El enfoque exminentemente juridicista del combate contra el proceso soberanista tiene para el Gobierno de Mariano Rajoy pros
y contras. La gran ventaja, en términos de comodidad, es subcontratar a
jueces y fiscales para hacer frente a un conflicto que, como sentenció
el Tribunal Constitucional, es de raíz política y solo mediante el
diálogo político puede encauzarse.
A fuerza de recursos competenciales,
querellas criminales y requerimientos personales, el Ejecutivo ha
amontonado un sinfín de evidencias sobre el propósito del Govern y la
mayoría independentista de dinamitar el Estado de
derecho. El problema de activar a toda potencia la maquinaria judicial
es que es difícil frenarla una vez en marcha. Díficil, no imposible.
El encarcelamiento de los nueve 'exconsellers' del
Govern que han acudido puntuales a la cita con la juez de la Audiencia
Nacional da otro vuelco, este dramático, a un contencioso que en los
últimos días había entrado en fase de distensión. Hace una semana, a la
proclamación de la «república catalana» en el Parlament le siguió la
defenestración de todo el Govern, la intervención de la autonomía y la
convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, sin que
por ello se alterase la paz social ni el independentismo ofreciese
resistencia.
Antes al contrario, el soberanismo había acatado la
expeditiva vía del 155 al anunciar su concurrencia a las urnas. Y la huida a Bruselas de Carles Puigdemont y algunos 'exconsellers',
el «Govern legítimo» según el 'expresident', no solo no había
alimentado la épica independentista, sino que más bien había sido motivo
de sonrojo.
Sin cuestionar (necesariamente) la división de poderes,
es lícito preguntarse por qué la fiscalía ha pedido prisión
incondicional para Oriol Junqueras y el resto de los imputados, salvo Santi Vila.
Es cierto que las desproporcionadas penas de prisión que solicita el
ministerio público, unidas a la espantada belga encabezada por
Puigdemont , dan verosimilitud al riesgo de fuga de los reos, pero no lo
es menos que su disposición a declarar aconsejaba medidas cautelares
más livianas, como la retirada del pasaporte o las comparecencias
semanales en el juzgado.
La jueza Carmen Lamela, tal vez sin
saberlo, ha provocado un incendio político evitable, pero de
imprevisibles efectos. Meter preventivamente entre rejas a los
'consellers' depuestos refuerza argumentalmente al independentismo y
devuelve todo el protagonismo a ANC y Òmnium, cuyos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también
están en prisión. La lucha abandona los despachos para regresar a las
calles.
El trato de favor a Vila, penúltima esperanza del moderantismo
soberanista, lo inhabilita definitivamente como presidenciable del PDECat.
En nombre de aquellos a quienes bautizan como «presos políticos», las
entidades podrán ahora imponer a los partidos, contra la voluntad de
todos ellos, una candidatura única del independentismo en las
elecciones, que querrán mudar de autonómicas a constituyentes. Y, a
resultas de ello, el 21-D puede acabar sirviendo no para amainar el
conflicto, sino para agudizarlo. Muchas gracias, señorías.
(*) Periodista y director de El Periódico
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