A pesar de los graves acontecimientos, en las reuniones
del Govern apenas se discute sobre el referéndum y menos sobre los
escenarios que se pueden abrir después. Dolors Bassa, consellera de
Treball, de ERC, se armó de valor en el Consell Executiu del pasado
martes para preguntar con cierta timidez: “¿Y si el plan A no
funciona?”.
“Pues pondremos en marcha el plan B”, fue la única
explicación que recibió. Dos días después, el plan A saltaba por los
aires cuando la Guardia Civil entraba en dependencias de la Generalitat y
detenía a 14 personas por participar en la organización del referéndum.
¿Y cuál es el plan B? Muy pocos lo saben y, menos aún, lo explican. Los
preparativos de la consulta han sufrido un mazazo, pero la consigna en
el Govern es mantener viva la expectativa del referéndum.
Aún no se han incautado las urnas y el Govern tantea
imprentas en el extranjero. Pero las mesas electorales se tendrán que
formar con voluntarios, la publicación de los lugares de votación en la
web es la admisión implícita de que será difícil que haya tarjetas
censales, a una semana vista no hay juntas electorales, la campaña es
una broma y tampoco es posible garantizar la neutralidad del recuento
aunque se invite a unos cuantos observadores internacionales. El
referéndum está trinchado, no puede contar con garantías, pero eso es lo
de menos a estas alturas del choque. Lo que importa para el Govern es
colocar urnas y que cientos de miles de personas intenten votar. Y es
justo lo que Mariano Rajoy ha ordenado frenar a toda costa.
El Gobierno del PP no se va a conformar con impedir que se
abran colegios electorales, sino que pretende que nadie pueda colocar
urnas ni siquiera en las plazas. Y eso colisiona frontalmente con la
movilización alentada por el Govern y las entidades independentistas
para el 1-O. A ello hay que añadir las actuaciones que puedan realizar
la Fiscalía, los jueces y los dos gobiernos en los próximos días, que
sin duda elevarán la temperatura del enfrentamiento.
Los últimos movimientos para frenar el referéndum empiezan a
provocar fisuras en el apoyo socialista a Rajoy. Si bien el PSOE no
pone pegas a las actuaciones judiciales encaminadas a impedir la
consulta, la citación de 700 alcaldes o la posibilidad de que la ANC o
manifestantes sean acusados de sedición no son compartidas por los
socialistas. El PSOE ha arrastrado al PP a la creación de una comisión
en el Congreso sobre Catalunya con la intención de construir una pista
de aterrizaje al conflicto después del 1-O, pero las heridas que pueda
dejar el choque en curso ponen en riesgo esa vía.
Carles Puigdemont trató de buscar otra salida con Pedro
Sánchez a finales de agosto, cuando invitó al socialista a almorzar en
Barcelona después de los atentados. El presidente de la Generalitat le
inquirió sobre una posible moción de censura para desbancar a Rajoy.
Puigdemont estaba dispuesto a aplazar el 1-O si Sánchez activaba esa
alternativa. Pero el líder socialista argumenta que un gobierno que
necesita el sostén de tantos partidos sería tan inestable que en dos
años el PP ganaría las elecciones por mayoría absoluta. Así que el
Govern intentará que el 1-O se convierta en una gran movilización de
protesta contra el PP y por eso Oriol Junqueras manifestó esta semana
que “la mejor moción de censura a Rajoy es el referéndum”.
Lo que ocurra el próximo domingo y la lectura que se haga
de ese día será esencial. Puigdemont repite a su entorno que no tiene
previsto convocar elecciones. Y la posibilidad de una proclamación
unilateral de independencia (DUI) cobra fuerza. Un sector del PDECat
intenta convencer al president de que ése sería un grave error, pero
Puigdemont está dispuesto a llegar lo más lejos posible y hasta
visualiza su detención en el Palau de la Generalitat.
Otros abogan por
convocar unas elecciones en cuyo programa figure la DUI si se obtiene
una mayoría independentista en votos y escaños. De hecho, la secesión
sin referéndum de por medio fue la promesa de Junts pel Sí para las
últimas elecciones (luego rectificada), por lo que no hay margen para
proponer menos. El 1-O marcará uno y otro camino. Así que ahora mismo
parece difícil que el choque que se avecina y las profundas heridas
institucionales que provocará la actual aplicación de factode la
intervención de la Generalitat facilite a corto plazo la salida que
propone el PSOE.
(*) Periodista y directora adjunta de La Vanguardia
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