El president de la Generalitat ha anunciado este martes su segundo Govern
en diez días una vez el Ministerio de la Presidencia le ha hecho saber
por escrito que no iba a publicar en el DOGC el primero que comunicó a
la opinión pública, dado que figuraban entre sus miembros dos consellers presos, Jordi Turull y Josep Rull, y otros dos exiliados,
Lluís Puig y Toni Comín.
La decisión del gobierno de Mariano Rajoy
únicamente dejaba dos salidas: mantenerse firmes en su posición y dejar a
Catalunya con president y sin gobierno o, por el contrario, rectificar y
hacer un ejecutivo sin los cuatro consellers que Madrid se negaba a
aceptar.
Al final, Quim Torra ha puesto en marcha una tercera vía que es
más bien una variable de la segunda opción: retira los consellers
objeto de la polémica y simultáneamente anuncia una querella inminente contra Mariano Rajoy por prevaricación.
Es obvio que Torra, después de intentar un camino diferente, ha hecho
renuncias a cambio de un Govern que pueda actuar de manera inmediata.
En este aspecto, es muy probable que encuentre muchos más partidarios de
la decisión que ha adoptado que si hubiera tomado otra opción.
Le
acompañaba la razón para no hacer lo que ha hecho y, seguramente
también, la fuerza legal de que no había ningún impedimento para el
primer Govern que presentó, ya que los cuatro consellers en prisión o en
el exilio tenían todos sus derechos políticos vigentes.
Absolutamente todos.
Otra cosa es que el acuerdo de los partidos del
155 dejara la legalidad vigente y la opinión ampliamente compartida de
los juristas que han opinado al respecto en un segundo plano, y que se
hubieran conjurado para no publicar en el DOGC el primer Govern. En fin,
una cuestión de testosterona. Y punto y final.
Hacer política en estas condiciones no es fácil. Máxime con un
gobierno español que cambia las reglas de juego permanentemente desde
que intervino la autonomía catalana. También de antes, pero la sensación
de injusticia y de vulneración de la legalidad se ha
hecho más evidente con la suspensión de la autonomía, la disolución del
Govern Puigdemont y la convocatoria de elecciones el pasado 21 de
diciembre.
Aquella jornada electoral y la victoria nítida del
independentismo en condiciones enormemente difíciles ha trastocado todos
los planes del unionismo. Ahora veremos si, al menos, es capaz el
gobierno de Rajoy no solo de dejar sin efecto el 155 —un acto, en teoría
reglado, tras la publicación del nuevo Govern— y no introduce trampas
complementarias que anulen cualquier efectividad del nuevo ejecutivo
catalán.
El control de las finanzas va a ser una de las áreas
sobre las que Madrid va a seguir ejerciendo un control semanal o
mensual. Algo insólito e insultante y que no se modificará en tiempo.
Pero hacer gobierno, como los nuevos miembros sabrán a partir de ahora,
es fundamentalmente un camino de espinas. Entre otras cosas, porque
quien tiene la sartén por el mango tiene el poder. Y ni una cosa ni la
otra están aquí.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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