MADRID.- El Ejército les ofreció un empleo, y lo hizo bajo la premisa de que esa relación laboral finalizaría como muy tarde a los 45 años.
También les prometió formación y la posibilidad de desarrollarse
profesionalmente en tareas que una vez finalizada esa relación les
facilitaría su reinserción laboral en el 'mercado civil', plantea hoy La Información.
La primera
premisa, la del horizonte temporal de esa relación laboral, se está
cumpliendo de manera inexorable. La segunda, la que les ofrecía un
horizonte laboral más allá de su contrato con las Fuerzas Armadas, se ha
convertido en una inquietante incógnita, que no solo es objeto de
preocupación para los miles de soldados de tropa y marinería que se
verán obligados a dejar el Ejército en los próximos meses sino también
para la propia Administración, que se verá abocada a pagarles el
subsidio del que se han hecho acreedores hasta su edad de jubilación si
antes no les encuentra una colocación en el mercado de trabajo.
Los perfiles del problema han sido minuciosamente analizados por la Asociación Unificada de Militares Españoles
(AUME) y se pueden apreciar de forma muy clara en el gráfico que
acompaña esta información.
En los próximos años, de aquí a 2033, cerca de 40.000 soldados profesionales
verán extinguirse su relación laboral con el Ejército al llegar a los
45 años de edad. El fenómeno empezará con trazo suave - para 2017, por
ejemplo, se esperaba la extinción de 403 contratos de la escala de tropa
y marinería - pero luego se irá acelerando: 4.045 militares pasarán a
la reserva entre 2018 y 2021, a razón de un millar cada año; entre 2022 y
2025, el ritmo se duplicará y abandonarán el Ejército 9.583 soldados;
entre 2026 y 2029 la cifra se elevará a 13.172; y en el segmento
2030-2033, otros 9.793 se desvincularán del Ejército, según las
estimaciones de la AUME.
Sumados a los que
ya han salido del Ejército desde el año 2012, la asociación calcula que
en los próximos tres lustros el Estado se enfrenta al escenario de que
54.237 efectivos que tenían un contrato de larga duración con las
Fuerzas Armadas se quedarán sin empleo...y con derecho a un subsidio
público. Este derecho nace de la Ley de Tropa y Marinería del año 2006
que trató de regular la 'relación de especial vinculación', según su
definición jurídica, de los soldados de esa escala con la Administración
y que en virtud de ésta creó la figura del reservista de especial
disponibilidad (RED), una suerte de sostén de seguridad para los
militares profesionales que se ven obligados a salir del Ejército a los
45 años, que les aseguraba la percepción de un subsidio estatal de 7.200 euros anuales una
vez finalizado el periodo de paro de dos años, si no hubieran
encontrado una colocación en el mercado de trabajo y en compensación por
estar disponibles para el Ejército en el improbable caso de que éste
los llamara de nuevo a filas.
Cerca de 10.000 millones de euros en subsidios
La AUME ha estimado que
el coste presupuestario de tener que abonar el subsidio hasta su
jubilación a los 54.237 efectivos que entre 2012 y 2033 se fueran
incorporando a la condición de reservistas de especial disponibilidad
supondría un coste para el Estado de 7.810 millones de euros, que se
dispararía hasta los 9.532 millones si los cerca de 12.000
efectivos que tienen hoy un compromiso inicial o pendiente de renovación
con las Fuerzas Armadas decidieran acogerse a la opción de cerrar un
compromiso de larga duración.
La expectativa de
exponerse a un nuevo 'PER' - por el controvertido subsidio agrario
aprobado para los jornaleros de Andalucía y Extremadura en 1986 - ha
activado los resortes del Estado, que no solo ha activado una
subcomisión parlamentaria para estudiar y, en la medida de lo posible,
resolver la situación creada con los soldados de tropa y marinería sino
que a nivel gubernamental ha creado un grupo de trabajo conformado por
los ministerios de Defensa, Hacienda y Educación para tratar de encontrar una salida a este colectivo.
