CARTAGENA.- MC ha anunciado hoy que se reversa el derecho a ejercitar todas las
acciones que procedan ante la violación reiterada de sus derechos
fundamentales. El anuncio de la formación cartagenerista llega después de que la alcaldesa Ana
Belén Castejón suspendiera arbitrariamente el Pleno municipal de Cartagena y no permitiera que
el portavoz de MC, José López, se incorporara tras el receso y pudiera
ejercer su derecho de representar y dar voz a los ciudadanos que
confiaron en el proyecto de MC para mejorar sus condiciones de vida.
Antes de que se imposibilitara a López a seguir con su labor, la
viceportavoz, Isabel García, ha manifestado a la Corporación que, desde
el mes de mayo, la formación cartagenerista padece "una persecución
política", al objeto de impedir que desarrolle "su labor política de
Gobierno y ahora de oposición".
García ha recordado que "hemos soportado denuncias falsas ya
archivadas; agresiones físicas en la puerta del Pleno; se nos ha negado
una sala donde recibir a los cartageneros y se nos ha retirado
competencias porque incomodamos a las concesionarias, al PP y el PSOE".
"Hoy como se había anunciado en los medios, y todos sabíamos, la
alcaldesa ha expulsado del Pleno a José López para impedir que se
represente a los ciudadanos, y evitar el control y fiscalización de su
Gobierno. Ello, a traición y con la complicidad de PP y C's, como es
costumbre", ha indicado.
Ante ello, la viceportavoz ha invitado a Castejón a que "reintegre a
José López en su lugar en este Pleno, cumpla el mandato institucional
del artículo 23 de la Constitución, permitiendo a estos representantes
públicos participar y defender los intereses de nuestros representados",
añadiendo que "por citar algunos, se infringen los artículos 73 y
concordantes de la Ley 7/1985, sobre el estatuto de los miembros de las
corporaciones locales, 122 y 123 de la misma ley y los concordantes del
Real Decreto 2568/1986".
Isabel García ha concluido su intervención anunciando que de no
corregir Castejón su injustificable decisión "se estará vulnerando la
Constitución y nos reservamos las acciones que procedan".
José López ha comenzado disculpando la premura con la que se ha
producido la comparecencia forzada por Ana Belén Castejón y el PSOE, "un
partido que se dice de izquierdas y que prometió unas cosas durante la
campaña electoral y a lo largo de los veinte años de no oposición al PP,
pero que hemos comprobado que en cuanto han 'tocado' poder se sitúan en
el mismo lugar que los populares, es decir, al amparo y de la mano de
los intereses de las grandes concesionarias".
En este sentido, el portavoz de MC ha explicado que "hoy se ha vuelto
a manifestar esa votación entre PP y PSOE en contra de la Comisión de
Investigación de Lhicarsa, con sus palmeros de Ciudadanos haciéndole los
giros para aparentar normalidad".
De igual forma, López ha lamentado que MC no haya podido continuar
durante el Pleno con su labor habitual de defensa de los intereses de
los cartageneros. Así, la formación debía presentar aún diferentes
mociones de investigación "que vendrían a clarificar los asuntos de
Hidrogea".
"Desde el mes de mayo venimos sufriendo la falta de libertad a la
hora de trabajar", ha apuntado el líder de MC, quien ha señalado además
que "no podemos consentir que nos silencien con ninguna treta. No nos
van a callar, ni dentro ni fuera del Pleno".
Castejón y sus cómplices han sido víctimas de sus propios miedos al
intentar frenar un debate que acabará produciéndose en sesión plenaria,
salvo que la alcaldesa socialista institucionalice, más si cabe, su
espíritu represor.
MC Cartagena volverá a defender el interés general y el bienestar de
los cartageneros para conseguir que el proceso de revisión de la tarifa
del agua sea reconducido por los cauces de la legalidad y el criterio
técnico.
Para intentar conseguirlo, MC seguirá apelando a lo no permitido hoy,
es decir, a la necesidad de que Ana Belén Castejón impulse la
aplicación del estudio de costes municipal del servicio emitido por
funcionarios para establecer una nueva tarifa, dando continuidad al
trámite de oficio iniciado el 1 de junio de 2017 en Junta de Gobierno.
Un proceso ajustado a la más estricta legalidad que ha sido obviado por
la alcaldesa socialista tras la negociación de ésta con la
concesionaria, cuyo acuerdo impuso el 29 de diciembre.
La formación cartagenerista expondrá la necesidad de instar a la
Junta de Gobierno, previa tramitación legal por medio de los servicios
municipales que procedan, a que apruebe en virtud de la potestad
tarifaria de la administración, y al amparo de los razonamientos que
obran en el expediente aprobado en Junta de Gobierno, una tarifa del
agua con carácter transitorio.
Esta tarifa estaría vigente mientras no se resolviera la relación
contractual por el recurso colectivo presentado en 2004 contra la
ampliación del servicio del contrato del servicio municipal de aguas; la
liquidación de los superávits; la aplicación de tarifas, posibles
sobrecostes, etc.
Además, se hubiera ajustado a los estudios municipales de costes,
permitiendo a los cartageneros pagar menos por el agua, con la certeza
de no abonar sobrecostes como ha venido sucediendo al aplicar propuestas
de la concesionaria.
MC promueve validar el gran trabajo realizado por técnicos
municipales durante dos años, ciñendo la actuación a los trámites
legales más garantistas y traduciéndolo en una sensible rebaja de la
tarifa, alejada de las hábiles capacidades negociadoras de la Alcaldía
que ponen en entredicho la legalidad y el beneficio de los ciudadanos.
El estudio de la gestión directa del servicio
Del mismo modo, durante el próximo Pleno, MC solicitará exhortar al
Gobierno local a estudiar las fórmulas de gestión directa e indirecta,
con prioridad a la primera, del servicio municipal de abastecimiento de
agua. Ello, a pesar de lo que podría ser una inminente estimación de la
nulidad de la prórroga acordada en el Pleno de 2003, que supuso una
prórroga de 25 años de la concesión.
La más que probable estimación reflejaría un escenario ideal para
estudiar y decidir qué forma de prestación del servicio es más favorable
a los intereses de los vecinos. Podría traducirse en una gestión
directa del servicio a través de los más cualificados funcionarios
municipales, conocedores algunos de ellos de los pormenores del contrato
y el servicio público desde hace más de treinta años.
El texto solicitará un impulso y agilización de las liquidaciones por
superávit de años anteriores (al menos entre 2011 y 2017), la
incorrecta aplicación de tarifas y sobrecostes en general, al objeto de
precisar la cantidad económica que la concesionaria adeuda a los
cartageneros.
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