MURCIA.- Cambiemos Murcia ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno
de este jueves para que la Corporación muestre su solidaridad con los
activistas que defienden los Derechos Humanos y rechace la
criminalización del trabajo que desempeñan estos y las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) en las fronteras.
En la iniciativa, Margarita Guerrero, concejala de la formación
municipalista, hace referencia a casos de activistas como el de la
española Helena Maleno, del colectivo "Caminando entre fronteras", que
ha sido citada a declarar en Tánger en relación a una investigación
penal de los servicios de seguridad marroquí "en un intento de este por
encontrar supuestos vínculos con las mafias".
"Se trata de una persona que pertenece a una organización cuya labor
ha sido reconocida por Defensor del Pueblo o el Consejo General del
Poder Judicial, y sobre la que no se ha descubierto ninguna prueba
incriminatoria pese a que desde hace años se le está sometiendo a una
dura investigación", ha sostenido Guerrero.
Este caso "se enmarca en un contexto europeo de política migratoria
que se centra en la criminalización de la migración", lo que coincide
con la opinión delrelator especial de la ONU Michel Forst, quien afirmó
que asistimos a "un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de
fronteras y con los ataques contra las personas migrantes, vistas como
invasoras".
Guerrero ha explicado que a ese "discurso racista" están
contribuyendoinstituciones como la Agencia de Fronteras de la Unión
Europea, Frontex, o cargos públicos como el ministro del Interior
español, Juan Antonio Zoido, quienes en los últimos meses han acusado a
las ONG "de favorecer la inmigración ilegal".
Esta situación ha sido denunciada recientemente por el Instituto de
Relaciones Raciales en una investigación en la que ponen de relieve que
los países europeos "están usando leyes dirigidas a traficantes y
contrabandistas para criminalizar a aquellas personas que actúan por
motivos humanitarios".
Los autores de este informe han documentado el proceso judicial de 45
"actores humanitarios" individuales bajo leyes de inmigración o contra
el contrabando en los últimos dos años. "El aumento de la
criminalización", advierten, "puede estar alimentando a la extrema
derecha".
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