martes, 18 de septiembre de 2007

PP y PSOE le dan la vuelta al PGMO para limitar las macrourbanizaciones en el término de Alhama

ALHAMA.- El nuevo equipo de Gobierno del ayuntamiento de Alhama, formado por PP y PSOE, ha realizado una serie de modificaciones al Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) -aprobado provisionalmente a principios de año- con el objetivo de limitar las macrourbanizaciones previstas y aumentar la superficie de terreno protegido.

En la propuesta inicial, el PGMO establecía un 56,52% del término municipal como zona protegida, entre lo estipulado por la Comunidad y lo propuesto por el Ayuntamiento. Con las nuevas modificaciones, se pretende aumentar en más de 30.000.000 metros cuadrados las zonas protegidas, dentro de los rangos que se establecen. De este modo, Alhama se convertirá en el municipio que más terreno protegido tiene de toda la Región.

El edil de Urbanismo, José Espadas (PSOE), explica que estas modificaciones se han llevado a cabo tras los informes emitidos por la Comunidad en los que se recomendaba una mayor protección del suelo.

En relación a los desarrollos urbanísticos, el Ayuntamiento ha establecido una cláusula en la que se indica que los constructores que pretendan edificar más del 25% de la superficie de la que disponen, tendrán que contar con un plan especial de infraestructuras que sería elaborado por el Consistorio. "Esto se ha incluido para establecer un desarrollo urbanístico paulatino", insiste el socialista Espadas.

Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y los cambios en el PGMO no han gustado a los agricultores que poseen fincas en las inmediaciones del casco urbano. Estos terrenos agrícolas pasan de ser urbanizables a ser de uso inadecuado (sólo se permiten viviendas unifamiliares en las zonas con esta calificación).

En este sentido, el secretario general de COAG-IR, Francisco Gil, asegura que los agricultores son los más perjudicados con estos cambios. "En el momento que los propietarios quieran vender su parcela de tierra el valor no es el mismo", dice Gil.

El plazo para presentar alegaciones al nuevo PGMO está abierto hasta el 5 de octubre. Por el momento, solo se han presentado cinco alegaciones, pero según han adelantado los afectados serán muchas más.

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(En la imagen, proyecto de la urbanización "Condado de Alhama", promovida por "Polaris World")

El funcionario Alvarado declara durante más de dos horas ante el juez sobre el caso de La Zerrichera

MURCIA.- El ex director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Murcia, Antonio Alvarado, aseguró hoy que "por fin ha habido alguien que ha escuchado con oídos jurídicos y no con oídos políticos mi declaración. Ha sido un adelanto importante que el Fiscal Jefe, Manuel López Bernal, haya podido escuchar las explicaciones".

Alvarado hizo estas afirmaciones tras declarar hoy, durante más de dos horas, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, por presuntas irregularidades en la recalificación del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas). Y al observar el juez indicios de delito en el proceso de urbanización del citado terreno.

También fueron llamados por el juez la que fuera directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; y el antiguo jefe de servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.

Antonio Alvarado indicó que "antes de que yo estuviera en Murcia ya se aprobaron urbanizaciones en Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA)". En este sentido, exigió que "el derecho sea igual en un municipio donde gobierne el PSOE y donde gobierne el PP".

"Lo que no se puede es aplicar la ley con caracter político y el Fiscal es el defensor de la legalidad en todos sitios por igual" afirmó al tiempo que dijo que "el Fiscal Jefe debería de ser el defensor de la legalidad y aquí en Murcia hay construcciones en ZEPA".

"Si estamos en un Estado de Derecho, la ley tiene que ser exactamente igual aquí que allí", dijo, para añadir que el Derecho es igual en un municipio o una comunidad autónoma del PSOE o del PP, y que no se puede aplicar la ley "con oído político".

En este sentido, dijo haber declarado ante las autoridades judiciales estar "sorprendido" de que en lugares como "Extremadura, en el embalse de Valdecañas, se pueda construir en una ZEPA y no pase nada". Y es que si "el Estado de España es un estado de derecho la ley tiene que ser igual para todos" espetó. "Allí no pasa absolutamente nada y no se se ha imputado a nadie".

Alvarado criticó que "se ha lanzado la idea interesada de que en una ZEPA no se puede construir absolutamente nada". "Quien haya dicho eso miente, porque la Unión Europea (UE) habla de que hay que tener en cuenta los valores sociales y medioambientales, además de que se tiene que hacer una adecuada evaluación de repercusiones", manifestó.

Subrayó que La Zerrichera no obtuvo la declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) hasta octubre de 2006, dos años después de iniciado el proceso de recalificación de esos terrenos.

Preguntada su opinión sobre la decisión del TSJ de paralizar de forma cautelar la recalificación urbanística del proyecto, matizó que la paralización cautelar la hizo él mismo en mayo pasado "porque no cumplía la declaración de impacto ambiental de la modificación puntual del Plan General, y además -subrayó- el auto del Tribunal reproduce mi paralización".

