Aunque a estas alturas ya no es ninguna gran novedad, el hecho de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya imputado a la otrora todopoderosa Esperanza Aguirre
por varios delitos, entre otros, la financiación irregular del Partido
Popular entre 2003 y 2011, y la haya citado a declarar el próximo 18 de
octubre, supone la caída de un gran mito de la derecha española.
Aguirre, implacable con sus adversarios, campeona de la discrecionalidad
con los recursos públicos que gestionó durante muchos años al frente de
la Comunidad de Madrid, despiadada con sus compañeros de partido que le
llevaban la contraria, y capaz de dar todo tipo de lecciones bajo una
falsa apariencia de persona pulcra e impoluta, va a probar su propia
medicina por la financiación irregular que manejó el PP de Madrid.
Organización que ella presidía y que le ayudó a obtener cómodas
victorias electorales. "A mí, por corrupción es por lo que no me van a imputar, esté usted muy tranquila". Estas palabras de Aguirre, conocida coloquialmente entre los suyos como la lideresa, contestando a una diputada de la oposición, aún resuenan entre las cuatro paredes de la Asamblea de Madrid.
Aguirre era, según diferentes informes de la Guardia Civil que han
servido para que la fiscalía anticorrupción pidiera su imputación y el
juez la aceptara, la punta de la pirámide de la financiación irregular,
cosa que ella siempre ha negado. En la lista de 43 personas citadas por
el juez, también está en idéntica condición que Aguirre su sucesora, Cristina Cifuentes.
Las dos se sentarán en el banquillo como acusadas por delito electoral,
falsedad de cuentas, prevaricación y tráfico de influencias. Las
hemerotecas están repletas de vídeos de Aguirre, sobre todo, dados
sus muchos años en primera línea política, de proclamas defendiendo su
implacable lucha contra la corrupción y de tolerancia cero.
Discursos
que aguantan lo que aguantan y, en su caso, detrás siempre de una
acalorada defensa de la unidad de España y de crítica implacable de los
independentistas. Lo cierto es que la estela de dirigentes del PP madrileño de primerísima fila imputados abarca desde 1995 hasta 2018, 23 años.
No deja de ser sorprendente que, pese a que todos los presidentes de la Comunidad de Madrid desde 2003 hasta la fecha hayan sido imputados por corrupción y todos fueran del PP, Ciudadanos avalara hace muy pocos meses a Isabel Díaz Ayuso,
también de los populares, para este cargo.
Difícilmente con Ayuso, que
no hace tanto tiempo decía querer tener cerca a Aguirre y Cifuentes y
contar con ellas porque son un valor, la necesaria regeneración política
llegará a la Comunidad de Madrid. No deja de causar una gran
perplejidad que el PP, en estas circunstancias y con el historial que
empieza a acumular, siga siendo considerado un partido de Estado. Y un
último interrogante: ¿será Ayuso la siguiente presidenta madrileña
también procesada?
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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