No parece que hoy vaya a ser un gran día. Antes de las
diez de la mañana Carles Puigdemont deberá responder al Gobierno si el
pasado martes proclamó la independencia antes de suspenderla.
El
requerimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy es de claridad meridiana:
no pide explicaciones de ningún tipo, sólo que responda sí o no. Parece
que Puigdemont se inclina por esgrimir el mandato del 1-O e incluso
podría pedir una entrevista con el presidente.
Eso es lo que tenía en la
cabeza el fin de semana, aunque también el pasado martes introdujo
cambios en el plan inicial después de la hora convocada para la sesión
parlamentaria. Así que habrá que esperar la solución final del
presidente catalán. Lo único que no espera es el contador del artículo
155 de la Constitución, que tiene un segundo momento crítico el jueves,
cuando la presidenta del Parlament deba cumplir la orden de restaurar la
legalidad en la Cámara.
Tampoco resultará fácil aplicar el temido artículo, copiado
de la Carta Magna alemana y utilizado en una sola ocasión en España, si
bien con carácter preventivo, cuando Felipe González requirió al
gobierno canario por desobedecer normas fiscales europeas. Entonces no
hubo que ir más allá, porque la rectificación fue inmediata. La
aplicación del artículo 155 no es la anulación de la autonomía, pero
puede suponer una merma relevante del autogobierno. Los abogados del
Estado han estado trabajando durante todo el fin semana.
Círculos bien
informados de Madrid apostaban por la creación de un órgano colegiado
con funcionarios del Estado para la gobernanza catalana, que reportaría a
la vicepresidenta. Y en un plazo de unos seis meses se convocarían
elecciones.
Y mientras, en Barcelona, la ANC movilizaba a su gente, ERC clamaba que
sólo había que negociar la independencia y la CUP exigía levantar ya la
suspensión de la secesión. Al tiempo se tenía noticia de más salidas de
empresas, de capital y de profesionales. Hoy no será un gran día.
(*) Periodista y director de La Vanguardia
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