MADRID.- El Defensor del Pueblo lamenta la
ineficacia de las reclamaciones y mecanismos extrajudiciales habilitados
por la banca para compensar a sus clientes por la comercialización,
entre otros, de hipotecas con cláusulas suelo abusivas, y afea la falta
de colaboración de algunas entidades.
En su informe
sobre 2018 presentado este martes en el Congreso de los Diputados, el
defensor de pueblo, Francisco Fernández Marugán, insiste en que si bien
la solución aprobada por el anterior Gobierno en 2017 para facilitar el
cobro de los perjudicados por los "suelos", obliga a los bancos a dar
curso y responder a cada petición, "no todos lo cumplen".
Asimismo pone el foco en el "deficiente funcionamiento"
del servicio de atención al cliente de las entidades bancarias, después
de que el Banco de España registrara más de 40.000 quejas en 2017.
En
atención a ello, el Defensor del Pueblo solicitó, de oficio,
información sobre el resultado de las recomendaciones y advertencias a
los bancos por parte del organismo regulador, que en base a dicho
ejercicio incluyó algunas de sus conclusiones en la última Memoria de la
supervisión bancaria en España.
El documento se
pronuncia además respecto al proyecto de ley reguladora de los
procedimientos de resolución extrajudicial, el cual busca garantizar a
los consumidores el acceso a mecanismos de resolución alternativa de
litigios "de alta calidad por ser independientes, imparciales,
transparentes, efectivos, rápidos y justos".
Transcurridos
más de ocho meses desde la entrada en vigor de la norma, el 5 de
noviembre de 2017, el Defensor preguntó a la secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía por sus
trabajos para la elaboración del proyecto.
Actualmente,
continúa pendiente de que se le comuniquen los avances que se vayan
produciendo en su tramitación; una vez consensuado, "todos los esfuerzos
podrán enfocarse en la mejora del sistema institucional de protección
al cliente financiero".
En el apartado sobre las
actuaciones derivadas de la coyuntura económica, Fernández Marugán
dedica una mención aparte a la aplicación del índice IRPH a las
hipotecas sobre Viviendas de Protección Oficial (VPO).
En
este sentido, recuerda que desde 2017 se ha solicitado al Ministerio de
Fomento que sustituya las hipotecas referenciadas al IRPH entidades por
el euríbor u otro índice oficial, recomendación que fue rechazada hasta
en dos ocasiones a pesar de que cada vez son más los juzgados y
tribunales que declaran su nulidad.
Por ello, el
Defensor entiende que "no hay elementos que desvirtúen los términos de
la queja", especialmente tras conocer el informe de la Comisión Europea,
en virtud del cual "la aplicación de este índice sí puede ser objeto
del control de transparencia y que, por lo tanto, si no cumple puede ser
abusivo".
Las actuaciones han quedado suspendidas a
la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que
el próximo septiembre conocerá la opinión de su Abogado General sobre
el IRPH, emita su sentencia, previsiblemente antes de que concluya el
año.
El Defensor del Pueblo hace extensible sus
críticas a la falta de regulación de la actividad de las empresas de
recobro al valorar que "aún no habiendo obligación internacional,
europea o nacional es imperativo", máxime cuando el sector "no tiene
establecidas cautelas y se deja sin protección al deudor".
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