MADRID.- El grupo socialista, a instancias del Gobierno, ha entablado en las
últimas semanas discretas conversaciones con otras formaciones políticas
para poner en marcha lo antes posible los trabajos de la comisión del
Congreso de los Diputados que debe abordar la reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza—
que el PP aprobó en 2015. La previsión de los socialistas es que la
ponencia que debe acabar con los artículos más polémicos se inicie en
septiembre y no tarde más de dos meses en tener listo un texto
definitivo que cuente con suficiente apoyo parlamentario para salir
adelante, revela hoy El País.
Solo el PP se ha mostrado contrario a una reforma en
profundidad que el propio Pedro Sánchez calificó de “urgente” en el
discurso de la moción de censura que le convirtió en presidente. Un compromiso que reiteró en la entrevista concedida a El País que se publicó este domingo.
Sobre la mesa hay dos proposiciones de ley. Una, presentada por el
PSOE, pide la derogación de la ley y la vuelta a la norma anterior, la ley Corcuerade 1992. La segunda, elaborada por el PNV, plantea trabajar sobre el texto de la actual y modificar sus preceptos más polémicos.
Esta duplicidad de propuestas es lo que hasta ahora ha esgrimido el
PP —que preside la Comisión de Interior del Congreso donde debe
debatirse— para retrasar el inicio de los trabajos desde hace meses,
según denuncian los representantes de varios grupos políticos. Rafael
Merino, diputado popular y presidente de la comisión, niega esa
intencionalidad y asegura que uno de los grupos, ERC, no había designado
sus ponentes hasta el pasado viernes y, por tanto, no había podido dar
comienzo a los trabajos. Merino incide también en que la existencia de
dos proposiciones provoca una “tramitación compleja” que ha obligado a
pedir informes a los letrados de la comisión sobre cómo abordar los
trabajos. “Si se retirara una de ellas, sería todo mucho más sencillo”,
asegura a este diario.
Precisamente, sobre este último punto han girado los contactos que en
las últimas semanas han tenido representantes del PSOE y PNV, los dos
partidos autores de las proposiciones de ley, según confirman fuentes de
ambos partidos. Estas coinciden en señalar que lo más previsible es que
los socialistas retiren la suya y los trabajos se centren en la
proposición de ley de los nacionalistas vascos. “Eso nos evitaría
problemas y acortaría la duración de los trabajos”, reconoce David
Serrada, uno de los tres diputados socialistas que participarán en la
ponencia.
Desde las filas del PNV reconocen “algún contacto” con el PSOE, pero
los tildan de “informales” hasta ahora. “No nos hemos sentado a hablar
con papeles en la mesa ni nos hemos citado para ningún día. Supongo que
esto sucederá próximamente”, añaden. Los nacionalistas vascos sí admiten
que el partido del Gobierno les ha trasladado su intención de
“acelerar” la tramitación parlamentaria para modificar la ley. “Se
mostraron abiertos a trabajar sobre nuestro texto en lugar de hacerlo
sobre el suyo”, añaden.
En su proposición de ley, el PNV aboga por cambios en 44 preceptos de ley mordaza
e incorporar tres disposiciones finales con el objeto de proteger el
derecho de reunión y manifestación, la libertad de expresión e
información, la libertad sindical y el derecho de huelga que
consideraban amenazado por el articulado sacado adelante por el PP con
la mayoría absoluta que sostuvo el primer Gobierno de Mariano Rajoy.
También propone modular el régimen sancionador que contempla y
regular las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares en
frontera. En este último punto, el Gobierno de Sánchez ya ha dado el
primer paso para acabar con esta polémica figura al anunciar que va a
revisar el recurso que había presentado el Ejecutivo de Rajoy a la
reciente condena impuesta a España por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos por la expulsión por este procedimiento de dos inmigrantes en
Melilla en 2013.
La propuesta del PNV como punto de partida es vista con buenos ojos
por Ciudadanos. Miguel Gutiérrez, su portavoz en la Comisión de
Interior, asegura haber hablado en los pasillos del Congreso con
dirigentes socialistas sobre esta posibilidad y haber mantenido
contactos “informales” con otros grupos sobre la necesidad de abordar ya
la modificación de la ley mordaza.
Enmiendas de Ciudadanos
“Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, tenemos la voluntad de
cambiar la ley. No debe haber problemas para que se haga con rapidez si
trabajamos con una única proposición de ley”, añade el dirigente del
partido de Albert Rivera, que apunta al texto del PNV como su
preferencia. Ciudadanos ha presentado más de 100 enmiendas a las
proposiciones de PSOE y de los nacionalistas vascos que deberán verse en
la ponencia de la comisión parlamentaria.
No son de la misma opinión en el Grupo Parlamentario de Unidos
Podemos. Fuentes parlamentarias de la formación reconocen que están más
cómodos con la proposición inicial del PSOE, aunque discrepan en la
vuelta a la ley Corcuera de 1992. La propuesta de la formación que lidera Pablo Iglesias es elaborar una nueva ley de seguridad ciudadana desde cero.
El fin de la polémica norma del PP fue una de las 20 medidas
concretas que el líder de Podemos puso sobre la mesa en la discreta
reunión que mantuvo con Pedro Sánchez el pasado 14 de junio en La
Moncloa y en la que ofreció una “colaboración parlamentaria estrecha” a
los socialistas para llevarlos a cabo. Ahora, sin embargo, se muestran
más escépticos sobre el resultado que salga de la comisión. “A ver qué
texto queda”, apuntan.
Reforma de los artículos recurridos al Constitucional
“El Gobierno que salga de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la ley mordaza”.
Pedro Sánchez no solo anunció durante su discurso de la moción de
censura su intención de acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana del PP,
sino que también limitó el alcance de los cambios a “aquellos artículos
que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y por
los grupos de la oposición”, y sobre los que aún no se ha pronunciado
el tribunal. Entre otros artículos, aquel recurso impugnaba el apartado
20.2, que “permite el registro corporal externo y superficial que,
incluso, puede consistir en un desnudo total o parcial” sin requisitos
ni garantías.
También los preceptos 36.2 y el 37.1, que castigan como “perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado” y “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de las mismas”.
La objeción se extendía al 37.7, dirigido a evitar la “ocupación” de cualquier inmueble o, incluso, de la vía pública.
Otro artículo impugnado es el 36.23, que considera falta grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.
El PSOE y los otros grupos también recurrieron la disposición final que legalizaba por primera vez las llamadas devoluciones en caliente en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
También los preceptos 36.2 y el 37.1, que castigan como “perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado” y “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de las mismas”.
La objeción se extendía al 37.7, dirigido a evitar la “ocupación” de cualquier inmueble o, incluso, de la vía pública.
Otro artículo impugnado es el 36.23, que considera falta grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.
El PSOE y los otros grupos también recurrieron la disposición final que legalizaba por primera vez las llamadas devoluciones en caliente en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
Una tramitación compleja
El PSOE y PNV, que presentaron sendas iniciativas frente a la ley mordaza,
querían impulsar un texto único para cambiar esta polémica normativa,
en la línea de lo recomendado en el informe de los letrados de la
Cámara.
La retirada de una de las iniciativas agilizaría el trámite, aunque
las enmiendas hacen que los tiempos parlamentarios casi nunca acaben
siendo como se preveían.
No hay comentarios:
Publicar un comentario