MURCIA.- Los inmigrantes venezolanos residentes en la Región Murcia
participan este domingo, en La Glorieta, en un plebiscito para
pronunciarse sobre proceso constituyente impulsado por el chavismo. Esta
iniciativa, organizada por Avemur, supone un respaldo desde la capital
de la Región a la consulta popular llevada a cabo hoy por la oposición
al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, con el aval del Parlamento,
en el país latinoamericano.
Esta convocatoria, calificada
de ilegal desde el oficialismo, supone el mayor desafío al Ejecutivo
bolivariano y con ella se invoca «el derecho constitucional a la
desobediencia cuando el Gobierno atropella la democracia». El plebiscito
tiene, además, el respaldo de importantes actores del tejido económico,
cultural y civil del país.
Las reacciones que ha suscitado muestran con claridad la
ruptura completa entre los poderes públicos, y de algunos de estos con
buena parte de la sociedad en Venezuela.
El referendo
-que pregunta también a los venezolanos si quieren la convocatoria de
elecciones y piden a los militares que defiendan la Constitución
vigente- ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por el diputado
oficialista Pedro Carreño, que pide que sea declarado nulo y lo tacha de
"plan golpista".
Pero poco importa a quienes apoyan la
consulta lo que diga el Supremo, un tribunal acusado de servir al
Gobierno de Maduro cuya legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la
fiscal general, Luisa Ortega, que también se ha rebelado contra un
Gobierno al que recrimina convertir al país en un "estado policial" y
practicar "terrorismo de Estado".
Pese a que ha dejado
clara la magnitud de la afrenta al Estado y a la Revolución bolivariana
que el referendo supone, Maduro no ha adelantado hasta ahora represalias
para quienes vayan este domingo a las urnas, como sí prometió actuar
contra los que boicoteen el 30 de julio la elección de la Asamblea
Nacional Constituyente que ha puesto en marcha.
Sin
embargo, y para tranquilizar a quienes temen posibles castigos -a través
del sistema de distribución estatal de alimentos o a los empleados en
empresas públicas-, los impulsores del plebiscito se han comprometido a
quemar las papeletas y las listas de participación para que no lleguen a
manos del Gobierno.
En estas circunstancias, la mayor
inquietud apuntada por opositores y críticos de Maduro viene de los
llamados "colectivos", grupos civiles de chavistas armados que algunos
consideran "paramilitares" del Gobierno y han asaltado el Parlamento e
intimidado a manifestantes antichavistas en los últimos meses.
Su
posible presencia en las calles preocupa sobre todo en las zonas
tradicionalmente chavistas, en las que el oficialismo niega el menor
malestar con el Gobierno y donde la oposición tiene su principal reto
cerca de dos años después de la mayoría absoluta las legislativas de
diciembre de 2015, las últimas celebradas en la nación caribeña.
Al
llamamiento opositor a acudir a las urnas y votar 'sí' a las tres
preguntas se han sumado importantes sectores de la sociedad civil como
la influyente Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras),
sindicatos no oficialistas, organizaciones estudiantiles y algunas de
las universidades más prestigiosas del país.
Uno de los
más sólidos apoyos viene de la Iglesia venezolana, que ha cedido sus
instalaciones para la votación y ha reconocido la legitimidad de este
referendo contra una Constituyente cuya apuesta por el "Estado comunal"
es vista por los obispos como una vía a la "constitucionalización de una
dictadura comunista" en Venezuela.
La consulta cuenta
con el dinamismo que le dan los miles de ciudadanos volcados en las
labores organización como voluntarios, quienes han puesto a disposición
del referendo mesas, sillas, comercios y automóviles para desplazar
votantes.
Pero debido al corto tiempo en que se convocó, y
al no estar auspiciada por el Poder Electoral, carece de algunos
mecanismos de control y no puede asegurar que los ciudadanos no voten
más de una vez por persona en todos los centros del país o del
extranjero, donde tienen permitido expresarse sin importar dónde están
inscritos como votantes.
Los líderes de la coalición
opositora han apelado a la conciencia de los venezolanos que vayan a
pronunciarse para que no depositen más de una papeleta.
Para
contrarrestar estas informalidades propias de la naturaleza misma de
una consulta organizada contra el Poder Electoral y el Gobierno, los
convocantes han encargado a cinco rectores universitarios del país que
actúen como garantes, y miles de voluntarios harán de interventores
siguiendo el proceso en las mesas.
A este mayor rigor
pretende contribuir también la presencia como observadores, a invitación
cursada por el Parlamento, de diputados y expresidentes de otros
países, como el mexicano Vicente Fox y el colombiano Andrés Pastrana.
Consiga
la oposición o no movilizar a una parte importante de los venezolanos
contra la consulta, la mayor cuestión vendrá el lunes: cómo hacer valer
unos votos que no están reconocidos por los poderes llamados a hacerlos
efectivos.
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