Rajoy considera el art. 155 muy
democrático, básicamente porque le permite hacer lo que le da la gana
que, para él, es lo más democrático. Se permite el lujo de aleccionar a
Puigdemont desde su autoinvestidura de guardián del Estado de derecho y
la ley, afirmando que es ridículo contraponer ley y democracia
pues, en su opinión, son sinónimos, como si las dictaduras no tuvieran
leyes. La suya, por ejemplo, esta llena de ellas y se aplican según le
parece a él.
A
muchos otros, el 155 nos parece antidemocrático porque es una norma de
excepción que, de hecho, suspende la Constitución y, por tanto, la
vigencia de la ley que se dice querer proteger. Es la fórmula misma de
la dictadura desde los tiempos de los romanos: gobierno de excepción en
tanto se restaura la legalidad alterada. Sobre la primera parte, la
coincidencia es absoluta: gobierno de excepción y no democrático.
Sobre
la segunda la discrepancia es radical porque hay un cuestionamiento de
la legalidad, de la ley. Y por mucho que el señor de los sobresueldos la
invoque como dogma inamovible, la ley puede ser injusta. Hay leyes
injustas a porrillo. Las ha habido, las hay y las habrá. Ir contra la
ley injusta no es ir contra la democracia. Al contrario, la democracia
se defiende luchando contra las leyes injustas.
Aclarada
la mota negra de principios, vienen las objeciones de intendencia,
sobre todo de parte de la izquierda. Cierto, puede haber leyes injustas
pero la forma de cambiarlas no es quebrantarlas, sino reformarlas. Una
minoría nacional, siendo estructural, nunca podrá reformar las leyes de
la mayoría en un sentido que le sea favorable si la mayoría se opone. Es
la dictadura de la mayoría. Formalmente democrática. Materialmente,
no.
Añádase
otra consideración. El 155 es una norma de plenos poderes,
prácticamente ilimitados, ya que se invoca el superior interés de la
nación en peligro porque una parte no se reconoce miembro de ella y
quiere separarse. Es una pendiente sin fondo que lleva a una situación
de dictadura de hecho en la que todos los poderes públicos están
sometidos a la voluntad del gobernante y aplican sus políticas.
La
posible imputación de Marta Rovira por el Tribunal Supremo evidencia que
está jugando el derecho penal del enemigo a tumba abierta y con claros
fines de hostigamiento e intimidación por razones ideológicas. Si la DI
es un delito, bien puede encausarse a los cómplices, encubridores y
hasta simpatizantes. Es lo que tienen los delitos de opinión. En una
posibilidad no muy disparatada podría pensarse en una causa general al
independentismo que permitiría procesar a los tres millones de votantes
del 1/10. Más o menos, lo que hizo Franco.
En
esa política de hostigamiento, que sigue típicos parámetros
franquistas, el gobierno se vale de la Junta Electoral para intervenir y
censurar TV3. La prohibición de que este canal público llame
"presidente en el exilio" al presidente en el exilio y "consellers en
prisión" a los consellers en prisión retrotrae el país a la época de la
censura de prensa a cargo del ministro de Información y Turismo, por
aquel entonces, Fraga Iribarne, defensor de la democracia "orgánica". Se
trata de controlar los medios de comunicación como sea.
Que esto es puro franquismo se echa de ver en el cumplimiento del fenómeno que los psicólogos llaman proyección, y desconcierta a mucha gente. La derecha proyecta en
los demás sus propias trapacerías, sus propios desaguisados y hasta
delitos. Ahí estaba Albiol en la tele el otro día, diciendo barbaridades
sobre TV3 y acusándola de ser lo que hace años es TVE.
Lo
curioso de esta situación de acoso y hostigamiento al independentismo
(que solo consigue ampliarlo y fortalecerlo) es el silencio de la
izquierda. De la una, de la otra y de la mediopensionista. Compiten en
unas elecciones en las que no hay juego limpio con una de las opciones a
la que se hostiga hasta el punto de que sus candidatos están en la
cárcel o en el exilio y no tiene nada que decir. Es el PSC el que ha
presentado la denuncia para que la Junta Electoral prohíba los lazos
amarillos por los presos políticos.
Cuando se decide reavivar el concepto de guerra total al
adversario porque lo que se busca es su exterminio no hay más límite
que la propia conveniencia del atacante. De censurar la expresión en TV3
a substituirla por un canal adicto al 155, que es lo democrático, no
hay más que un paso. De prohibir las "manifestaciones partidistas" de
los interventores, apoderados y agentes de cambio y bolsa a prohibir los
partidos mismos solo hay otro.
Las
elecciones deben tener todas las garantías y el evidente sesgo de la
Junta Electoral contra una de las partes hacen temer lo peor en cuanto
al desarrollo de la campaña y, por supuesto, el escrutinio. Ahí es donde
está claro que, dadas las circunstancias, con un 155 a plena marcha, la
única garantía aceptable es la presencia de observadores extranjeros.
Realmente
quien no vea que esta es una crisis de régimen muy grave es un
irresponsable. Lo malo es que la irresponsabilidad está arraigada en la
clase política española.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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