Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat
de igual título. La aplicación del artículo 155, el art. de la
dictadura "constitucional", en la forma desmesurada e ilegal en que se
ha hecho, ha puesto todas las cartas boca arriba. Directamente
responsables de la aplicacion de esta norma injusta, arbitraria e ilegal
son el PP, PSOE y C's, como muy bien lo ha aseverado Joan Tardà en una intervención parlamentaria.
Tres cuartas partes del Congreso, a favor del establecimiento de la
dictadura de un gobierno corrupto en Cataluña. Si se añaden los 71
diputados de Podemos que, al parecer, no pueden (porque no quieren)
presentar un recurso de inconstitucionalidad frente a la norma, lo cual
los convierte en cómplices indirectos de este atropello, la proporción
llega al 92 por ciento de los diputados. Prácticamente toda la cámara y
todo el electorado.
Así
que el que ejerce la dictadura en Cataluña, vulnera los derechos y
libertades de los catalanes y actúa de modo tiránico no es solo el
gobierno, sino todos los partidos españoles, a los que se añaden
entusiastas, los jueces, los curas y los periodistas a mogollón. Todos
rivalizando a ver quién miente más sobre Cataluña, quién provoca más,
quién es más insultante y opresor.
Los
indepes no cuentan con apoyo alguno en España, ni en las instituciones,
ni en los partidos ni en los medios, ni en la opinión. El solecismo "a
por" ellos, aparte de demostrar la incultura de la gente revela que
quienes se orientan contra los catalanes no son solamente el gobierno o
los partidos, sino el conjunto del pueblo español. Es una dictadura de
la mayoría española sobre la minoría estructural catalana.
Aquí, la versión castellana:
La dictadura española
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diputados del Congreso, los del PP, PSOE y C’s, apoyan activamente el
estado de excepción encubierto del 155 en Cataluña, esto es, una norma
de plenos poderes que suspende de hecho la Constitución. Ya no es una
dictadura del PP, sino de casi las tres cuartas partes de la cámara. Si
añadimos los 71 diputados de Podemos que, sin formar parte del bloque
del 155, lo toleran pues, pudiendo, no lo han recurrido ante el Tribunal
Constitucional, llegamos a 325 escaños, el 92 por ciento de la cámara.
Prácticamente todos los representantes españoles. Esto es ya una
dictadura española a secas, una dictadura de la mayoría española sobre
la minoría nacional catalana, sobre una minoría estructural. ´
Que
se trata de una dictadura es evidente, por más que el gobierno y sus
aliados españoles, así como su frente propagandístico mediático, hoy
encabezado por El País, la SER y el grupo PRISA traten de
embellecerla y disfrazarla de algo distinto. No hay duda viendo sus
muestras: el vandalismo policial del pasado 1/10 (por el que, lejos de
sancionar a los policías y guardias civiles, se los ha condecorado), la
virtual ocupación de Catalunya por una fuerza policial/militar de más de
10.000 agentes, la intervención y asfixia económica de la Generalitat,
la persecución y encarcelamiento de unos dirigentes y el exilio de
otros, la aplicación del derecho penal del enemigo, el proceso
inquisitorial de convicciones hecho a los acusados, la censura y
manipulación de los medios públicos de comunicación, el hostigamiento
permanente de los independentistas por medio de la Junta Electoral,
utilizada como brazo ejecutor del gobierno, la posible persecución
judicial a Marta Rovira.
Todo
ello muestra un régimen de persecución ideológica y arbitrariedad
administrativa y judicial que ignora la división de poderes y conculca
los derechos y libertades de los ciudadanos. O sea, una dictadura civil
apoyada en una norma de excepción, ella misma ilegal y con el apoyo
directo o indirecto de todas las fuerzas políticas representativas de
España.
Es
una dictadura española sobre Catalunya, la manifestación permanente de
la tiranía de la mayoría española sobre la minoría estructural catalana.
Lo que siempre ha sido por debajo de la retórica unionista de la nación
española el intento de asimilación cultural y aniquilación de la nación
catalana que ha pasado de ser latente a ser manifiesto con el aplauso
del conjunto del pueblo español, salvas insignificantes excepciones.
Esta dictadura es la que impone a palos la oligarquía española, con la
colaboración de la oposición parlamentaria, el recurso a la guerra sucia
policial, el respaldo del ejército, presto a intervenir, el apoyo
activo del capital del Ibex35, la bendición de la Iglesia católica y la
justificación de los medios de comunicación.
O
sea, lo de siempre. Pero ahora más evidente que nunca debido a la
internacionalización del proceso, que obliga a tener en cuenta
procedimientos y garantías nada habituales en España pero sí en el
extranjero y, sobre todo, en Europa que, aunque a regañadientes, se ha
visto obligada a prestar atención a este conflicto y a no ignorar las
consecuencias del evidente rebrote del fascismo español. Y tendrá que
ser beligerante cuando el 21D triunfe el independentismo y ese fascismo
pretenda intensificar sus atropellos y prácticas dictatoriales contra
una población pacífica e indefensa que pretende gobernarse a sí misma.
La
dictadura española en Cataluña ya no es un “asunto interno” sino que
involucra a la comunidad internacional y a la Unión Europea en concreto
cuando el gobierno y sus aliados del PSOE y C’s ignoren el resultado de
las elecciones y pretendan seguir reprimiendo mediante la arbitrariedad y
la violencia. El derecho internacional llamado “humanitario” reconoce
el deber de injerencia de la comunidad internacional en los casos en que
un Estado proceda con represión e injusticia en contra de su propio
pueblo o parte de él.
No
se puede dejar la ciudadanía de un Estado al arbitrio de un gobierno
tiránico. Los catalanes no pueden esperar apoyo del resto del Estado, ni
de sus partidos y organizaciones ni de sus ciudadanos. Tienen que
alcanzar sus objetivos con sus solas fuerzas, las de una sociedad
movilizada y unas instituciones sociales y políticas dirigidas por
quienes han demostrado voluntad de sacrificio por defenderlos.
Solo
pueden –y deben-recurrir al amparo internacional, el único foro en el
que encontrarán eco. Corresponde hacerlo en un sentido estricto y otro
más amplio. En el sentido estricto, se debe exigir la presencia de
observadores internacionales en las próximas elecciones que garanticen
su limpieza e impedir que el gobierno encargue el recuento a una empresa
corrupta a su servicio con la misión de manipular y falsificar dichos
resultados.
En
un sentido más amplio, Catalunya debe acudir a todos los foros
internacionales a hacer valer sus derechos y, si necesario es, por la
inercia y los compromisos institucionales de los Estados, reclamar la
constitución de un tribunal internacional para Cataluña, una especie de
nuevo tribunal Russell, que haga justicia a las legítimas aspiraciones
de un pueblo, aplastadas por el último Estado fascista en Europa.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED