El viejo adagio latino de verba volant, scripta manent
no se cumple en el caso del gobierno del PP en el que los escritos
también vuelan, desaparecen, se hacen invisibles. El ministro no
encuentra los informes paralelos de la policía sobre el 11-M, el caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo. Ya es misterio. Con el caso Faisán,
los medios de la derecha tuvieron agobiado al gobierno de Zapatero y su
ministro Rubalcaba; con el 11M tuvieron agobiado al país entero dando
pábulo a las hipótesis más delirantes; no sé qué perseguirían con el de
Marta del Castillo pero alguna otra maniobra sucia.
Porque
desde que llegó la pareja de lunáticos, Fernández y Cosidó, al mando de
Interior, los asuntos de esta competencia dieron un giro siniestro,
autoritario, represivo. Su culminación jurídica llegaría con la Ley de
Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley mordaza porque
constituye un ataque en toda regla a los derechos y libertades de los
ciudadanos, singularmente la libertad de expresión y las de reunión,
circulación y manifestación. Una ley que pretende convertir a los
ciudadanos en vasallos silenciosos. Pero ya desde el comienzo, el dúo
arrancó a velocidad de crucero, creando una "brigada paralela" que Zoido acaba de disolver y era una especie de brigada político-social al servicio del gobierno.
La
afición del ministro del Interior por valerse de todos los medios
imaginables para hostigar y perseguir a los políticos de otras
tendencias solo es comparable, al parecer, a su pasión por condecorar
vírgenes o mandar a la Guardia Civil de peregrinación a Lourdes.
Hay
pendiente de apertura en el Congreso una comisión de investigación
sobre la gestión de Fernández Díaz. No es posible que no haya
responsabilidades por la froma de resolver el problema de El Tarajal;
tampoco por los informes falsos filtrados a la prensa para desprestigiar
al entonces alcalde de Barcelona, Trías; tampoco por la grabación de
las conversaciones del ministro con un subordinado en las que
complotaban para imputar falsedades a los adversarios y destrozar su
sistema sanitario; tampoco por el culebrón de la grabación de La Camarga que destapó el caso Pujol.
Rajoy
habla siempre de la obligación de cumplir la ley. Esto tiene su miga,
aunque no hace ahora al caso. Lo que, sin embargo, no menciona es que
las fuerzas de hacer cumplir la ley están dirigidas por un personaje por
debajo de toda sospecha. Por ejemplo, la de que ha estado utilizando
las fuerzas de seguridad del Estado en beneficio de su partido.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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