MADRID.- El magistrado de lo Social del Juzgado nº 33 de Madrid ha desestimado la pretensión de Ángel Ron, expresidente del Banco Popular,
que le reclamó una indemnización millonaria por despido
improcedente. Según fuentes judiciales asciende a 4,3 millones, mientras
que la defensa la sitúa en 350.000 euros. El juez considera que no
tenía contrato laboral cuando dimitió, sino que era mercantil, y apunta
que existen “sospechas de una posible autocontratación fraudulenta”, recoge hoy El País.
Los
abogados de Ron estudian recurrir la sentencia que califican de
"incoherente". El Popular, sin embargo, otorgó 24 millones en una póliza de seguro a
Ron para que recibiera 1,1 millones anuales mientras viva.
La sentencia del magistrado José Pablo Aramendi Sánchez es
tajante. Relata la relación laboral de Ángel Ron (Santiago de
Compostela, 1962), que arranca el 1 de agosto de 1984 cuando es
contratado como auxiliar administrativo. Después señala que en 1998
cobraba 105.077 euros anuales, una cantidad que se convirtió en mensual
cuando dejó la entidad en plena crisis: exactamente 106.281 euros.
En
enero de 1999, 15 años después de entrar en el Popular, se le nombra
director general. En marzo de 2002 accede al cargo de consejero delegado
y, el 19 de octubre de 2004, el consejo de administración le convierte
en presidente ejecutivo hasta el 20 de febrero de 2017, que le cesa en el cargo.
107 días después, el banco fue vendido por un euro al Santander tras
ser declarado “inviable” y los accionistas y bonistas han perdido todo
su dinero.
Sin embargo, según el relato de la sentencia, hay otra fecha
clave en el relato: el 25 de febrero de 2015. Para entonces el banco ya
había atravesado las pérdidas de 2.461 millones de 2012, que habían
repercutido en la cotización, y había pedido 2.500 millones a los
accionistas en la primera ampliación de capital. Ese día “el demandante y
el banco suscriben un contrato como presidente del mismo”.
En la
cláusula tercera se indica: “Se reconoce que, como consecuencia de su
nombramiento como consejero delegado, la relación laboral común que Ron
venía manteniendo hasta la fecha de dicho nombramiento con el Popular
quedó formalmente en suspenso”. En el momento del cese Ron firmó un
documento por el que rechazó “pedir indemnizaciones por ningún
concepto”.
El juez afirma, en contra de los intereses de Ron, que
“desde el 2002 la relación contractual entre las partes no era laboral,
ni común ni especial”. Afirma que “resulta significativo que cuando el
demandante se integra en el consejo en 2002 nada se diga de la
pretendida suspensión de la relación laboral común y, años más tarde,
cuando ocupa la cúspide del consejo, en 2015, se revive, con efectos
retroactivos, la suspensión de la relación laboral”.
Y continúa con la más grave acusación velada: “Con
independencia de las sospechas que este pacto suscita acerca de una
posible autocontratación fraudulenta, cuestión en la que no se incide
por no alegada, lo acordado carece de validez, la relación contractual
laboral estaba extinguida porque era imposible dejar suspendida una
relación inexistente y nos encontraríamos ante un contrato nulo”.
Fuentes de la defensa señalaron que Ron presentó la
correspondiente demanda “porque al abandonar la entidad, el banco le
dijo que le pagaría la indemnización correspondiente si la reclamaba por
vía judicial y luego no lo hizo. La sentencia es incoherente”.
En declaraciones a ABC, el 12 de junio, Ron afirmó
que su salida del consejo “sería lo mejor para que el banco recuperara
la estabilidad. Me parecía un interés superior proteger al banco que mi
permanencia en el mismo”.
El expresidente del Popular en ninguna ocasión ha realizado
autocrítica de su gestión. Este jueves, en unas declaraciones a
elindependiente.com, Ron comentó que su sucesor, Emilio Saracho, “decía
que la acción estaba cara, que había que hacerla caer, aunque fuese a
costa de asustar al mercado y a las instituciones. Claramente quería
bajar su precio”.
Ron, que afirma estar tranquilo ante las posibles demandas
que puedan llegar, dice estar “perplejo” por la crisis de la entidad,
“que era solvente” y que se hubiera salvado vendiendo negocios.
Preguntado por si se equivocó por no traspasar los activos tóxicos al
banco malo, afirma: “No, lo volvería a hacer” (no enviarlos).
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