A José María Aznar hay que escucharlo fundamentalmente por dos
razones: es el ideólogo de la refundación del centroderecha español y de
su boca siempre sale lo que otros tan solo dicen en privado, expresan
en reservados de restaurantes de lujo, en despachos importantes o en las
fincas y en los barcos de fin de semana.
Aznar es la quintaesencia del
golpismo institucional contra el independentismo catalán y uno de los
defensores máximos de la prisión incondicional y provisional contra
nueve de sus dirigentes, en estos momentos en cárceles de las
proximidades de Madrid.
En síntesis, Aznar dice cuatro cosas: la intervención del 155 "no ha
dado resultado porque no ha sido suficientemente decidida"; "en lugar de
hablar del traslado de presos, se tiene que respaldar con más fuerza a
los movimientos cívicos en Catalunya" (se refiere a SCC, Tabàrnia,
etc.); "había que haber desarticulado el golpe y sus aparatos
mediáticos, culturales y financieros".
Y, finalmente, "si en lugar de
desarticular el golpe, le das al nacionalismo la posibilidad de ganar
las elecciones, te gana las elecciones. Es difícil de explicar esto
porque es un hecho insólito en la historia".
Caído Rajoy, Aznar apunta a la reconstrucción de la derecha con dos
caballos, Pablo Casado en el PP y Albert Rivera en Ciudadanos. Quién
sabe, incluso, si uniéndose en una especie de una gran "alianza
nacional". La derecha necesita presentar a Pedro Sánchez como un
traidor, aunque no haga nada o haga muy poco.
Primera trinchera a
ganar, ilegalizar a los partidos independentistas catalanes. Asistiremos
al debate en esta legislatura en el Congreso de los Diputados. La
campaña del PP y de Ciudadanos con este objetivo se ha iniciado ya y la
bancada mediática está a punto, muy a punto.
Tanto, que nadie le echa en cara a Aznar la barbaridad que supone
sostener que lo mejor hubiera sido no celebrar elecciones el pasado 21
de diciembre en Catalunya con este argumento: si al nacionalismo le das
la posibilidad de ganar las elecciones, te gana las elecciones. La
añoranza del pasado en blanco y negro como consejera.
¿Qué ha pasado, Ballesteros?
Cuando han transcurrido tan solo 24 horas de la inauguración de los
Juegos Mediterráneos que se celebran en Tarragona uno no puede más que
preguntarse cómo es posible que se hayan organizado tan mal. Unas gradas
del estadio que a duras penas llegaban a la mitad de la ocupación en la
jornada de apertura, una pobre ceremonia de inauguración y las
diferentes subsedes de los juegos prácticamente vacías en los primeros
días ponen en evidencia que los Juegos Mediterráneos empiezan a ser, si
no se corrigen las cosas, un lastre.
Todo ello, sin que nadie haya explicado a qué se debe este fiasco y
cómo no se ha sabido interesar a los ciudadanos de las comarcas de
Tarragona. ¿Es cierto que desde la organización se les había
comunicado a instituciones y entidades del territorio que las entradas
estaban agotadas? Es un hecho gravísimo, que tan solo se explica por un
exceso de celo a la hora de blindar una inauguración y conseguir que
esta no tuviera una representación real de la pluralidad del país.
El hecho de que desde el Govern de la Generalitat se haya denunciado
la selección de los asistentes por razones ideológicas y que también se
les negaran entradas a las federaciones catalanas que, dicen, las habían
solicitado a la organización son dos ejemplos más que suficientes para
abrir una investigación. Entre otras cosas, porque el president de la
Generalitat fue objeto de una gran pitada durante la ceremonia
inaugural. Algo absolutamente normal y que cualquier político tiene que
estar dispuesto a recibir de los ciudadanos que así se quieran
expresar; sin embargo, sería enormemente grave si se tratara de algo
instigado y no espontáneo.
Todo ello por no entrar en la ausencia de los castellers en la
jornada inaugural, símbolo universal de las comarcas tarraconenses.
Igual tiene que ver con la participación de diferentes colles
castelleres hace una semana en una jornada especial en que levantaron
castells delante de las prisiones de Soto del Real, Alcalá Meco y
Estremera, donde están encarcelados los nueve presos políticos
catalanes, y en las ciudades y pueblos de Catalunya en que residen
presos políticos y exiliados.
Todo para ofrecer una ceremonia con apariencia de normalidad en un país que vive una situación excepcional. Una gran performance con demasiadas mentiras justo en la eclosión máxima de las fake news. ¿Qué ha pasado, Ballesteros?
Torra y el Rey: ruptura en cuatro fases
El Govern de Catalunya ha roto con la monarquía española.
Se podrá decir más alto pero no más claro. Será temporal o definitivo.
Veremos. En un gesto institucional sin precedentes desde el Palau de la
Generalitat, el president Quim Torra leyó a mediodía de
este viernes una declaración oficial del govern independentista en la
que anunció, entre otras cosas, que ni él ni ningún miembro del
Ejecutivo catalán asistirá desde este mismo momento a ningún acto
convocado por la monarquía española; y que, desde la Generalitat
tampoco se invitaría, a partir de ahora, al rey de España a los actos
que organice el Govern de Catalunya.
La decisión del president, de un enorme calado político e institucional y sin precedentes desde la restauración de la democracia, marcó una jornada en la que alrededor de los Juegos del Mediterráneo que se inauguraban en Tarragona se dilucidaron varios embates presentes desde el referéndum del 1 de octubre, la proclamación política de la independencia y las elecciones del 21 de diciembre.
Quim Torra ha tomado sus primeras decisiones de calado desde que logró la investidura en el Parlament el pasado 14 de mayo. En primer lugar, zanjó un debate que nunca debió de abrirse. El president de la Generalitat está presente en cualquier acto público que se celebre en Catalunya como primera autoridad del país. No se esconde, ya que tiene la representación de la soberanía popular y no renuncia a ella. Otra cosa era como expresaba el malestar del independentismo y por extensión de la mayoría parlamentaria y del Govern. En una jornada de mucho simbolismo gestual lo llevó a cabo, al menos en cuatro momentos.
Primero, con la declaración institucional desde el Palau. Segundo, asistiendo a la concentración de la ANC y Òmnium para protestar por la visita del Rey a Tarragona. Tercero, no formando parte de la fila de autoridades que esperó al monarca a la entrada del estadio. Cuarto, entregando a Felipe VI los informes del Síndic de Greuges sobre la violencia del 1 de octubre y la persecución penal posterior; también un libro del fotoperiodista Jordi Borràs con las imágenes, algunas de ellas dantescas, de la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional durante aquella jornada de votación. Cuatro momentos, todos ellos nuevos, y que suponen una quiebra institucional en los primeros compases de un nuevo gobierno en Catalunya.
Para los que se pierden en medio de sus fake news de los diarios de papel. El problema primero fue Artur Mas, y se emplearon todas las armas para su destrucción. Después ha sido Carles Puigdemont y por extensión todo el Govern, hoy en el exilio o en la prisión buena parte de sus miembros.
Y, a partir de ahora, el problema será Torra. Cuando todo es mucho más sencillo si se aborda de frente el problema: no son los presidentes, es el referéndum, es la negociación prohibida sobre la independencia. Sobre el derecho a decidir. Sobre la autodeterminación. Mientras esta carpeta no sea objeto de un diálogo y una negociación, las vías de distensión que se intenten estarán condenadas al fracaso.
Un último apunte: ¿era necesario que la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tarragona fuera tan extraordinariamente cutre? Porque si algo sobra en Catalunya es talento para actos de esta naturaleza. El responsable ¿pedirá perdón, no?
La decisión del president, de un enorme calado político e institucional y sin precedentes desde la restauración de la democracia, marcó una jornada en la que alrededor de los Juegos del Mediterráneo que se inauguraban en Tarragona se dilucidaron varios embates presentes desde el referéndum del 1 de octubre, la proclamación política de la independencia y las elecciones del 21 de diciembre.
Quim Torra ha tomado sus primeras decisiones de calado desde que logró la investidura en el Parlament el pasado 14 de mayo. En primer lugar, zanjó un debate que nunca debió de abrirse. El president de la Generalitat está presente en cualquier acto público que se celebre en Catalunya como primera autoridad del país. No se esconde, ya que tiene la representación de la soberanía popular y no renuncia a ella. Otra cosa era como expresaba el malestar del independentismo y por extensión de la mayoría parlamentaria y del Govern. En una jornada de mucho simbolismo gestual lo llevó a cabo, al menos en cuatro momentos.
Primero, con la declaración institucional desde el Palau. Segundo, asistiendo a la concentración de la ANC y Òmnium para protestar por la visita del Rey a Tarragona. Tercero, no formando parte de la fila de autoridades que esperó al monarca a la entrada del estadio. Cuarto, entregando a Felipe VI los informes del Síndic de Greuges sobre la violencia del 1 de octubre y la persecución penal posterior; también un libro del fotoperiodista Jordi Borràs con las imágenes, algunas de ellas dantescas, de la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional durante aquella jornada de votación. Cuatro momentos, todos ellos nuevos, y que suponen una quiebra institucional en los primeros compases de un nuevo gobierno en Catalunya.