El principal problema a
resolver es la escasa probabilidad de encontrar un empleo en el 'mercado
civil' que tienen estos soldados.
"Se trata de profesionales con
preparación técnica y que acreditan una dilatada experiencia laboral en
puestos demandados en el mercado de trabajo, pero que no tienen la
titulación requerida y eso les cierra las puertas", subraya Jorge Bravo, secretario de Organización de la AUME.
Esta carencia ha
desactivado alguna de las iniciativas adoptadas desde el Gobierno para
facilitar la reinserción laboral del colectivo. El Ministerio de
Hacienda, por ejemplo, ha lanzado ofertas de promoción interna con reservas específicas de plaza para militares
de tropa y marinería que han quedado desiertas al constatar la unidad
contratante que este personal no cumplía los requisitos de titulación
previstos en el pliego.
Algo similar ha ocurrido con la oficina creada
por el Ministerio de Defensa para facilitar la transición de militares a
puestos ajenos a las Fuerzas Armadas, conocida como Sapromil.
La oficina rastrea oportunidades de empleo público y suscribe acuerdos
con empresas que se comprometen a incorporar personal proveniente de las
Fuerzas Armadas, pero no se ha revelado demasiado útil para los
soldados de tropa y marinería por los mismo motivos ya mencionados.
"Al
final, Sapromil se ha convertido más en una oficina de colocación para
oficiales del Ejército que agotan sus posibilidades de promoción
profesional muy jóvenes y que prefieren 'pasarse' al sector privado para
seguir progresando, que para resolver el problema del personal de tropa
y marinería", explica Jorge Bravo.
Formación y una carrera en la Administración, posibles soluciones
En su comparecencia ante
la subcomisión que estudia la problemática, Aume dejó un decálogo de
recomendaciones para resolver el problema que incidía, básicamente, en
tres recetas: ampliar sus posibilidades de carrera en el Ejército, abrir
a los soldados las puertas de la Administración Pública y avanzar en la
acreditación de los conocimientos profesionales de estos militares,
ofrecerles una titulación.
La Asociación cree que el Ministerio de
Defensa puede resolver el asunto ampliando el margen actual de puestos
permanentes en el Ejército o eliminando restricciones para el caso de
los militares profesionales a la carrera militar, lo que les
garantizaría un empleo de por vida. También ayudaría, entienden, que los
ministerios de Educación y Hacienda valoraran la posibilidad de
acreditar de alguna manera la experiencia y el conocimiento acumulado
por estos militares a efectos de recibir una titulación homologada - en
el caso de Educación - o a efectos de ocupar un puesto en la
Administración -Hacienda-.
La Administración ya ha
empezado a moverse. Hace algo menos de un año, en febrero de 2017, se
lanzó una Orden Ministerial que habilitaba un programa de becas
para la formación en titulaciones homologadas del personal militar, y el
Ministerio de Hacienda y el de Defensa llevan tiempo ya trabajando
juntos, según se admite desde ambos departamentos, en la identificación de los concursos de plazas
que más se pueden adaptar al perfil formativo de los militares de tropa
y marinería al objeto de trasladar esa información a los interesados.
También se han adoptado otras iniciativas como la que se activó para
resolver el problema causado por la huelga de examinadores de la
Dirección General de Tráfico, que dio lugar a un programa de formación
exprés de once semanas para que militares se convirtieran en examinadores de tráfico.
Hacienda no solo está
trabajando en la línea de identificar las plazas más adecuadas para
ofrecerlas a estos militares, sino que también estudia la posibilidad de
aumentar el número de plazas de reserva para éstos en concursos de
acceso a nuevos puestos de la Administración. "Lógicamente tienen que
aprobar la oposición, pero en ese caso tendría prioridad a la hora de
incorporarse a la Administración", aseguran desde Hacienda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario