CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) muestra su
estupefacción y rechazo al archivo de varias causas judiciales que
investigaban supuestos casos de corrupción, por aplicación del art. 324
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija unos plazos máximos de
instrucción, y pide a los representantes políticos que, para creer en la
Justicia, procedan a su urgente derogación.
El último caso se produjo la semana pasada, y es especialmente indignante para esta asociación. Se trata del 'caso La Sal',
en el que se investigan las posibles actuaciones delictivas que
rodearon la contratación, adjudicación y gestión de la Desaladora de
Escombreras, un caso, según señala Anse en un comunicado, «sin duda
emblemático por haber sido en su día la instalación sobre la que pivotó
la orgía urbanística que se desató en la Región de Murcia y que puso en
venta parte de nuestros espacios costeros más emblemáticos».
Anse,
junto a otras asociaciones, viene colaborando activamente con la
Administración de Justicia en la protección del patrimonio natural,
realizando un esfuerzo personal y económico para defender el interés
público, y colaboró activamente en la investigación de asuntos como La
Zerrichera, Marina de Cope, Novo Carthago, Lo Poyo, Puerto Mayor, La
Sal, etc.
«Lo hacemos porque entendemos que es nuestra obligación y
porque sabemos de la importancia de la Justicia en la protección de
nuestros recursos naturales, pese a las dificultades que ello conlleva»,
asegura la asociación.
Anse, según reza su comunicado, relata que
por estas razones «no podemos entender que causas de la importancia del
caso de la Desaladora se cierren en falso, sin investigar a todos los
implicados y sin analizar todos los hechos que lo rodean, por el mero
transcurso de un plazo procesal que se reguló con la única intención de
crear estos espacios de impunidad que permitieran a los de siempre
quedar fuera de la lupa judicial.
Y por eso no podemos entender,
tampoco, que habiendo cambiado las mayorías parlamentarias, ese artículo
siga sin ser derogado, mientras seguimos viendo cómo van archivándose
las causas por corrupción».
La asociación continúa añadiendo:
«Sabemos que tanto los jueces como los fiscales tienen que aplicar la
ley; sabemos también que el Tribunal Supremo modificó recientemente el
criterio que aplicó la juez del 'caso La Sal'; pero no podemos dejar de
quejarnos amargamente por tanto esfuerzo tirado a la basura; por tanta
impunidad regalada a quienes han vendido esta Región y su futuro al
mejor postor. Y sobre todo, por el enorme riesgo que supone que la
ciudadanía deje de percibir a la Administración de Justicia como garante
último de sus derechos».
Por ello, relata el escrito, «solicitamos a la Justicia que se depuren las responsabilidades que pueda haber en estos casos,
así como que se extremen las precauciones y cautelas para evitar que se
repitan. Somos conscientes de la total ausencia de medios materiales y
humanos con que lidian en los Juzgados a diario, pero lo que está en
juego no es solo el patrimonio natural de esta Región, que no es poco,
sino la confianza en el sistema judicial, y con ello, la propia
democracia».
Anse finzaliza añadiendo que «todos los poderes se
deben implicar en esta tarea: al legislativo exigimos la derogación
inmediata del art. 324 LECrim. Al ejecutivo, la dotación presupuestaria
suficiente para la Administración de Justicia.
Y al Judicial, que se
extremen las precauciones y cautelas para que no se repitan casos como
el mencionado, y la depuración de las posibles responsabilidades.
Y a la
ciudadanía no nos queda sino seguir colaborando en la medida de
nuestras posibilidades. Porque nos lo jugamos todo».
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