Mientras preparo mis disculpas para ANSE
por las afirmaciones imprudentes que incluí en mi artículo anterior (De
un verano fulgente y fúlgido, La Opinión, 14 de septiembre), respecto
de sus relaciones económicas con el Mar Menor en el entorno del
espectáculo actual, y atendiendo a las amistosas protestas de su líder
infatigable (¡y vitalicio!) Pedro García, atenderé al anuncio hecho por
el nuevo fiscal jefe del TSJ de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, acerca
de decisiones inminentes sobre la degradación de la albufera, me figuro
que en forma de querella o querellas.
Lo primero que tengo que decir
sobre Díaz Manzanera (o repetirlo, que creo que ya he aludido a él en
alguna otra ocasión y en estas páginas) es que me parece leal y
competente. Más hermético que discreto, añadiría, pero esto es bueno
también en su oficio; y desde luego, incorruptible, aunque no creo que
pueda eludir conflictos con sus jefes y con el Gobierno. Hemos vivido
episodios vergonzosos en relación con dos importantes fiscales y hemos
de seguir atentos al trabajo de estos funcionarios porque su tarea es
muy delicada y la ideología cuenta (se pongan como se pongan).
La
intención de este texto es, cómo diría yo, doctrinal y más bien
teórica, por lo que queda lejos de las posibilidades de aplicación en el
trabajo que espera a Díaz Manzanera enfrentándose a la tragedia del Mar
Menor, así que no se me podrá tachar de metomentodo.
Aludo en primer lugar a la justicia ecológica que se espera en relación con nuestro pequeño mar, dado que se trata de un ecosistema complejo, rico y trascendente que, frente al duro castigo que viene recibiendo desde principios de los años 1970, no posee capacidad propia para defenderse: no es sujeto de derecho en nuestra legislación (ni lo sería en ninguna otra, que yo sepa, de las hoy vigentes en el mundo) y por lo tanto su protección aparece como una obligación de la sociedad y no como un derecho propio.
Aludo en primer lugar a la justicia ecológica que se espera en relación con nuestro pequeño mar, dado que se trata de un ecosistema complejo, rico y trascendente que, frente al duro castigo que viene recibiendo desde principios de los años 1970, no posee capacidad propia para defenderse: no es sujeto de derecho en nuestra legislación (ni lo sería en ninguna otra, que yo sepa, de las hoy vigentes en el mundo) y por lo tanto su protección aparece como una obligación de la sociedad y no como un derecho propio.
Es una pena que carezca de personalidad jurídica, vaya, y
que no pueda expresarse, porque lo haría con muchísima mayor claridad y
eficacia de como puedan pretender hacerlo las autoridades murcianas que
se dicen preocupadas, o las decenas de expertos que han convocado (para
salir del paso esperando, ladinamente, la confusión, la demora y la
contradicción entre ellos).
Conviene recordar que no siempre se ha
negado la personalidad jurídica a las especies naturales, aunque lo haya
sido para hacerlas objeto de querella. Luc Ferry, un filósofo
conservador, ya recogió en el interesantísimo libro El nuevo orden
ecológico (1994) varias causas, registradas en la Alemania del siglo
XVI, en las que insectos, larvas y escarabajos eran señalados como
culpables de daños agrícolas y, en consecuencia, demandados, por lo que
se les atribuía el correspondiente abogado defensor.
Desde entonces, la convicción de que no es una tontería, sino cuestión de mera justicia, atribuir derechos a los seres naturales no humanos apenas ha prosperado, aunque la llamada ecología profunda (deep ecology) insista abiertamente en esa necesidad en las últimas décadas.
Desde entonces, la convicción de que no es una tontería, sino cuestión de mera justicia, atribuir derechos a los seres naturales no humanos apenas ha prosperado, aunque la llamada ecología profunda (deep ecology) insista abiertamente en esa necesidad en las últimas décadas.
Es bueno, en todo caso,
que cuando organizamos la defensa del Mar Menor a partir de los
argumentos que las leyes nos proporcionan, tratemos de trasladar esa
defensa al objeto sufriente, haciéndolo sujeto y protagonista en las
causas que se vayan desarrollando: que nos pongamos en su lugar, vamos, y
actuemos como lo haríamos si cada uno de nosotros fuésemos la sufrida
laguna de nuestras cuitas.
Al contemplar, en segundo lugar, el
análisis de la justicia histórica, hemos de empezar remontándonos a
aquel magno disparate que fue el ensanchamiento y reprofundización del
canal del Estacio en 1974-75, operación en la que abundan los culpables.
Al establecer responsabilidades, por supuesto que aparece en primer
lugar la dirección general de Puertos y Costas, del Estado, que autorizó
aquello, pero también los organismos especializados que informaron
favorablemente: quizás el Oceanográfico de Lo Pagán.
Y por supuesto, el interesado, es decir, el propietario del puerto, don Tomás Maestre Aznar, ya desaparecido, y su ´sucesor´, el propio puerto deportivo: no olvidemos que el objetivo de esa obra era permitir la entrada, sin restricciones de calado y envergadura, a embarcaciones al puerto deportivo en el interior del Mar Menor, menospreciando las consecuencias ecológicas de la misma.
Y por supuesto, el interesado, es decir, el propietario del puerto, don Tomás Maestre Aznar, ya desaparecido, y su ´sucesor´, el propio puerto deportivo: no olvidemos que el objetivo de esa obra era permitir la entrada, sin restricciones de calado y envergadura, a embarcaciones al puerto deportivo en el interior del Mar Menor, menospreciando las consecuencias ecológicas de la misma.
Maestre, una de las personalidades más
tóxicas (y sin embargo invictas) de la historia murciana reciente,
disfrutó de gran consideración por el poder y por ello hizo lo que le
dio la gana en el Mar Menor y La Manga. Cuando yo lo acusé en una
entrevista de prensa de ser el señor feudal y alcalde de facto del
lugar, además del culpable de su degradación al incrementar la
aportación de agua menos salina y más fría desde el Mediterráneo, se me
querelló por calumnias e injurias, en abril de 1980; pero como lo
demostré (que era el puñetero amo del Mar Menor, digo) la causa fue
sobreseída; el tipo atemorizaba a políticos, funcionarios y pescadores,
pero no a mí.
Habría que encontrar la forma de que alguien,
algunos o algo paguen el ´crimen del Estacio´, en el verdadero origen de
las penas del Mar Menor, quizás haciendo recaer la responsabilidad
material adquirida (que es doble: penal por el daño ambiental y de
restitución al estado original) en el puerto deportivo actual, que sigue
llevando el nombre, ´Tomas Maestre´, de tan insigne prócer.
Es verdad
que tras la salvajada del Estacio han proliferado los contaminantes con
acceso al Mar Menor, siendo ahora los agrícolas los más incisivos, pero
la recuperación de la salinidad es una prioridad por cuanto se relaciona
con la base física de la masa de agua; es decir, que reducir esa
entrada de agua, así como controlar la aportación constante futura, es
una necesidad imperiosa, lo que implica actuar seriamente sobre ese
canal y la instalación que administra sus aguas.
También es verdad que
en la actual desolación físico-químico-biológica la albufera nos llena
de incógnitas y temores sobre evoluciones imprevisibles (aunque todas
negativas), pero que nadie piense que se puede encontrar un ´nuevo
equilibrio´ del ecosistema del Mar Menor asimilándolo fatalmente al mar
exterior.
Respecto de la ´tercera justicia´ a esperar, la
ejemplarizante (que la acción judicial no debe ignorar), opinaré cuando
sepamos cómo lo ve la Fiscalía murciana.
(*) Jubilado y ecologista
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