CARTAGENA.- El pasado mes de diciembre, el Juzgado de Instrucción n° 5 de
Cartagena archivó la denuncia por apropiación indebida presentada por el
Ayuntamiento de Cartagena, en relación a la desaparición de un sillar
romano del monasterio de San Ginés de la Jara.
Esta lápida, desaparecida desde el año 2005, fue hallada a principios
del pasado año por el geógrafo Juan Carlos Blanco que se puso en
contacto con el director del Museo Arqueológico Etnográfico de San Pedro
del Pinatar, Marcos David Gracia, y con el presidente de la Asociación
de Amigos de San Ginés de la Jara, Javier Lorente, que a su vez, y
según el auto del juez, se puso en contacto en mayo de 2017 con la
coordinadora de Patrimonio en Cartagena, María del Carmen Berrocal para
informarla del hallazgo y coordinar el traslado y la devolución de la
pieza al inventario cartagenero.
"A pesar de estos contactos, la coordinadora de Patrimonio no sólo no
recogió el sillar, una lápida romana de Numisio, sino que acabó
interponiendo una denuncia contra las personas que hallaron y
protegieron la pieza, una denuncia que recientemente ha sido archivada
por no encontrar el juez instructor indicios de criminalidad, ha
explicado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, que
considera que "esta rocambolesca historia, más propia de una novela
negra, ha suscitado dudas a nuestro Grupo Municipal sobre la actuación
de la señora Berrocal, y por ello presentará en el próximo Pleno
ordinario una batería de preguntas para esclarecer los hechos, y exigir
responsabilidades si las hubiere".
Entre otras cosas, Ciudadanos quiere saber cuáles son las razones que
motivaron la denuncia por la supuesta apropiación indebida de la pieza,
si tal y como se refleja en las conclusiones del juez, la coordinadora
municipal de Patrimonio conocía previamente su paradero, y había
mantenido ya conversaciones para su traslado y entrega.
La formación
naranja también quiere saber por qué nadie desde el Ayuntamiento recogió
el sillar desde que se tuvo conocimiento de su ubicación en mayo de
2017, y también quiere saber si el Ejecutivo local va a exigir
responsabilidades a los impulsores de la denuncia.
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