MADRID.-El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado
hoy que la reforma del Estatuto Fiscal recogerá expresamente la
prohibición de las órdenes verbales a los fiscales por parte de sus
superiores, que serán siempre por escrito y, además, públicas cuando
sean indicaciones generales de actuación.
Catalá ha comparecido hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder a las 14 peticiones realizados por los grupos parlamentarios que,
al contrario que en otras ocasiones, no han criticado duramente al
ministro pese a las últimas polémicas que han salpicado al Ministerio.
En
la comparecencia más corta de Catalá ante la Cámara -apenas dos horas-,
el ministro ha hecho hincapié en las reformas que pretende presentar en
los próximos meses, sin hacer más anuncios que el ya citado sobre el
próximo Estatuto Fiscal.
Ha explicado que las órdenes verbales
que se emitan a los fiscales por parte de sus superiores deberán
realizarse por escrito y, además, deberán ser públicas cuando se traten
de órdenes generales de actuación.
Dicha reforma del Estatuto Fiscal,
en la que también pretende dar más protagonismo al Consejo Fiscal, irá
en paralelo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
incorporará la figura del fiscal investigador en sustitución del juez
instructor. Ambas, ha precisado, se presentarán "en breve", aunque no ha dicho cuando.
Catalá
ha querido zanjar también la polémica sobre las supuestas presiones que
le atribuye la oposición en el relevo de la cúpula fiscal y en la
decisión de la Fiscalía General de no acusar al expresidente de Murcia
Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica.
"El Gobierno al que
pertenezco jamás ha dado ordenes ni instrucciones ni recomendaciones ni
consignas ni ha impuesto ninguna exigencia de ninguna clase al
Ministerio Fiscal", ha dicho el ministro. "Tenemos una Fiscalía que no
se deja intimidar por nada ni por nadie, una Fiscalía cien por cien autónoma y libre", ha añadido.
Igualmente,
ha pedido a la oposición que no le atribuya "irregularidades" que no ha
cometido "en absoluto", en alusión a la información reservada sobre la
Púnica que conoció Sánchez.
Asimismo, Catalá se ha desmarcado del
relevo en la cúpula fiscal abordado por la Fiscalía General del Estado e
incluso ha rebajado la envergadura de dichos cambios, puesto que de las
35 plazas vacantes solo se han cambiado a cinco fiscales. "Decir que
eso es una renovación masiva objetivamente no es muy adecuado", ha
añadido.
Catalá también ha dado su opinión sobre polémicas como las condenas a tuiteros,
entre ellos la joven de 21 años Cassandra por publicar mensajes
ofensivos con las víctimas del terrorismo, o la investigación abierta
contra el cómico "Gran Wyoming" por descalificar la cruz del Valle de los Caídos.
El
ministro ha advertido que "no es conveniente mandar el mensaje de que
se penaliza el humor, se penalizan los chistes" y que lo que hace la
justicia no es coartar la libertad de expresión, sino aplicar los
delitos recogidos en el Código Penal a cada caso particular.
"Por hacer chistes o bromas en España no se condena a ningún ciudadano",
ha reiterado Catalá, porque el español es un sistema penal "afinado" y
"garantista" con un poder judicial, comparable con las principales
democracias del planeta, que lo garantiza.
Y ha afirmado: "Hacer
contraponer el derecho a la libertad de expresión con el respeto a las
víctimas, la no humillación a las víctimas del delito, de todo delito y
muy en particular a las víctimas del terrorismo, es una dialéctica
improductiva que no nos lleva a ninguna parte".
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