BURGOS.- La Fiscalía General del Estado maneja una batería de propuestas para reforzar la autonomía de los fiscales y lograr así que alcancen un nivel de independencia "casi similar" al de los jueces con el objetivo de que sean los fiscales los que investiguen las causas, tutelados por un juez de garantías.
En un desayuno coloquio organizado por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, el fiscal general del Estado, José
Manuel Maza, ha adelantado que entre esas propuestas figuran la
autonomía presupuestaria de la Fiscalía, la capacidad para resolver
sobre peticiones de compatibilidad y la resolución de todas las
sanciones, incluso las de mayor gravedad.
El fiscal general ha explicado que mientras el presupuesto
que maneja el poder judicial está en manos de su Consejo Judicial, en el
caso de la Fiscalía depende de Ministerio de Justicia, que también se
reserva la concesión o denegación de las peticiones de compatibilidad de
los fiscales, por ejemplo para dar clases, y que resuelve las sanciones
de mayor gravedad.
Maza, que ha sido presentado por la Fiscal Superior de
Castilla y León, Lourdes Rodríguez, ha defendido la figura de los
fiscales en una fase de investigación que sustituirá a la de instrucción
y de la que ahora se encargan los jueces, es algo que "ocurrirá tarde o
temprano".
En su opinión, resolvería el problema de la excesiva
dilación de algunos procedimientos, como algunos asuntos de corrupción,
que todavía se están resolviendo ocho o nueve años después de
producirse.
"Esto pudre la sociedad y las instituciones porque genera
desconfianza por lo que imponer la pena correspondiente de forma rápida
sería bueno para la víctima, que es la propia sociedad", ha afirmado.
En cuanto a los medios económicos y humanos que se
requerirían para la reforma procesal que convertiría a los fiscales en
investigadores en la primera fase de los procedimientos penales, Maza ha
considerado que "no es algo insalvable"·.
Ha señalado que hay varias posibilidades, como el modelo
italiano, en el que hay mucha permeabilidad entre jueces y fiscales, o
la propuesta de algún profesor universitario español, que plantea
agrupar, aunque sea temporalmente, las carreras de jueces y fiscales
para dotar a la Fiscalía de la plantilla necesaria para asumir las
nuevas funciones y no generar un problema con el exceso de jueces de
instrucción, al quedar sin esa función.
El fiscal general del Estado ha asegurado que en este
momento ya hay un proyecto de reforma procesal casi acabado para cambiar
la instrucción judicial por la investigación, de la que se encargaría
la Fiscalía, que apoya el Gobierno y especialmente el ministro de
Justicia, aunque "está parado en la instancia política".
Ha recordado que no es la primera vez que se contempla una
modificación de este tipo, que ya plantearon los gobiernos de Rodríguez
Zapatero y de Rajoy con modelos diferentes.
"El modelo del PSOE parecía más ágil pero el del Partido Popular era más garantista y algo menos ágil", ha explicado.
Incluso ha recordado que la Fiscalía ya desempeña esta
función investigadora en los casos de menores y que ya está abriendo
diligencias de investigación controladas y limitadas en su duración,
como las 5.000 que se realizaron el año pasado.