Para los que se pierden en medio de sus fake news de los diarios de papel. El problema primero fue Artur Mas, y se emplearon todas las armas para su destrucción. Después ha sido Carles Puigdemont y por extensión todo el Govern, hoy en el exilio o en la prisión buena parte de sus miembros.
Y, a partir de ahora, el problema será Torra. Cuando todo es mucho más sencillo si se aborda de frente el problema: no son los presidentes, es el referéndum, es la negociación prohibida sobre la independencia. Sobre el derecho a decidir. Sobre la autodeterminación. Mientras esta carpeta no sea objeto de un diálogo y una negociación, las vías de distensión que se intenten estarán condenadas al fracaso.
Un último apunte: ¿era necesario que la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tarragona fuera tan extraordinariamente cutre? Porque si algo sobra en Catalunya es talento para actos de esta naturaleza. El responsable ¿pedirá perdón, no?
La libertad de La Manada no es una anécdota
Empieza a cundir la idea de que lo que define en estos momentos a
España es su justicia. Un puñado de jueces que, con sus decisiones,
están situando al país a veces en un cierto estado de shock, en otras
ocasiones al límite de la mínima lealtad entre socios de la UE, en otras
en contra de la libertad de información o muy lejos de la libertad de
expresión.
Todo eso, sucede con una periodicidad tal que cuesta
reconocer el trabajo en algunos estamentos judiciales y, más bien,
existe la sensación que impera una cierta justicia a la carta, lo peor que puede suceder en un estado de Derecho.
La decisión de la Audiencia de Navarra en el caso de La Manada,
decretando la libertad provisional para los cinco condenados a nueve
años por abusos sexuales a una joven, durante los Sanfermines de 2016, y
previo pago de una fianza de 6.000 euros es una atrocidad. Y también un
insulto para las mujeres que a diario sienten la
desprotección y la violencia machista.
Que en vísperas de los
Sanfermines de 2018 se adopte una decisión de este calado debería hacer
reflexionar a todos aquellos que está en su mano revertir situaciones
como esta. No es este el mensaje que se debería mandar a la sociedad
desde el poder político y el poder judicial y que no puede ser ajeno al
sentimiento de impunidad extendido en amplias capas de la sociedad.
Pese a la gravedad del caso de La Manada, en las últimas 24 horas se
han producido situaciones que no son normales en otros países de la UE y
que acaban transmitiendo la idea de que hay un marco judicial español
muy diferente al de nuestro entorno. La simple comparación de la
libertad provisional para los que, según la justicia, fue una condena
por abusos sexuales y para muchísimos juristas un caso palmario de
violación con la prisión provisional indefinida para los nueve independentistas catalanes por los hechos de la concentración ante la Conselleria d'Economia o por la votación del 1 de octubre es una ignominia.
Y este marco judicial excepcional no solo lo es por los presos
políticos catalanes, lo que ya es una excepción importante en si misma y
que ya está siendo corregida o enmendada en el extranjero aunque no
afecte a los que hoy están encarcelados en Estremera, Soto del Real y
Alcalá Meco.
A título de ejemplo, la respuesta del juez decano de
Madrid, que se ha negado a tramitar la citación de la justicia belga al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena
a raíz de una demanda por falta de imparcialidad presentada por los
consellers exiliados en Bruselas. No es que haya habido un
pronunciamiento judicial al respecto sino más bien que el juez decano ha
hecho un "no procede" y punto.
En estas horas se ha producido también la condena de una inhabilitación durante seis meses de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, de la CUP, por no haber descolgado una estelada del balcón del ayuntamiento.
Una condena ciertamente sorprendente. Hay que recordar que, en su día,
el asunto fue archivado por el juzgado de Berga y que los hechos
sucedieron en 2015. Ahora ha sido a partir de un recurso de la fiscalía y
un nuevo pronunciamiento del TSJC que ha sido condenada.
Acabemos el relato de las actuaciones judiciales más llamativas con la imputación de sendos periodistas, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, de Eldiario.es
por un presunto delito de descubrimiento de secretos en el caso de la
ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La labor de
este medio en la dimisión de Cifuentes fue determinante y cuesta
entender cómo se pueden poner en este caso puertas al campo en la labor
de informar y publicar noticias. Y, finalmente, está el archivo por
parte de la Audiencia Nacional y la juez Lamela de la querella por el caso del Castor y la construcción del almacén de gas.
Veinticuatro horas tan solo dan en la judicatura española para esto.
Suficiente para que la preocupación no sea una mera anécdota.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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