MADRID.- Constructoras, fondos de
inversión y bancos han recibido con sorpresa y preocupación el giro que
pretende dar el Gobierno al pliego del Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) con la inclusión de un indicador por riesgo de
tráfico. Se trata de un cambio muy relevante que amenaza el fuerte
apetito que había despertado entre los inversores la iniciativa, dotada
con 5.000 millones de euros a través de la colaboración público-privada, según adelanta El Economista.
La medida, cuyos detalles aún están en estudio, viene promovida por los
servicios jurídicos del Ministerio de Fomento, que consideran necesario
introducirla para adaptar el PIC a la nueva Ley de Contratos del Sector
Público.
El
Plan de Carreteras se instrumentó en origen bajo un modelo de pago por
disponibilidad, de manera que el Estado paga a las concesionarias por
mantener y explotar la vía en óptimas condiciones. Esta fórmula, que es
similar a la de la A-66 Zamora-Benavente, se mantiene en cualquier caso y
los usuarios no pagarán peajes.
Ahora bien, con el indicador de demanda
de tráfico se cambian las reglas del juego, al añadir un riesgo con el
que no contaba el sector privado, que durante los últimos meses ha ido
conformando consorcios. No existen precedentes, de hecho, en que una
concesión bajo pago por modalidad esté sometida a la demanda de tráfico,
según explican fuentes jurídicas conocedoras de los planes de Fomento.
El nuevo indicador actuaría como un factor
corrector, de modo que si el tráfico es inferior a lo estimado, el
Estado pagará menos (canon) por la concesión, toda vez que los costes de
conservación serán menores. Se suma a otros riesgos que ya asumen las
concesionarias, como la accidentalidad, las inclemencias meteorológicas y
una parte significativa de los costes por expropiaciones.
Por el momento, Fomento no ha definido qué
peso tendrá el indicador de demanda de tráfico en la concesión. En el
sector estiman que podría alcanzar entre el 10% y el 20%. Un porcentaje
que en el supuesto de que el número de vehículos que circulan por la
carretera en cuestión sea inferior al estimado en el contrato se
restaría en los ingresos de la concesionaria.
En el sector privado cuestionan que la
nueva ley de contratos públicos obligue a adoptar esta medida. "Son
interpretaciones jurídicas y nosotros entendemos que no hay ningún
problema", señalan. Sin embargo, los abogados del Estado no lo entienden
de igual manera.
En función de cómo se articule el
indicador, el riesgo tendrá mayor o menor impacto. "Tenemos que esperar a
saber cómo se calcula el tráfico, si es año a año o acumulado y dónde
se sitúan los umbrales", subrayan las fuentes consultadas.
Lo que sí parece claro es que esta
decisión afectará al interés de los fondos de inversión y de los bancos
para financiar los proyectos. "Las entidades quieren riesgo cero",
inciden en una constructora, por lo que es de esperar que "provocará que
el coste de la financiación será más alto". Desde Fomento, no quisieron
hacer comentarios.
Fomento
ha rechazado la propuesta de las constructoras para limitar los riesgos
expropiatorios que asumen en el Plan de Carreteras. El pliego fija que
el sector privado se hará cargo de hasta el 150% del coste de las
expropiaciones acordado en la oferta, mientras que a la Administración
le corresponderá el tramo que va del 150% al 250%.
A partir de este
porcentaje los riesgos serán asumidos por las concesionarias, que pedían
elevarlo hasta el 400%.
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