MURCIA.- La Comunidad Autónoma pone en marcha un novedoso plan para adaptar las
condiciones de trabajo y facilitar que los empleados públicos que
presenten problemas de salud puedan ser reubicados con el fin de
garantizar su seguridad, según el acuerdo alcanzado entre la
Administración y las organizaciones sindicales.
El director
general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique
Gallego, declaró que "de esta forma se persigue mejorar las condiciones
de trabajo del personal de la Administración regional que presenta
problemas de salud que pueden limitar la realización de sus funciones,
disminuyendo las faltas de asistencia por enfermedad e incrementando su
bienestar laboral".
Entre estas medidas se incluye la adaptación
del puesto o el desempeño de otras funciones distintas a las del puesto
que ocupa, el traslado a otros puestos y, "si esto no fuera suficiente
para garantizar la seguridad y salud del personal, se podría trasladar a
otra ubicación de distinto cuerpo al de pertenencia", manifestó
Gallego.
"La adopción de cualquiera de estas medidas conlleva una
garantía retributiva para el personal implicado", añadió.
De esta
forma, se regulan las distintas actuaciones a seguir para adaptar los
puestos de trabajo o reubicar al personal de la Administración regional
que, por ser especialmente sensible a los riesgos derivados de su puesto
o por problemas de salud, no puedan desempeñar adecuadamente las
funciones propias del mismo.
Además, se garantiza el deber que tiene la
Administración de proteger la seguridad y salud del personal a su
servicio frente a los riesgos derivados del desempeño de sus funciones.
El
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realizará un seguimiento de
todas las medidas adoptadas con el fin de comprobar que las condiciones
de trabajo no afectan negativamente a la salud del personal y evaluará
los resultados obtenidos.
Trámite a seguir
El
procedimiento se podrá iniciar de oficio por la propia Administración o a
solicitud del personal interesado, cuando exista una limitación o
problema de salud que impida desempeñar las funciones del puesto de
trabajo y no se encuentre en situación de incapacidad temporal.
Para
su tramitación será necesario presentar un informe de aptitud laboral
emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tras la
valoración del estado de salud en función de los riesgos presentes en su
puesto de trabajo, y que indicará las limitaciones en el desempeño de
sus funciones.
En virtud de este informe de aptitud, se adoptarán
las medidas más adecuadas para determinar las condiciones de trabajo que
deben cumplirse para garantizar la salud de la persona implicada, que
se mantendrán mientras persistan las circunstancias de salud que las
motivaron.
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