MURCIA.-El Juzgado de Instrucción de Lorca al que correspondió por reparto la
deducción de testimonio enviada por la juez que tramitó el caso
Auditorio deberá investigar si el expresidente de la Comunidad Autónoma
Pedro Antonio Sánchez (PAS) y otras personas pudieron incurrir en algún hecho
delictivo en la adjudicación de las obras de rehabilitación de un puente
sobre la rambla de Nogalte y una pasarela.
Así se ordena en un
auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia que deja sin efecto
otro del primer Juzgado que acordó archivar las actuaciones y no
investigar porque el fiscal se pasó en dos días el plazo de que disponía
para solicitar que la instrucción de la causa fuese declarada compleja.
La Audiencia señala que ese plazo de seis meses no debe ser aplicado de
forma automática, por lo que considera que en este caso no procedía el
sobreseimiento solo porque se hubiera superado en dos días.
El
testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción de Lorca que tramitó
el caso Auditorio trata de que se investigue si en la adjudicación de
las citadas obras sobre la rambla de Nogalte, en los tiempos en que
Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, se pudo incumplir la ley con el
desdoblamiento del presupuesto global en varias partidas para escapar
al control exigido para el caso de que las mismas superaran el tope de
doce mil euros.
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