El ex director general aseguró que en La Zerrichera "no hay ninguna urbanización aprobada, sólo una modificación puntual de uso agrícola a urbanizable" del suelo. "Aquí todavía no se ha construido nada".

Igualmente, Alvarado expresó que durante su declaración "el Fiscal sólo me ha hecho dos preguntas" ya que "prácticamente el que ha llevado el peso de la declaración ha sido el juez". Según Alvarado, las autoridades judiciales durante su intervención le preguntaron acerca de "mis competencias y por el archivo de Águilas".

En relación al delito de cohecho, uno de los cinco por los que Alvarado está imputado, expresó que "se me imputa de cohecho" y "aparte de llevarme miles de disgustos y haber trabajado doce horas al día, no me he llevado nada", puntualizó.

Además aseguró que "cuando se termine todo esto, haremos lo que tengamos que hacer, no se terminará aquí, esto tendrá largo recorrido. Ahora toca defenderse y defenderé todo lo que tenga que defender".

"Ahora voy a defender mi trabajo, mi honradez; cuando todo esto termine alguien deberá decir algo. Como funcionario público también se pueden cometer otro tipo de delitos, como prevaricación, acusaciones o denuncias falsas...", señaló.

Alvarado, que aseguró que no se le ha informado de cuál o cuáles de los cinco delitos de la querella se le imputan, afirmó que para que haya cohecho "alguien tiene que llevarse el dinero". Y "habrá que preguntar al fiscal a quién le imputa el cohecho", añadió.

Por su parte, Encarna Muñoz, que fue la primera en comparecer y lo hizo durante cerca de dos horas y media, afirmó que "estoy bastante contenta de, por fin, después de siete meses, haber tenido la oportunidad de contar cual ha sido toda la actuación de la Dirección General del Medio Natural".

Debido a ello se mostró "totalmente satisfecha de colaborar con la autoridad judicial y, de verdad, contar cual ha sido la intervención de Medio Natural en todo el proceso".

"Las actuaciones han sido varias, totalmente ajustadas a derecho, y creo que he tenido la oportunidad de aclararlo ante la autoridad judicial", agregó.


Además manifestó tener "confianza plena en la Justicia a partir de ahora porque he tenido la oportunidad de aclarar a su señoría toda la actuación de Medio Natural", por lo que espera "nos liberemos ya de juicios paralelos sobre el tema".

También argumentó que la primera vez que declaró ante la autoridad judicial, "no conocía bien los antecedentes del procedimiento, ni las denuncias que se estaban haciendo, y ahora conozco la querella, y qué es lo que se formulaba a raíz de las denuncias".

Con respecto a la paralización de La Zerrichera, consideró que "estaban plenamente ajustadas a derecho todas las actuaciones que hizo la Dirección General de Medio Natural; eso es lo que he dicho y lo mantengo".

Muñoz señaló que la decisión judicial de paralizar todo el proceso de La Zerrichera "no viene más que a confirmar una actuación del entonces director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado. Confirma una actuación, que fue paralizar ese Plan Parcial", agregó.

Finalmente, las declaraciones del resto de imputados, el actual alcalde de Águilas, Juan Ramírez; el ex concejal del PP aguileño, José López; el ex director general de Arquitectura, Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; y el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, se tomarán el próximo jueves en el Palacio de Justicia de Murcia.- (Agencias)

Comienza la instrucción de la querella contra altos cargos imputados en el caso de La Zerrichera

MURCIA.- El titular del juzgado número Tres de Murcia, Antonio Alcázar, comenzó hoy la fase de instrucción de la querella presentada por el fiscal contra cinco altos cargos del Gobierno murciano, el alcalde de Águilas y un ex edil de esa localidad por la comisión de posibles delitos en el proceso de urbanización de La Zerrichera.

Alcázar ha citado hoy a declarar a los funcionarios Antonio Alvarado y Encarna Muñoz (en la imagen) que, en la fecha que se cita en la denuncia -entre 2004 y 2006-, eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente.

También está llamado hoy a prestar declaración Juan Ignacio Sánchez Gelabert, ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma.

El titular del juzgado ha iniciado la fase de instrucción con la toma de declaraciones de los altos cargos de la antigua Consejería de Medio Ambiente, y el próximo jueves está prevista la de los responsables de la Consejería de Obras Públicas y del Ayuntamiento de Águilas, en cuyo término municipal se ubica la finca La Zerrichera.

El grupo inmobiliario Hispania pretendía construir en ese paraje, protegido por normativa europea, una urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, que presentó la querella a raíz de las denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación de las organizaciones Ecologistas en Acción y Anse, asiste a la toma de declaración de los imputados.- (Agencias)

El Gobierno regional no informará finalmente sobre La Zerrichera en la Asamblea

CARTAGENA.- Un consejero del Gobierno murciano iba a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, en fecha todavía por determinar, para informar, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre La Zerrichera (Águilas), según fuentes parlamentarias.

Concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista pidió una 'Valoración y actuaciones ante el auto de paralización de la orden por la que se aprobará la reclasificación urbanística del paraje de La Zerrichera, en Águilas.

Las solicitud de comparecencia, admitida a trámite, iba dirigida al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, José Ballesta, en la imagen.

En relación a La Zerrichera también fue admitida a trámite una moción para defensa en Pleno, presentada por la vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada socialista, Teresa Rosique Rodríguez, sobre la 'Anulación de la orden del consejero de Obras Públicas, publicada en el BORM de 8 de marzo de 2006, que aprueba la reclasificación urbanística del paraje de La Zerrichera y la declaración de impacto ambiental'.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regional aclaró más tarde que el Gobierno regional "no" informará finalmente sobre La Zerrichera en la Asamblea Regional, ya que la Junta de Portavoces, reunida hoy, así lo ha decidido.

En este sentido, según fuentes 'populares', finalmente miembros del Gobierno murciano no comparecerán ante el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia para informar, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre La Zerrichera.

Estas fuentes indicaron que, a pesar de que ayer la Mesa de la Asamblea Regional admitió a trámite esa solicitud, la Junta de Portavoces, reunida hoy, decidió no aceptar la interpelación del PSRM-PSOE.- (Agencias)

Carrefour no comercializa desde agosto atún rojo mediterráneo para evitar el colapso de la especie


MADRID.- La cadena de hipermercados Carrefour ha anunciado a la organización de defensa marina Oceana --con quien ha mantenido reuniones informativas-- que desde el pasado 1 de agosto no comercializa atún rojo capturado en el mar Mediterráneo, con el fin de evitar el colapso de esta pesquería. Carrefour se convierte así en el primer grupo de distribución alimentaria en España en adoptar una posición precautoria dirigida a impulsar un consumo responsable en este ámbito.

En palabras del director de Oceana en Europa, Xavier Pastor, "la decisión de Carrefour demuestra que todavía estamos a tiempo de salvar al atún rojo del Mediterráneo". A su juicio, "la participación de las empresas y la sociedad civil serán clave para obligar a quienes no quieren cumplir con sus obligaciones a que lo hagan". En este sentido, animó a otros grupos comerciales a seguir el mismo camino.

Según Oceana, el atún rojo del Mediterráneo es una especie sobreexplotada que puede llegar a una situación crítica si no se adoptan medidas urgentes. Pese a las demandas formuladas por los científicos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA-ICCAT) de reducir las capturas de esta especie a 15.000 toneladas al año, los países pesqueros del Atlántico y Mediterráneo, e incluso las flotas asiáticas que capturan esta especie, "han decidido otorgarse casi el doble de cuota, cerca de 29.500 toneladas", recuerda la organización.

A esto hay que sumar que algunos países mediterráneos están utilizando redes de deriva ilegales para la captura de este atún, sobrepasando los cupos de captura en los últimos años, alerta Oceana. Otros, como Libia, han decidido recientemente retirar su objeción al plan de recuperación de la especie acordado en ICCAT, pero sin reducir sus capturas.

Por su parte, la Unión Europea ha aprobado un Plan de Recuperación para el atún rojo, en el que no se hace referencia alguna a la reducción de las capturas aconsejada por el Comité Científico. Los países comunitarios pretenden capturar este año casi 17.000 toneladas; es decir, han superado la cuota aconsejada por los científicos. El resto de los países pesqueros capturarán 13.000 toneladas más.

Pese a que las cifras oficiales se sitúan alrededor de 25.000 toneladas de atún rojo capturado anualmente en el Mediterráneo en los últimos años, científicos citados por Oceana creen que el volumen real de capturas debe estar cercano a las 42.000 toneladas, lo que significa que, alrededor de un 35% de los atunes pescados en este mar no son declarados.

"Las razones que nos han llevado a tomar esta decisión --asegura por su parte el director de Calidad y Desarrollo Sostenible de Carrefour, Mariano Rodríguez, es ofrecer a los consumidores los mejores productos pero sin poner en riesgo a especies en peligro de colapso como el atún rojo del Mediterráneo".

Oceana (www.oceana.org) es una organización internacional que trabaja para proteger y recuperar los océanos del mundo. En ella trabaja un equipo de científicos marinos, economistas, abogados y otros colaboradores con el fin de reducir la contaminación y prevenir el colapso irreversible de los stocks pesqueros, proteger a los mamíferos marinos y otras formas de vida marina.

La ONG cuenta con oficinas en Madrid, Bruselas, Washington, Alaska, Los Angeles y Santiago de Chile. Además, recibe el apoyo de más de 300.000 colaboradores y ciberactivistas en 150 países.- (Agencias)