MURCIA.-El abogado murciano Diego de Ramón ha denunciado ante la Fiscalía que
el Gobierno autonómico creó en 2007 el Ente Regional del Agua con el
fin de “suplantar” a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en
su competencia de aprobar la disponibilidad de agua en los proyectos
urbanísticos y planteamientos de desarrollo municipales.
El objetivo de la creación del citado Ente, según el letrado, era amparar el
desarrollo de “todo un sistema de planeamiento urbanístico” con
“grandes beneficios para los ayuntamientos” a través de la recaudación
de los impuestos y de los proyectos, por lo que ha remitido un escrito
de denuncia a la Fiscalía para que lo investigue.
En concreto, el abogado señala que la creación del Ente Regional del
Agua mediante una Ley regional “vulnera el principio de jerarquía
normativa”, que indica que “una ley nacional no puede ser sustituida por
una regional”.
“La CHS es el organismo competente para aprobar la disponibilidad de
agua en los proyectos urbanísticos de forma previa a su ejecución”,
según De Ramón, quien explica en su escrito que la creación del Ente
Regional del Agua perseguía “obtener con seguridad el sí a la
autorización en todos los proyectos urbanísticos y planeamientos”.
Según argumenta en su escrito a la Fiscalía, De Ramón considera
“obvio” que, antes de aprobar cualquier iniciativa urbanística, se exige
el cumplimiento de una autorización o informe vinculante sobre los
recursos hídricos que necesitaría dicho proyecto, a tenor de la Ley de
Aguas, que encomienda dicha labor a la CHS en la cuenca del Segura.
En este sentido, el letrado critica que la creación de la desaladora
de Escombreras tenía como objetivo “llevar agua a 22 municipios de la
Región de Murcia que alcanzaron un acuerdo para suministro de agua
desalada por el Ente Público de Agua” en el año 2007.
De esta manera, los ayuntamientos no solo se aseguraban un aumento en
sus ingresos, sino que también se garantizaba “sacar adelante la
desaladora de Escombreras, que actualmente es deficitaria y nos va a
costar 600 millones de euros a todos los murcianos”.
Además, De Ramón critica que esta operación permitía sacar adelante
una serie de proyectos urbanísticos, “algunos de ellos afectados por la
corrupción, como el de ‘Novo Carthago’, caso ‘Umbra o caso ‘Totem’, por
ejemplo”, asevera.
A su juicio, el logro para esos gestores era conseguir “construir una
desaladora en Escombreras de iniciativa privada con un coste altísimo
600 millones de euros, para después explotarla y pagarla los murcianos,
con una deuda regional que tienen que asumirla tres generaciones, y potenciar todos los planeamientos urbanísticos que han sido
objeto de corrupción por parte de políticos, funcionarios e interesados
privados”.
Para apoyar su escrito de denuncia, De Ramón aporta una sentencia del
Tribunal Supremo en la que falla en contra del Plan General de Aledo o
el de Puerto Lumbreras por falta del agua, así como el Auto Judicial de El
Roblecillo, de Caravaca de la Cruz, donde “no están incluidos los
informes de la CHS”.
En el caso de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Puerto Lumbreras, la sentencia del Tribunal Supremo “ha
demostrado, que no se incorporó el informe vinculante de la CHS, sino
que se utilizó el del Ente Público del Agua”, según reza el escrito.
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