MURCIA.- La Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor
asegura que comunicó a la Confederación Hidrográfica del Segura que el
pasado 25 de febrero agentes medioambientales de la Dirección
comprobaron que en la rambla del Albujón existía un vertido, así como
que se inspeccionó un ramo de la rambla en el tramo de drenaje D7, donde
la CHS estaba llevando a cabo una limpieza del mismo.
También afirma que el encargado de las obras apuntó que, supuestamente, el vertido existente procedía de dicho canal de drenaje,
aunque los agentes medioambientales de la Confederación llevaban varios
días comprobando si había algún otro tipo de vertido y no hallaron
nada.
La Dirección General de Medio Ambiente responde así al presidente de la CHS, Mario Urrea, que remitió un escrito a la directora general del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consuelo Rosauro Meseguer,
ante las informaciones que relacionaban los vertidos detectados con las
obras de drenaje que está realizando la CHS en Los Alcázares. En este
escrito, el presidente del organismo de cuenca emplaza a una leal
colaboración entre las administraciones y le invita a ponerse en
comunicación con la CHS «para cualquier aclaración en el presente o el
futuro».
Ante estas palabras, la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comunidad recuerda el escrito de denuncia del pasado mes
de febrero, donde también se apuntaba que, «dado el estado ecológico
actual del Mar Menor, cualquier vertido importante de aguas con un alto
contenido en nutrientes podría provocar la desestabilización del sistema
y la reversión a un proceso de eutrofización como el sufrido en los
años 2016 y 2017». De esta forma, solicitaban al organismo de cuenca que
«se intensificaran los esfuerzos para identificar y evitar cualquier tipo de vertido que se esté generando a la rambla del Albujón».
Igualmente, se comunicaba en este escrito que se dio traslado de la situación actual a los Ayuntamientos de Torre Pacheco y de Cartagena,
por hallarse en la cuenca de la rambla del Albujón, para que dentro de
sus competencias, «realicen las comprobaciones oportunas por si los
posibles vertidos pudieran provenir de urbanizaciones o polígonos
industriales de su municipio», o bien de averías o roturas no conocidas
de los sistemas de depuración de aguas residuales.
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