MADRID.- Después de meses de tira y afloja, el Ministerio de Defensa y el astillero público Navantia
han llegado a un acuerdo sobre el coste del futuro submarino de la
Armada española, rebautizado con S-80 Plus tras alargarle la eslora en
más de 10 metros para compensar su exceso de peso: serán 1.550 millones
de euros (más una reserva de 100 millones para atender imprevistos), a
sumar a los 2.135 del presuesto inicial, por cuatro sumergibles a
recibir entre septiembre de 2022 y julio de 2027. Es decir, 3.685
millones de euros en total, un sobrecoste del 72,5% sobre lo previsto, según revela El País.
El acuerdo ya ha sido remitido al Consejo de Estado para que emita el
correspondiente informe antes de que el Consejo de Ministros de luz
verde a la modificación de la orden de ejecución. Este contrato es
independiente del nuevo ciclo inversor anunciado por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal,
para equipar a las Fuerzas Armadas españolas en los próximos 15 años,
pues forma parte de los llamados Programas Especiales de Armamento
(PEAS) planeados en los años noventa, aunque distintas peripecias han
demorado al menos una década la entrada en servicio de los S-80.
¿Es admisible un desvío de más del 70% en el coste de un submarino?
Los expertos coinciden en que, dado el alto componente de Investigación y
Desarrollo (I+D) que incoporpora el proyecto, tiene mucha más
justificación que los abultados reformados de las grandes obras públicas
y se remiten a los frecuentes sobrecostes de los sistemas de armas de
países de la OTAN. En todo caso, nadie ha explicado este fuerte aumento
de costes en el Parlamento ni mucho menos se han asumido
responsabilidades.
Tras sucesivos retrasos, el gran fiasco vino en diciembre de 2012,
con el reconocimiento de que se había producido un desvío de 125
toneladas en el peso del submarino, lo que afectaba a su flotabilidad y
obligaba a rediseñarlo totalmente.
Un error de este calibre no se habría
producido si, de forma excesivamente voluntarista, Navantia no hubiera
roto en 2010 su asociación con el astillero francés DCNS, con el que
cofabricaba el submarino Scorpène. La empresa española había construido
antes submarinos, pero nunca se había enfrentado al reto de diseñarlos
en solitario.
Además, el plan de prejubilaciones de 1999 descapitalizó
la compañía, al prescindir de muchos ingenieros mayores de 50 años,
precisamente los que tenían más experiencia.
Para sacar a flote el proyecto tras el divorcio traumático con los franceses (los
dos exsocios acabaron en los tribunales), el Ministerio de Defensa tuvo
que recurrir al apoyo técnico de EEUU: la firma Electric Boat, el mayor
fabricante mundial de submarinos, supervisó la revisión crítica del
proyecto, que en julio de 2016 superó su examen (CDR, por sus siglas en
inglés). No fue un apoyo desinteresado: los estadounidenses cobraron 14
millones por su asesoramiento.
El Ministerio de Defensa ha renunciado a penalizar a Navantia por los
retrasos. Alega que, al tratarse de una empresa pública, el dinero que
entra por un bolsillo sale del otro, ambos del mismo pantalón. Sí se han
discutido los márgenes de beneficio, para que equivocarse no acabe
resultando un buen negocio.
Los 1.550 millones de sobreprecio suponen un techo de gasto que no
tiene por qué agotarse, según las fuentes consultadas. Esta cantidad
incluye 16 millones para adaptar los muelles de atraque de la base naval
de Cartagena (que deben dragarse y alargarse), los dos simuladores (el
de plataforma y el táctico) o la dotación de armamento. También, el
sistema de propulsión independiente del aire (AIP), que le convertirá en
el submarino no nuclear con mayor autonomía y discreción (capaz de
navegar casi dos semanas sin salir a la superficie).
Dos firmas españolas, Técnicas Reunidas y Abengoa, compiten en la
carrera por diseñar un sistema capaz de producir hidrógeno a partir de
bioetanol. No solo se trata de producir el sistema AIP, sino de
miniaturizarlo para su instalación a bordo. Tras varios fracasos, alguno
muy sonado, la Armada está convencida de que ambos prototipos
culminarán con éxito, aunque da por descontado que no llegarán a tiempo
para la botadura de los dos primeros submarinos, por lo que se estrenará
en el tercero de la serie y se instalará posteriormente en todos.
La demora del S-80 ha provocado, además, costes colaterales. A dos de
los tres submarinos que quedan en servicio de la serie anterior (S-70),
que ya deberían haberse dado de baja, se les ha prolongado la vida
operativa mediante una gran carena (revisión exhaustiva) no prevista por
el fabricante. En total, otros 86 millones de euros que, si hubiera
nuevos retrasos, aumentarían hasta sumar 130.
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