TOLEDO.- El Consejo de Gobierno de Castilla La
Mancha llevará a los tribunales el plan de cuenca del Segura y las
reglas de explotación del Trasvase. El Ejecutivo de García-Page acordó autorizar a los servicios jurídicos de la Junta a impugnar los
planes hidrológicos del Tajo, Júcar, Guadiana y Segura, así como el real
decreto que regula las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Según dijo en rueda de prensa la consejera de Fomento,
Elena de la Cruz, se ha autorizado al gabinete jurídico a impugnar ante
el Supremo los planes hidrológicos de estas cuatro cuencas aprobados el
19 de enero.
De la Cruz, justificó la decisión porque los planes
no garantizan «en absoluto» agua para Castilla-La Mancha. Sobre el plan
del Segura dijo que «no garantiza estudios para saber si hay agua
suficiente» en la región.
Asimismo, indicó que el Gobierno
castellano manchego entiende que los planes no garantizan el principio
de equidad dentro de las cuencas, porque las restricciones de agua y el
déficit se trasladan a sus ciudadanos. Tampoco garantizan los caudales
ecológicos (solo unos caudales mínimos) que deberían de garantizarse
para cumplir la directiva marco del agua y los requisitos de la Red
Natura 2000. Añadió que no se cumplen los objetivos medioambientales
particularmente en el plan hidrológico del Tajo, que según De la Cruz,
«está totalmente intervenido y sujeto a los intereses particulares de
otras regiones, ya que existen unas restricciones que se perpetúan en la
cuenca cedente y que en ningún caso se trasladan a la cuenca
receptora».
Señaló que se quiebra el principio de prioridad en la
cuenca cedente, se impone un régimen no natural al río, «con unos
desembalses artificiales y marcados de forma estacional». La consejera
explicó que el incumplimiento de los objetivos medioambientales abre la
puerta a que la Junta recurra de forma indirecta el real decreto
773/2014 que regula las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.
A
su vez, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco
Martínez Arroyo, lamentó que estos planes «no tienen en cuenta los
intereses de los ciudadanos» de Castilla-La Mancha. Destacó que el 91%
del agua que se consume en la comunidad manchega es para el uso agrario,
con lo cual la importancia del agua «es capital», pero estos planes de
cuenca «no recogen las necesidades de los agricultores» de la región.
También
quiso recordar que en los últimos años los agricultores
castellano-manchegos han hecho «mucho esfuerzo» por mejorar la
eficiencia de los cultivos para ahorrar agua y «mejorar el medio. La
asignación de las dotaciones es insuficiente para las demandas
existentes en la región, y también para las demandas futuras», lamentó.
En
su opinión, estos planes «impiden el desarrollo de los regadíos
sociales», que tendrán «dificultades» para subsistir.
Con respecto a la
cuenca del Guadiana, criticó que con el plan aprobado por el Gobierno y
ahora impugnado por la Comunidad Autónoma se quedan sin regularizar
1.200 pozos, con lo que no se cumplirá un compromiso adquirido «en el
año 2011».
Por su parte, el presidente del Sindicato Central de
Regantes, José Manuel Claver, apuntó que «ya han pasado los plazos para
recurrir» las normas de explotación del Tajo y calificó la actitud del
Ejecutivo manchego de mero «postureo». A juicio de Claver, el Gobierno
de Castilla-La Mancha «sale a recurso por mes» desde que llegó al poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario