La decisión del Tribunal Constitucional suspendiendo la celebración
del pleno de investidura si Carles Puigdemont no está presente y dispone
además de un permiso judicial para asistir supone un atropello
jurídico, una arbitrariedad legal, una tropelía política y un nuevo acto
tendente a imponer supuestos intereses del Estado español por encima de
la ley.
El TC no se pronuncia formalmente sobre la petición del
gobierno español y en cambio va mucho más allá atribuyéndose
competencias del Parlament y de interpretación del Reglamento que nadie
le había solicitado. Es evidente que el gobierno español ha hecho un uso
fraudulento de la capacidad que tiene de acudir al TC y que este
suspenda inmediatamente todo lo que el ejecutivo le pida.
Pero eso no es
otra cosa que un fraude de la Constitución. Poner la unidad de España
por encima de la ley no solo es una torpeza sino que es un escándalo
democrático que un día u otro tendrá consecuencias.
No es la primera vez que el Tribunal Constitucional deja de lado la
legalidad vigente y se dedica a hacer política, como si fuera la tercera
cámara del legislativo español. Así empezó el actual conflicto entre
España y Catalunya, con una sentencia sobre el Estatut d'Autonomia, en
julio de 2010, a todas luces abusiva e insultante para los catalanes. No
había base jurídica para aquel desatino pero sí había una intención
política y esta no era otra que proceder progresivamente al desguace del
estado autonómico español.
Por eso no se tenía que dejar pasar aquel
Estatut. Las tesis recentralizadoras eran claramente ganadoras en España
desde principios de este siglo y por eso el TC tragó todo lo que hizo
falta en aquella ocasión y ahora ha vuelto a hacer lo mismo con una
única máxima: La unidad, primero.
En esta ocasión, la tropelia de los 13 miembros del TC -Carlos
Ollero, indispuesto, fue internado al mediodía- no es menor ya que con
su decisión orilla tres informes que tenía encima de la mesa. El del
Consejo de Estado que por unanimidad era contrario al deseo del Gobierno
de suspender el pleno antes de su celebración arguyendo que Carles
Puigdemont no podía ser candidato; el de los letrados del Tribunal
Constitucional que en un sentido similar consideraban inconsistente la
petición de la Moncloa, y el del ponente del Tribunal Constitucional
para este asunto, Juan Antonio Xiol Rios, que también era contrario a
darle la razón al gobierno.
La decisión del TC no cierra ni la crisis del organismo, ni la
utilización política del Alto Tribunal. Tampoco despeja la decisión que
va a llevar a cabo ahora la Mesa del Parlament impedido por el TC a
convocar el pleno si no se dan las condiciones imposibles de una
presencia de Puigdemont que previamente se haya entregado a la justicia y
haya sido detenido. Sobre todo porque todo el mundo sabe, después de la
descomunal chapuza vivida este sábado, que la decisión adoptada por los
magistrados ha sido política y no jurídica.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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