profesores que han trabajado entre 2005 y 2009 verán reconocido ese periodo como cotizado a la Seguridad Social. La UMU todavía puede recurrir las actas de la Inspección de Trabajo ante el Juzgado de lo Social, que será quien debe dictaminar en última instancia si los docentes son trabajadores por cuenta ajena, como dice Trabajo, o lo son por cuenta propia, como asegura la UMU.

Juan Guevara asegura que en los nueve meses que han transcurrido desde que interpuso la denuncia no ha recibido el apoyo de los sindicatos. Más bien al contrario. El profesor asegura que ha llamado en numerosas ocasiones a los representantes de los trabajadores y que nunca ha recibido apoyos.

Diputada Retegui: "La economía regional es el mundo al revés”

CARTAGENA.- La viceportavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, explicó que “desde el inicio de la crisis han aumentado de manera significativa las fundaciones y los consorcios en la Comunidad Autónoma, lo que significa que el Gobierno regional ha incumplido los compromisos adquiridos con el Ministerio de Economía y con los propios murcianos, de reducir el número de entes públicos y su gasto corriente”.

“El mundo al revés: cuando se precisa austeridad y reducción de gastos, cuando todo el mundo lo hace en España, Valcárcel sigue derrochando y aumenta el número de entes públicos”, añadió la diputada, para quien “una vez más la realidad y los datos se imponen sobre las palabras”.

Retegui explicó que los datos publicados en la propia web de la Comunidad Autónoma en enero de 2010 confirman que el número de entes públicos en la Región “no sólo no ha decrecido, no sólo no se ha controlado, sino que ha aumentado en 13 desde 2009”.

“Además, el gasto corriente destinado a estos entes públicos ha aumentado en 47,2 millones de euros, que no han ido precisamente al Servicio Murciano de Salud, sino fundamentalmente a organismos autónomos, consorcios y fundaciones”.

“En el Debate del estado de la Región, el Gobierno regional se ha comprometido a reducir el número de entes, pero lo que ha estado haciendo ha sido aumentarlos previamente. Es un falso recorte el que se nos ha anunciado”, añadió.

“En España la mayoría de comunidades autónomas han recortado con intensidad, dejando la tercera parte o la mitad de entes autonómicos, mientras que en la Región de Murcia la reducción no va a alcanzar el 20 %, y si contamos con que previamente se han ampliado, la realidad es que el número de entes públicos desde el inicio de la crisis ha aumentado en 16”.

Así, detalló que 2003, existían en la Comunidad 57 de estos organismos; en 2008, 88; y ahora tenemos 104. “El gasto se ha más que duplicado”.

El CGPJ prorroga las medidas de refuerzo de los Juzgados de lo Social por el elevado número de despidos en Murcia

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampliará hasta el próximo 31 de julio el plan de medidas extraordinarias de refuerzo de los Juzgados de lo Social, aprobado el pasado mes de septiembre, debido al elevado número de trámites de despido provocados por la crisis económica, según informó hoy el CGPJ.

El Pleno del CGPJ aprobará mañana esta ampliación de los refuerzos para los Juzgados de lo Social de Murcia, Valencia, Málaga, Madrid, Almería, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Castellón, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Alicante, Zaragoza y Elche.

De esta forma, las demandas de despido que entren en los juzgados serán asignadas a los jueces de refuerzo, que podrán celebrar los correspondientes juicios y concluir los asuntos antes de que finalice el plazo de aplicación del plan.

La prórroga no incluye a los Juzgados de lo Social creados y constituidos en 2009, que entraron en funcionamiento el 30 de diciembre de ese mismo año.

El pasado 22 de septiembre el CGPJ, en coordinación con el Ministerio de Justicia, adoptó este plan de refuerzo como respuesta al aumento de la carga de trabajo en estos juzgados a consecuencia de la crisis económica.