LORCA.- Las personas mayores y sus problemáticas, tan ajenas por desgracia a
la política local, serán protagonistas de uno de los puntos del orden
del día del próximo Pleno Municipal gracias a una moción que defenderá
la concejala de IU-V, Adoración Peñas.
Dos asuntos, distintos pero muy relacionados, son los que aborda la
moción de IU-V. De un lado exigir la recuperación de las pagas
extraordinarias por parte de los usuarios de las residencias de la
tercera edad, y de otro implicar a Lorca en la demanda que exigen los
colectivos de mayores de toda España para garantizar constitucionalmente
el poder adquisitivo de las pensiones.
Adoración Peñas recuerda que en el año 2012 el Gobierno Regional,
desde su lógica política e ideológica, adoptó un paquete de medidas para
hacer frente a la crisis económica entre las que destacó, por su
importancia y efectos, la supresión de la paga extraordinaria de
diciembre de aquel año a los miles de funcionarios en nómina de la CARM.
Pero hubo otras medidas de ese paquete que pasaron más inadvertidas.
Una de ellas afectó a un colectivo tan vulnerable como el de las
personas mayores usuarias de las residencias de la tercera edad de la
Región, a las que a partir de ese momento se les empezó a incluir las
pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina
su aportación mensual a las residencias; una aportación que, hasta
entonces, sólo tenía en cuenta las doce pagas ordinarias del año.
Toda vez que en las últimas semanas los funcionarios afectados por la
supresión de la paga extra de diciembre de 2012 han recuperado este
ingreso, IU-V pretende que la recuperación de derechos que por fin ha
llegado a los funcionarios se extienda y amplíe al colectivo de las
personas mayores usuarios de las residencias de la tercera edad. Una
medida que podría afectar a más de 200 residentes de Lorca repartidos
entre las residencias de San Diego y CASER, y a cerca de 2.500 en el
conjunto de la Región de Murcia, usuarios de las residencias de mayores
(públicas o concertadas).
Lo sucedido en 2012 con los usuarios de las residencias de la tercera
edad de la Región de Murcia, afirma Peñas, contraviene de modo palmario
las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50
dispone que: "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad.".
Cabe recordar que este "robo
continuado" realizado a nuestras personas mayores desde 2012 emulaba una
iniciativa similar adoptada por el gobierno de la vecina comunidad de
Castilla-La Mancha, entonces presidido por la ahora Ministra de Defensa
María Dolores de Cospedal.
A partir de entonces, recuerda Dori Peñas, se estableció un "agravio
comparativo" respecto al resto de autonomías españolas, donde las
personas mayores, y aquellas con discapacidad que viven en una
residencia, disfrutan de sus pagas extras, lo que a todas luces vulnera
el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos
los españoles con independencia de donde residan.
Los usuarios de residencias y los familiares de los mismos denuncian
que con el dinero de las pagas extraordinarias se podían atender gastos
que no cubren sus plazas de residente, tales como seguros de decesos,
sillas de ruedas, vestido y calzado, prótesis o medicamentos que están
fuera del sistema sanitario.
La concejal de IU-V espera que ante el agravio social y territorial
expuesto, el Ayuntamiento de Lorca sea receptivo a esta iniciativa que
pretende instar al Consejo de Gobierno de la CARM a que realice de
manera urgente los trámites precisos para que los usuarios de las
residencias de mayores -públicas y concertadas- recobren sus pagas
extraordinarias, dejando de estar sujetas a la base de cálculo que
determina las aportaciones mensuales por plaza de residente, y, además
que esa recuperación de derechos tenga efectos retroactivos y se
devuelva a los mayores residentes lo que nunca se les debió quitar.
En otro orden de cosas muy relacionado con lo anterior, IU-V también
planteará en esa moción al Pleno instar al Gobierno de España a que
promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición
expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar,
recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de
Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el
mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.
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