CARTAGENA.- El servicio de Respiro Familiar consiste en
proporcionar un espacio de descanso temporal a los cuidadores
principales de personas en situación de dependencia, en la atención de
éstas y en circunstancias puntuales que favorezcan su participación
social. En la actualidad, el servicio lo gestiona una empresa,
adjudicataria del contrato por un plazo de dos años, desde abril de 2016
a junio de 2018, prorrogable por dos años más, y por un precio total de
132.000 €.
Tras la entrevista mantenida con
representantes de CC.OO. y de las propias trabajadoras, CTSSP comprobó
que la empresa que gestiona el servicio no cumple con las condiciones
reflejadas en el contrato adjudicado por parte del Ayuntamiento de
Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales.
Entre las
irregularidades destacan, en primer lugar, que la empresa no cumple el
convenio laboral de limpieza, pues la hora la paga a 5,50 €, cuando el
convenio estipula que se pague a 7,40. Pero lo más grave aún, si cabe,
es que en el contrato firmado con el Ayuntamiento la hora estaba
valorada en 13,80 €.
Otro de los incumplimientos
son las continuas modificaciones contractuales que sufren las
trabajadoras y, por tanto, el cambio de sus condiciones laborales y
salariales, en donde no se reconocen todas las horas reales realizadas
por las trabajadoras en el servicio. Además, desde el mes de enero la
empresa no ha cubierto la plaza de Trabajadora Social a la que le obliga
el contrato.
Por otro lado, sigue denunciando
Podemos, a estas trabajadoras no se les reconoce la conciliación
familiar, y no tienen derecho ni a un día de asuntos propios... ni
siquiera al tiempo indispensable para poder acudir a una cita médica.
CTSSP denuncia que esta situación es inhumana e intolerable, pues supone
una precarización laboral de las trabajadoras que desempeñan sus
funciones en un servicio público pagado por el Ayuntamiento, una
injusticia pagada con dinero de toda la ciudadanía.
A la vista de los
hechos, representantes de la formación morada se han puesto en contacto
con el Director del Contrato para poner de manifiesto la situación,
acordando finalmente con éste la puesta en marcha de una investigación
para comprobar los incumplimientos denunciados y estudiar las
actuaciones a emprender, que podrían llegar hasta la rescisión del
contrato con la empresa adjudicataria.
Pilar
Marcos también le ha trasladado al Director del contrato la necesidad de
modificar en los pliegos de condiciones de la próxima adjudicación, el
convenio al que tienen que estar sujetas estas trabajadoras, que no debe
ser el de limpieza, pues su mayor carga de trabajo es realizar una
labor social de acompañamiento a las personas dependientes que atienden.
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