MURCIA.- Cuatro constructoras, dos bufetes de abogados y una consultora están en
el punto de mira del juzgado de Instrucción nº 4 de Murcia, que
investiga si el que fuera concejal durante 20 años José Ros pudo haber
solicitado y, en su caso obtenido, comisiones ilegales y determinadas
prebendas, adelanta hoy 'La Opinión'.
Estas diligencias indagatorias también se centran en
conocer si el exedil, ahora en situación de desempleo, obtuvo dinero de
la adjudicación y modificación de contratos administrativos a favor de
terceros e incluso «adjudicaciones de contratos públicos a empresas de
su propio entorno familiar», según consta en el auto dictado por el
titular del Juzgado de Instrucción nº 4, Augusto Morales, al que ha
tenido acceso esta Redacción.
El juez que lleva este caso, tras
una denuncia efectuada por la Fiscalía, que ha indagado durante más de
un año las actividades de Ros y de su mujer, que era la administradora
única de una sociedad que «parece tratarse en principio de una empresa
ficticia o de mera tapadera», indica en su auto que se deben practicar
diversas diligencias. Una de ellas, es pedir a la Agencia Tributaria un
informe sobre si cuatro constructoras, dos bufetes de abogados y una
consultora realizaron trabajos para el Ayuntamiento o alguna empresa de
limpieza viaria o de residuos vinculada a la Administración local del
2004 al 2014.
Precisamente, en esos años Ros fue concejal de
Limpieza Viaria, encargándose del que se denominó contrato del siglo: el
de recogida de basura que salió a contratación y que supone un
desembolso para las arcas municipales de mil millones de euros en veinte
años, a razón de cincuenta millones en cada ejercicio.
En una
segunda fase, según indica en ese auto, se llamará a declarar a Pedro
López, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento durante el anterior
mandato, que fue uno de los denunciantes en el verano de 2014, con el
fin de que explique los extremos de las declaraciones realizadas en
Fiscalía, que junto a otra denuncia anónima de una mujer con el
sobrenombre de 'Mercedes', han dado lugar a la investigación judicial.
También deben comparecer como testigos en el tribunal dos empresarios
que conocen supuestamente la petición por parte del concejal del pago de
una comisión que, finalmente, no fue abonada.
Además, el juez del
caso pide que declare en calidad de perito el funcionario de la Agencia
Tributaria, que ha realizado durante meses la investigación económica
de los bienes vinculados al concejal, a su esposa y a familiares de
ambos. Una vez que todas esta diligencias estén practicadas, el juzgado
de Instrucción nº 4 de Murcia pasará a la «tercera fase de
investigación», según explica el propio Morales en su auto. «En su caso,
de persistir los indicios de criminalidad, recibiré declaración
judicial, con citación de todas las partes a los investigados don José
Ros y de C. M. G.», afirma.
Los detalles en los que fija la
atención el juez que instruye esta investigación es que los ingresos que
se reciben en las cuentas del matrimonio resultan llamativos para la
Agencia Tributaria, que ha realizado la inspección de la pareja, y que
la mercantil de la que es administradora única la esposa del concejal
tiene una facturación abultada pese a que no tiene empleados (sólo
trabaja ella) y tampoco tiene subcontratos.
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