MURCIA.- El sector vitivinícola regional firmó hoy un acuerdo para trabajar en
esta campaña con un contrato tipo que supone el consenso entre
productores y bodegueros. La firma del mismo se realizó en un acto
celebrado en la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y
presidido por la consejera Adela Martínez-Cachá.
También asistieron el director general de Producciones y Mercado
Agrícolas, Fulgencio Pérez, y los representantes de las organizaciones
agrarias Cog-Ir, Adea-Asaja y UPA, las bodegas cooperativas
representadas por Fecoam y la Asociación de Empresarios de Vinos de
Jumilla (Asevin).
La Consejería ha actuado como impulsora y mediadora en las relaciones
entre las distintas organizaciones, "proponiendo y coordinando los
encuentros para asegurar el diálogo y consecución de acuerdos entre el
sector productor y el sector industrial", indicó la consejera, quien
recordó que "desde julio se viene trabajando con el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y mediando entre
agricultores y bodegueros para crear un contrato tipo y establecer el
precio de la uva, dando cumplimiento a la Ley de la Cadena Alimentaria,
que se sacó adelante con el fin de que estuviera garantizada la posición
de los viticultores". El sector genera en la Región 2.435 empleos
directos, además de otros indirectos.
En este acuerdo, los bodegueros se comprometen a cumplir lo dispuesto
en la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria, la formalización de un contrato escrito previo a la
recepción de la uva para vinificación en sus instalaciones, utilizando
el modelo recomendado por la Organización Interprofesional del Vino de
España, que recoge el precio de la transacción y el plazo máximo de pago
de 30 días.
El pago y las liquidaciones del producto se efectuarán en función de
la calidad de las uvas, y por primera vez, se comprometen a tener en
consideración los valores reflejados en el estudio 'Evaluación económica
del cultivo de la viña en la Región de Murcia', realizado por el IMIDA,
teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Para conseguir una
mayor transparencia de mercado y poder realizar un seguimiento y
análisis del sector, se comprometen a suministrar información a la
Consejería.
Los productores también se comprometen a cumplir las normativas de
los distintos consejos reguladores de denominaciones de origen, en
cuanto a calidad de las uvas entregadas y producciones máximas por
hectárea. Aceptarán que las parcelas de D.O., cuyas producciones excedan
los límites establecidos por los reglamentos de los consejos
reguladores, sean descalificadas teniendo como destino la elaboración de
vino de mesa. También utilizarán el contrato de compra-venta de uva
para vinificación recomendado por la Organización Interprofesional del
Vino.
Por su parte, la Consejería apoyará la rentabilidad y modernización
del sector a través de las distintas líneas del Programa de Desarrollo
Rural, que incluye el apoyo a la incorporación de jóvenes al sector,
ayudas al viñedo en agricultura ecológica y medidas de agroambiente y
clima; con el 'Programa de Apoyo al sector vitivinícola', que cuenta con
actuaciones de ayuda a la reconversión de explotaciones, inversiones en
bodegas para modernizar equipos y maquinaria y promoción de vinos en
terceros países.
Además, aportará los recursos, estudios e informes que contribuyan a
un mejor conocimiento del sector y a la adopción de acuerdos entre las
partes productora e industrial; colaborará con la Agencia de Información
y Control Alimentarios (AICA) en materia de control del sector
vitivinícola y en la creación de un sistema unificado de información,
que incluirá un registro de operadores y la información que deben
contener las declaraciones obligatorias para conseguir una mayor
transparencia del mercado.
La Consejería facilitará al sector industrial
el estudio 'Evaluación económica del cultivo de la viña en la Región de
Murcia', realizado por el IMIDA, para la evaluación de los costes de
producción del cultivo de la uva.
Y se pondrá en marcha una comisión de seguimiento de los acuerdos,
que presidirá la consejera y estará integrada por representantes del
sector productor y del sector industrial. La Consejería actuará como
órgano de conciliación y arbitraje para la resolución de desacuerdos y
litigios que se planteen en el cumplimiento de los contratos.
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