Este jueves
30 de marzo es el día del Great Repeal Bill, un proyecto de ley que
será sometido al parlamento británico con el que se iniciará la
transposición selectiva de la European Communities Act de 1972
(Reino Unido-Comunidad Económica Europea) a la legislación del Reino
Unido, para hacer de ambos entidades separadas. próximos años.
El
parlamento escogerá el cuerpo de leyes ahora comunes que no desea que
formen parte de una legislación compartida, y mantendrá vigentes un
cuerpo de leyes que deberán ser negociadas con la Unión a lo largo de
los dos próximos años.
Una carta de la primera ministra Theressa May al presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, que fue entregada el miércoles por la
tarde, asegura que “no abandonamos Europa, y deseamos seguir siendo
socios y aliados fieles de nuestros amigos del Continente”.
Londres debe ponderar cuidadosamente sus intereses en esas
negociaciones, de cara a las previsibles invitaciones de Washington y
Moscú a que lleve a cabo un alejamiento lo más radical posible respecto
al bloque del que ha formado parte durante 42 años, y dentro del cual
aún conserva el grueso de sus intereses económicos, comerciales,
financieros y políticos.
La iniciativa británica reforzará la importancia estratégica de
Alemania, y en consecuencia debería dar mayor centralidad al eje
Berlín-París como piedra angular de la arquitectura europea. El problema
a este respecto es que Francia está sumida en una crisis política, la
cual se está poniendo de manifiesto en el empobrecimiento de las
alternativas que podrían reforzar el actual proyecto europeo, como
muestra su incierta campaña presidencial.
En las semanas previas a la carta de May, el gobierno y sus
parlamentarios barajaron la idea de una Global Britain. Evocando el
pasado imperial, la idea se proponía levantar los espíritus de los
británicos defraudados por el resultado del referéndum del pasado año.
No parece probable, sin embargo, que sus potenciales socios
económico-comerciales en el resto del mundo vayan a suscribir esa
salida, al menos mientras no se clarifique el sentido de las
negociaciones de ruptura con la Unión. La vieja Gran Bretaña no podrá
decir todavía que el Continente ha quedado aislado por la actual
tormenta.
Si el Brexit causa una crisis institucional en relación con la Unión,
también ha causado otra de tipo constitucional en el propio Reino
Unido. Recientemente, la primera ministra escocesa y el parlamento de
Edimburgo han formalizado la solicitud a Londres de un segundo
referéndum de autodeterminación. Theressa May ha rechazado tomar ahora
en consideración esa solicitud, y la condiciona a la marcha de las
negociaciones con la UE.
A primera vista, balance no favorable al RU
De momento, es la hora del recuento de las magnitudes
económico-comerciales y el cálculo de cómo quedarán afectadas ambas
partes por la separación. Un primer examen no permite asegurar que el
Reino Unido vaya a ser ganador neto frente la UE. Calcular las
ganancias/pérdidas de parte y parte requiere la ponderación de las
magnitudes de sus respectivas economías.
Mientras el Reino Unido exporta
a la Unión un volumen equivalente al 7,5% de su PIB, las exportaciones
globales de la UE al RU representan sólo de 2,5% de su producto. Ese
balance refleja una mayor dependencia del RU respecto de la UE en el
comercio mutuo. Balance más favorable al RU se da en exportación de
servicios: €122.000 millones del RU en la UE, y €94.000 millones en
sentido contrario.
En cuanto a las inversiones en ambas entidades, la exposición del
Reino Unido a las variaciones de los mercados es mayor, ya que su
Foreign Direct Investment (FDI) en la Unión representa el 26,6 % de su
PIB, mientras que en sentido contrario la exposición europea representa
sólo el 8,6% de su PIB (€985.000 millones frente a €683.000 millones
respectivamente).
Entre las diversas modalidades de relación económico-comercial
barajados (excluido el mercado único), la primera ministra decantó su
preferencia, en un discurso de enero pasado, por un Acuerdo Inclusivo de
Libre Comercio (Comprehensive Free Trade Agreement), que no incluye
‘inputs’ de legislación comercial europea, a diferencia de los tratados
con Canadá y Ucrania.
Un reciente estudio del Parlamento Europeo sobre el balance de la
separación estima que su impacto sería peor para el RU que para la UE:
en términos globales, la pérdida relativa en términos de PIB de la
Unión, sería de diez a quince veces menor que la pérdida calculada para
el RU. (An assessment of the Economic Impact of Brexit on the EU27.
Directorate of General Internal Policies, Parlamento Europeo, 17 de
marzo 2017).
En resumen, estamos aprendiendo que los cálculos e ilusiones que
condujeron al referéndum del Brexit habían sido fatalmente mal
calculados. Ahora toca que Europa, tanto o más que el Reino Unido, lo
pague con arriesgadísimas negociaciones.
(*) Periodista
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