CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha denunciado numerosas
irregularidades con el contrato de limpieza viaria, recogida de basura y
tratamiento de residuos, un contrato que el Gobierno del PSOE pretende
modificar con previsibles perjuicios para las arcas públicas
municipales.
La formación morada ha advertido, mediante una nota de
prensa, que no hay ninguna transparencia en relación a los gastos e
ingresos que percibe la concesionaria del servicio, que no figuran los
datos en la página web municipal y que Cartagena está incumpliendo el
artículo 116 ter de la Ley 7/1985, que exige que el Ayuntamiento calcule
antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios
que se prestan.
La formación morada ha lamentado
que a día de la fecha se desconozcan los costes del servicio de 2016 y
2017, así como los ingresos que perciben tanto el Ayuntamiento como FCC.
Más gravoso aún es, si cabe, que el Ayuntamiento todavía no tenga claro
la titularidad de los subproductos de la planta de tratamiento de El
Gorguel, como biogás, compost, vidrio, cartón y chatarra.
El grupo
municipal de Podemos ha recordado que ya en noviembre del año pasado el
Gobierno municipal reconocía desconocer cómo se está gestionando la
venta de estos subproductos, y que la opacidad y el oscurantismo al
respecto continúan, cuestión que repercute en los ingresos que debe
percibir el Ayuntamiento por estos conceptos.
A la
lista de irregularidades e incógnitas sin despejar, CTSSP ha añadido la
realidad de un servicio deficiente y que arroja pérdidas millonarias, y
sobre todo, la falta de un control técnico y económico adecuado que
supervise que los costes del servicio que declara la concesionaria son
efectivamente tales.
Para suplir tales carencias, el grupo municipal ha
emplazado al Gobierno del PSOE de Cartagena a que antes de ampliar
contratos y aumentar graciosamente y de un plumazo los millones que se
embolsan las concesionarias, convoque y constituya de manera urgente el
Observatorio de la Contratación Municipal, un organismo aprobado en
Pleno y que, entre otras funciones, serviría para la fiscalización y
seguimiento de los contratos municipales que afectan a los servicios
públicos.
Esta petición cobra aún más sentido tras hacer pública La
Verdad nuevas irregularidades con el contrato y presuntos cobros
indebidos.
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