MADRID.- Los representantes de las cuatro asociaciones profesionales de jueces
han exteriorizado la semana pasada su repudio 'unánime' al actual
funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pocos días de que venza un plazo que puede agrietar aún más las relaciones entre dichas asociaciones y Moncloa, según recuerda Vozpópuli.
Por lo general divididos, los representantes de la
Asociación de Profesionales de la Magistratura, la Asociación de Jueces y
Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro
Judicial Independiente, coincidían en un debate público el pasado
miércoles en que la reforma del CGPJ del exministro Alberto Ruiz Gallardón
de 2013 no hizo sino "politizar aún más” este organismo que "urgen" a
"cambiar".
Entre otras polémicas medidas, la criticada reforma de
Gallardón facilitó la llegada al órgano de gobierno de los jueces de
vocales 'independientes' de las asociaciones pudiendo presentarse con
'solo' 25 avales (antes 100), autorizó al propio CGPJ a nombrar los
principales jueces de la Carrera Judicial con mayoría simple y no
cualificada, redujo de 20 a 6 el número de vocales con dedicación
exclusiva y de 12 a 4 el número de comisiones, eliminó la autonomía
presupuestaria del organismo y le quitó su potestad reglamentaria en
sueldos y vacaciones de los jueces en favor del Ministerio de Justicia,
entre otras cuestiones.
El último llamamiento público
de las asociaciones de jueces contra el actual CGPJ se produjo
exactamente una semana antes de que venza el próximo miércoles el plazo
del requerimiento presentado por las asociaciones a los Ministerios de
Justicia y Hacienda para la convocatoria de la "mesa de retribuciones
judiciales", encargada de abordar "mejoras salariales" para paliar los
"recortes" sufridos por los jueces en los últimos siete años.
Esta
última es solo una de las catorce reclamaciones al Gobierno exigidas
por las cuatro asociaciones en un documento sellado el pasado mes de
julio y dirigido a "la mejora de la Justicia". La primera de esas
reivindicaciones es precisamente que sean los jueces, y no el
Parlamento, quienes elijan a los vocales que ahora eligen el Congreso y
Senado a fin de que, según remarcan los jueces consultados por Vozpópuli, "se despolitice el CGPJ".
Las reclamaciones de los jueces siguen la línea de lo que
demanda el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa.
El organismo europeo mostraba el pasado mes de enero su "insatisfacción" con el Gobierno español en materia de corrupción
porque, a juicio del organismo, los miembros del Congreso no deberían
participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del
CGPJ, a la vez que se deberían fijar por ley criterios objetivos para el
nombramiento de los altos cargos de la judicatura.
Estas cuestiones han sido abordadas en una subcomisión de Justicia en el Congreso de la que Unidos Podemos y Ciudadanos se han retirado precisamente ante la negativa de PSOE y PP
a medidas como desligar al Parlamento de la elección de los jueces del
CGPJ. Los socialistas han alegado que quieren evitar “cualquier
pretensión de convertir al gobierno del Poder Judicial en una suerte de
autogobierno de jueces y magistrados”, mientras que los populares se
apoyan en el rechazo de los socialistas para negar una medida que
suscribieron en el pacto de Investidura con Cs y que prometieron en la
campaña electoral de 2011.
“Lamentablemente no tengo
demasiadas esperanzas de que los partidos políticos alcancen un acuerdo
que permita a los jueces elegir a sus representantes en el CGPJ”, señala
a Vozpópuli el portavoz de la Asociación de
Profesionales de la Magistratura, Celso Rodríguez. El portavoz de la APM
(la más ‘conservadora’ y principal asociación en número de afiliados)
descarta en este sentido tomar medidas como la de ‘boicotear’ al CGPJ
dejando de proponer candidatos porque “el sistema actual es la ley
actual y hay que respetarla” aunque anticipa que “en marzo decidiríamos
como asociación una propuesta de acción coordinada con las demás
asociaciones, que podría incluir movilizaciones, ante el incumplimiento
de todas nuestras reivindicaciones”.
"La mesa de retribuciones no se ha convocado todavía y
si, vencido el plazo, no se produce ningún avance, al menos nosotros
como asociación podríamos empezar a movilizarnos", asegura por su parte
Natalia Velilla, miembro de la Ejecutiva de la Asociación de Jueces
Francisco de Vitoria.
"Y en esas posibles movilizaciones, no solo
abordaremos el tema de las retribuciones, sino todas las
reivindicaciones que presentamos las cuatro asociaciones en julio,
porque la realidad es que desde que las hemos reclamado de forma ya
unánime no se ha avanzado en la implementación de ninguna. La
subcomisión del Congreso para la mejora de la Justicia se ha quedado en
nada”, insiste.
El portavoz de Jueces para la
Democracia, Ignacio González Vega, afirma por su parte que "esperaremos a
ver qué pasa de aquí al miércoles con el requerimiento de la mesa de
retribuciones antes de emprender movilizaciones aunque para nosotros el
requerimiento que vence el 28 de febrero está vinculado a todas las
reclamaciones que presentamos en julio”.
Las cuatro
asociaciones, en cualquier caso, suscribieron el pasado 13 de febrero un
comunicado en el que ya abrían la puerta a acciones conjuntas de no
producirse avances en sus reivindicaciones sobre "la mejora de la
Justicia" antes del 28 de febrero.
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