CARTAGENA.- El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de
Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que "algo habrá" cuando desde la
antigua Consejería de Cultura, la de Desarrollo Económico o desde
Función Pública se han dedicado a bloquear "sistemáticamente" cualquier
tipo de supervisión y control del servicio televisivo que realiza CBM,
la empresa privada que gestiona 7RM.
Urralburu ha concretado que la actual consejera portavoz, Noelia
Arroyo, cometió "abuso de autoridad y se saltó la ley" al dictar el
decreto por el cual se retiraban las competencias al ente RTRM sobre el
control público de la televisión regional.
Esto supuso, según el portavoz parlamentario de Podemos, un bloqueo
"jurídico, político y financiero que ha tenido importantes consecuencias
en el cumplimiento de los objetivos del Ente, entre otras, informar con
garantías sobre ese control público".
Por ello, Óscar Urralburu ha afirmado que "algo habrá" cuando el
gobierno regional "no permite la supervisión pública de la 7RM. El
Partido Popular no quiere que se supervise a la televisión como marca la
ley. Ha actuado para obstruir la posibilidad de una televisión pública
independiente y se apunta a la estela de la teleladrillo, la
televalcárcel, donde la manipulación es todo un clásico".
Con respecto a la rendición de cuentas de la gestión de la televisión
pública, presentada en el Informe sobre el funcionamiento del Contrato
Programa, Urralburu señala que "no se cumplen los objetivos recogidos en
el pliego de condiciones, ni cualitativa ni cuantitativamente. Por
ejemplo, no se satisface el nivel de audiencia que no supera el 2.4%, ni
se ha logrado liderar la audiencia de informativos en la franja de
tarde y de fines de semana".
Además, Urralburu ha denunciado la
"precarización sistemática" de los trabajadores de la 7RM que son los
que están pagando "el ajuste del servicio. Mientras que no se cumple la
inversión de la parte de gestión privada, sí que cumple la parte
pública. Eso sí, a costa de la calidad del servicio, las indignas
condiciones de sus trabajadores y la pobre situación de las productoras.
Hay unas que reciben casi un 50%, mientras otras 27 no alcanzan el
9,75%".
Por último, Óscar Urralburu ha pedido que tal y como decidió la
Asamblea Regional se aplique la sentencia que invalidaba el ERE del
personal despedido y se resuelvan los conflictos derivados del mismo,
puesto que este es un proceso "que mantiene en una lamentable situación a
diversos trabajadores y trabajadoras".
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